El Ejecutivo sacó de Contraloría el texto cuestionado por alcaldes de distintos sectores. La disposición que vinculaba el incumplimiento de obligaciones municipales con una eventual cesación del cargo generó el principal conflicto.
La alcaldesa de Quinta Normal y primera vicepresidenta de la AChM criticó que el Ejecutivo incorporara la disposición sin conversar con los municipios y pidió retirar el reglamento de Contraloría.
La bancada solicitó a la Contraloría, el SEA, el Sernageomin y Hacienda esclarecer el funcionamiento de un comité que habría beneficiado a familiares del ministro y que carecería de base legal, según denunció el diputado Ignacio Achurra.
El parlamentario socialista advirtió que las bancadas opositoras analizan la vía política y constitucional tras el categórico dictamen de la Contraloría General de la República que acreditó un exceso de atribuciones de la exministra.
El organismo estableció que los municipios podrán adquirir elementos de seguridad para autoridades y funcionarios con riesgo acreditado, siempre que existan informes técnicos, denuncia previa y disponibilidad presupuestaria.
La corporación aseguró que el sitio de memoria atraviesa una crisis financiera por la demora en la transferencia de fondos estatales. Trabajadores denuncian atrasos salariales y llaman a una solución urgente.
A través de un nuevo dictamen, el órgano de control instruyó a servicios públicos y municipios a fijar plazos y condiciones de término para estos inmuebles, apelando a la eficiencia y equidad funcionaria.
Los informes detectaron pagos no acreditados, sobreprecios y fallas en la entrega de ayudas y demoliciones, con sumarios administrativos y antecedentes remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La acción presentada por los parlamentarios de oposición solicita que la CGR se pronuncie sobre la legalidad de la expropiación de 100 hectáreas anunciada por el Ministerio de Vivienda en el predio.
El órgano fiscalizador ofició a cuatro subsecretarías para que informen sobre el eventual financiamiento estatal de la defensa jurídica del extitular de Energía, cuestionado por su rol en los sobre cobros en las cuentas eléctricas.
La directora nacional (S) del Sernac, Carolina González, explicó que esperan que, en un plazo acotado, CGE presente una propuesta de solución justa, adecuada y que beneficie a los clientes que fueron afectados en las regiones de O’Higgins y Maule.
Cristián Valenzuela, el rollizo y deslenguado generalísimo de la campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, en una columna de opinión del diario La Tercera, aseguró que todos los funcionarios públicos son “parásitos”, pero sin dar ejemplos concretos, es decir, el sujeto tiró a la bandada para hacerse famoso y lo logró, pero como recibió […]
El exsubsecretario se centró en lo que su defensa considera contradicciones en los testimonios de los funcionarios de gobierno que conocieron la denuncia de una mujer de 32 años antes de que se formalizaran las acusaciones.
El ente fiscalizador dio un plazo de 5 días a los establecimientos para entregar la información. Por su parte, el Colegio de Profesores calificó el oficio como una “acción de carácter político” por parte de la institución dirigida por Dorothy Pérez.
La Contraloría General de la República detectó un uso irregular de dineros del Gobierno Regional Metropolitano en la contratación de una asesoría que se orientó a trabajar en la campaña por la reelección del gobernador Claudio Orrego.
El nuevo reporte de la Contraloría General de la República señala que tanto en 2023 como en 2024, las salidas y/o entradas al territorio nacional se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre.
Desde el Ministerio de Transportes recordaron que ley indica que, tras la publicación del reglamento, correrá un plazo legal de 30 días para la entrada en vigencia de la norma, iniciando así el proceso de inscripción oficial de las EAT en el país.
