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Año XI, 14 de octubre de 2019

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Nicolás Del Valle, director general del Centro de Análisis e Investigación Política:

“Comisiones investigadoras han sido un aporte, pero faltan soluciones”

Ante el inminente término del proceso legislativo en el Congreso, dado el período de recesión, dos centros de estudio hacen un balance respecto de las funciones de los diputados y el desempeño de las comisiones investigadoras.

Diana Torres

  Lunes 27 de enero 2014 21:10 hrs. 
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Luego de la reforma del 2005 se produjeron cambios importantes en las capacidades fiscalizadoras del parlamento, entre las que se cuentan un aumento en las disposiciones legales de las comisiones investigadoras. Instancias constituidas por grupos transitorios, integrados proporcionalmente por parlamentarios de todos los partidos políticos, que buscan fiscalizar los actos de gobierno que hayan sido solicitados por, a lo menos, dos quintos de los diputados en ejercicio.

Ante estas, los ministros de Estado, los funcionarios de la administración y el personal de empresas del Estado, o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, están obligados a comparecer y a entregar los antecedentes que solicite, con los que luego se redacta un informe con recomendaciones al gobierno.

Nicolás Del Valle, director general del Centro de Análisis e Investigación Política, CAIP, indicó que este instrumento ha sido de ayuda, pero que carece de poder para determinar sanciones.

“Las comisiones de investigación han sido un aporte para la fiscalización de las actividades del gobierno y de la política en general. Sin embargo, poco se plantean soluciones institucionales a partir de estas comisiones. Nosotros sabemos que uno de los resultados de estas comisiones son los informes, pero además uno esperaría ciertas soluciones y propuestas para buscar una mejora institucional”, señaló Del Valle.

Por otro lado, el director del centro determinó que la actividad del parlamento y el gobierno no han tenido el mismo tratamiento. Las mociones que provienen del los congresistas equivalen al 20 por ciento del trabajo parlamentario, mientras que los mensajes propios del presidente, corresponden al 80 por ciento. Cifras que indicó como “un gran desbalance en la capacidad legisladora y fiscalizadora en general, las cuales tienen que trabajar en conjunto”.

La investigadora del Instituto de Asuntos Públicos, María Cristina Escudero, valoró la instancia y enfatizó en la capacidad de instalar temas en el debate nacional para generar cambios institucionales.

Al respecto mencionó que “eventualmente pueden derivar en acuerdo con el Ejecutivo para mejorar procedimientos, o puede significar que la fiscalía correspondiente abra un proceso porque se han descubierto antecedentes para que así lo hagan. Pero la comisión investigadora también puede juntar antecedentes para hacer una interpelación o una eventual acusación constitucional”.

A lo largo del período legislativo han funcionado más de 38 comisiones, entre cuyos resultados figuran los informes sobre el Transantiago, 27 de febrero del 2010, lucro en educación, caso “Bombas”, caso SII y Johnsons, sobreprecios y el Plan Frontera Norte.

Mientras que las comisiones investigadoras que aun funcionan son: la destinada a fiscalizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, SENAME, las denuncias de fraude e irregularidades en Valparaíso, la recolección de firmas de inscripción de candidaturas de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt, la revisión del fondo del sistema de educación superior y sobre la situación ambiental en la zona del Huasco, por los efectos del proyecto Pascua Lama.

Las comisiones han aportado con el debate nacional, permitiendo a la sociedad civil fiscalizar y aportando a la discusión pública. Sin embargo según los especialistas, falta que se realicen cambios más definitorios, más allá de los informes y recomendaciones al gobierno.