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Año XVI, 24 de mayo de 2024


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Acusan irregularidades en muerte de hombre en furgón policial

En el contexto de la reciente muerte de un hombre por “asfixia” encerrado en un furgón policial, la socióloga Lucía Dammert, dedicada a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad, puso en duda la falta de protocolos de detención por parte de carabineros afirmada por el Coronel de Carabineros Ramiro Larraín. El vicepresidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, lo calificó como una irregularidad lo acontecido.En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, criticó que este tipo de casos entre en justicia militar.

Tania González

  Jueves 20 de febrero 2014 20:48 hrs. 
furgon de carabineros

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La dramática muerte de Jorge Aravena Retamales se produjo después de una orden de liberación  dada  por el fiscal, Claudio Riobó, a los efectivos policiales de la Primera Comisaria de Rancagua. El hombre permaneció seis horas en un furgón policial y sucumbió de asfixia por aspiración de contenido gástrico, informó el Servicio Médico Legal.

Al mismo tiempo, recorre las redes sociales una solicitud de información con fecha 4 de mayo del 2012, donde el Coronel de Carabineros, jefe de Departamento de Información Pública, Ramiro Larraín, sostiene que “no hay un documento en el cual específicamente se regule el uso racional de la fuerza en la institución, sino que se imparten instrucciones permanentes en relación a estas materias, reiterando constantemente el buen trato a los ciudadanos, el respeto a las personas y el apego estricto a la normativa vigente”.

La socióloga Lucía Dammert, duda que Carabineros de Chile no cuente con protocolos a la hora de la detención, puesto que a su juicio, la historia de la institución demuestra presencia de documentos, archivos, mecanismos para prácticamente todo, incluso la forma de vestirse.

La profesional afirmó que en el caso del hombre asfixiado, no se puede considerar como un olvido por parte de Carabineros.

“La institución debería revisar la comisaría en sí misma. Por lo tanto tienes la participación de diversos carabineros en un espacio donde prácticamente es imposible que todos se hayan olvidado de la situación. Tiene que haber un procedimiento muy claro con la justicia, pero por otro lado debe haber un procedimiento interno muy fuerte para revisar cuáles son las falencias que permite que ocurran estas situaciones”, señaló Dammert.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, afirmó que el organismo ha intentado acceder a información sobre detenciones, pero la institución se las ha negado con justificación de riesgo a la seguridad y orden público.

De este modo, Amnistía no tiene forma de saber si el protocolo existe y de existir si está en línea con las normas internacionales de Derechos Humanos, denunció.

Además, Ana Piquer criticó que la sede de justicia militar no de las garantías de investigación independiente e imparcial.

“Nos preocupa desde hace mucho tiempo que este tipo de incidentes se investiguen y juzguen en justicia militar. Esto es preocupante porque significa una duda respecto a si se van a respetar o no las garantías de independencia procesal”, señaló Piquer.

Desde Renovación Nacional catalogan de irregular la situación, así lo indicó su vicepresidente Francisco Chahuán, quien además señaló que es relevante que haya un protocolo de detenciones para evitar este tipo de abusos.

“Se trata de una situación irregular, considerando que había una orden del Fiscal para que la persona fuera dejada en libertad. Por supuesto habrá que iniciar cada una de las investigaciones, tanto de responsabilidades administrativas, como eventualmente penales”, dijo Chahuán.

El pasado martes Carabineros decidió dar de baja a cuatro suboficiales implicados en el hecho y solicitó el retiro del teniente que estaba de turno.

Mientras la familia de la víctima busca compensación abriendo un sumario por el incidente, la causa quedó en manos del Tribunal Militar.

Además, pedirán un ministro en visita en la Corte Marcial de Santiago y presentarán una demanda civil contra el Estado por 800 millones de pesos, considerando una “violación grave” a los derechos humanos.

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