En el texto legal se establecen las condiciones bajo las cuales los funcionarios podrán acceder al bono que se les prometió durante el Gobierno anterior, luego de que éstos sostuvieran un paro prologado en los puertos nacionales en 2013 y 2014. El dinero será pagado de acuerdo a los turnos realizados por los portuarios, a quienes cumplan una serie de requisitos.
También se consagra el derecho irrenunciable a un descanso mínimo de 30 minutos, en cada jornada que exceda las cuatro horas, una de las banderas de lucha de los dirigentes del sector.
En esa línea, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, recordó que la normativa había sido comprometida por el gobierno anterior, pero no enviada al Congreso.
La secretaria de Estado destacó también que el proyecto establece “derechos irrenunciables”, entre ellos la media hora de colación, que era otro de los reclamos de los dirigentes, y crea un mecanismo para recuperar los fondos fiscales que se destinarán, donde se establece que las empresas se harán parte del pago.
Sin embargo, los dirigentes siguen con dudas. Robinson Ávalos, presidente de la Unión Portuaria del Norte Chico, afirmó que no quedó claro el canal administrativo para ejecutar el derecho.
“Hay una introducción que aún no está lista y que tiene que ver con la media hora de colación, si hay relevo o no hay relevo en los turnos, lo que pasa es que proponen que para salir a comer tiene que haber relevos, tiene que haber personal adicional para reemplazar a los que están ahí y no se paralicen las faenas, para que sean continuas. Eso vuelve a la discusión a la comisión de Trabajo”, informó Robinson Ávalos.
El dirigente afirmó que aclarar ese punto es el último tema pendiente de la llamada “Ley Corta”. En cuanto al trabajo a futuro se refirió el encargado de conflictos de la Confederación Gente de Mar y ex presidente de la Unión Portuaria de Valparaíso, Jorge Bustos.
“A nosotros nos parece que es un paso, pero sin embargo nosotros creemos que la ley 19.542, que es la ley de movilización portuaria está obsoleta, por lo tanto hay que modificar y tener una ley general de puertos que no existe. Dentro de esa ley general de Puertos que es el segundo paso donde hay que avanzar, tenemos que tener un plan de desarrollo estratégico como Estado y tenemos que tener una carta jurídica, es decir, una ley que nos permita avanzar pero también resolver varios problemas que tienen que ver con el tema de la formalización del empleo en los sectores portuarios”, reafirmó el dirigente.
De momento, el dirigente valoró el eje central del proyecto, donde se establece un sistema de control de acceso y permanencia de los trabajadores portuarios, que espera mejorar la seguridad y prevenir riesgos, un área donde había bastantes reclamos.
Además, se modifica la normativa para reforzar que las faenas solo puedan ser realizadas por trabajadores portuarios, con permiso vigente, quedando bajo el control de la autoridad marítima.
El proyecto de ley crea también un Sistema de Control del Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria. Éste deberá ser cumplido por las empresas concesionarias y de mueblaje que operen en puertos privados, lo que será fiscalizado por la autoridad marítima y la Dirección del Trabajo.
En el texto legal se establecen las condiciones bajo las cuales los funcionarios podrán acceder al bono que se les prometió durante el Gobierno anterior, luego de que éstos sostuvieran un paro prologado en los puertos nacionales en 2013 y 2014. El dinero será pagado de acuerdo a los turnos realizados por los portuarios, a quienes cumplan una serie de requisitos.
También se consagra el derecho irrenunciable a un descanso mínimo de 30 minutos, en cada jornada que exceda las cuatro horas, una de las banderas de lucha de los dirigentes del sector.
En esa línea, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, recordó que la normativa había sido comprometida por el gobierno anterior, pero no enviada al Congreso.
La secretaria de Estado destacó también que el proyecto establece “derechos irrenunciables”, entre ellos la media hora de colación, que era otro de los reclamos de los dirigentes, y crea un mecanismo para recuperar los fondos fiscales que se destinarán, donde se establece que las empresas se harán parte del pago.
Sin embargo, los dirigentes siguen con dudas. Robinson Ávalos, presidente de la Unión Portuaria del Norte Chico, afirmó que no quedó claro el canal administrativo para ejecutar el derecho.
“Hay una introducción que aún no está lista y que tiene que ver con la media hora de colación, si hay relevo o no hay relevo en los turnos, lo que pasa es que proponen que para salir a comer tiene que haber relevos, tiene que haber personal adicional para reemplazar a los que están ahí y no se paralicen las faenas, para que sean continuas. Eso vuelve a la discusión a la comisión de Trabajo”, informó Robinson Ávalos.
El dirigente afirmó que aclarar ese punto es el último tema pendiente de la llamada “Ley Corta”. En cuanto al trabajo a futuro se refirió el encargado de conflictos de la Confederación Gente de Mar y ex presidente de la Unión Portuaria de Valparaíso, Jorge Bustos.
“A nosotros nos parece que es un paso, pero sin embargo nosotros creemos que la ley 19.542, que es la ley de movilización portuaria está obsoleta, por lo tanto hay que modificar y tener una ley general de puertos que no existe. Dentro de esa ley general de Puertos que es el segundo paso donde hay que avanzar, tenemos que tener un plan de desarrollo estratégico como Estado y tenemos que tener una carta jurídica, es decir, una ley que nos permita avanzar pero también resolver varios problemas que tienen que ver con el tema de la formalización del empleo en los sectores portuarios”, reafirmó el dirigente.
De momento, el dirigente valoró el eje central del proyecto, donde se establece un sistema de control de acceso y permanencia de los trabajadores portuarios, que espera mejorar la seguridad y prevenir riesgos, un área donde había bastantes reclamos.
Además, se modifica la normativa para reforzar que las faenas solo puedan ser realizadas por trabajadores portuarios, con permiso vigente, quedando bajo el control de la autoridad marítima.
El proyecto de ley crea también un Sistema de Control del Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria. Éste deberá ser cumplido por las empresas concesionarias y de mueblaje que operen en puertos privados, lo que será fiscalizado por la autoridad marítima y la Dirección del Trabajo.
En el texto legal se establecen las condiciones bajo las cuales los funcionarios podrán acceder al bono que se les prometió durante el Gobierno anterior, luego de que éstos sostuvieran un paro prologado en los puertos nacionales en 2013 y 2014. El dinero será pagado de acuerdo a los turnos realizados por los portuarios, a quienes cumplan una serie de requisitos.
También se consagra el derecho irrenunciable a un descanso mínimo de 30 minutos, en cada jornada que exceda las cuatro horas, una de las banderas de lucha de los dirigentes del sector.
En esa línea, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, recordó que la normativa había sido comprometida por el gobierno anterior, pero no enviada al Congreso.
La secretaria de Estado destacó también que el proyecto establece “derechos irrenunciables”, entre ellos la media hora de colación, que era otro de los reclamos de los dirigentes, y crea un mecanismo para recuperar los fondos fiscales que se destinarán, donde se establece que las empresas se harán parte del pago.
Sin embargo, los dirigentes siguen con dudas. Robinson Ávalos, presidente de la Unión Portuaria del Norte Chico, afirmó que no quedó claro el canal administrativo para ejecutar el derecho.
“Hay una introducción que aún no está lista y que tiene que ver con la media hora de colación, si hay relevo o no hay relevo en los turnos, lo que pasa es que proponen que para salir a comer tiene que haber relevos, tiene que haber personal adicional para reemplazar a los que están ahí y no se paralicen las faenas, para que sean continuas. Eso vuelve a la discusión a la comisión de Trabajo”, informó Robinson Ávalos.
El dirigente afirmó que aclarar ese punto es el último tema pendiente de la llamada “Ley Corta”. En cuanto al trabajo a futuro se refirió el encargado de conflictos de la Confederación Gente de Mar y ex presidente de la Unión Portuaria de Valparaíso, Jorge Bustos.
“A nosotros nos parece que es un paso, pero sin embargo nosotros creemos que la ley 19.542, que es la ley de movilización portuaria está obsoleta, por lo tanto hay que modificar y tener una ley general de puertos que no existe. Dentro de esa ley general de Puertos que es el segundo paso donde hay que avanzar, tenemos que tener un plan de desarrollo estratégico como Estado y tenemos que tener una carta jurídica, es decir, una ley que nos permita avanzar pero también resolver varios problemas que tienen que ver con el tema de la formalización del empleo en los sectores portuarios”, reafirmó el dirigente.
De momento, el dirigente valoró el eje central del proyecto, donde se establece un sistema de control de acceso y permanencia de los trabajadores portuarios, que espera mejorar la seguridad y prevenir riesgos, un área donde había bastantes reclamos.
Además, se modifica la normativa para reforzar que las faenas solo puedan ser realizadas por trabajadores portuarios, con permiso vigente, quedando bajo el control de la autoridad marítima.
El proyecto de ley crea también un Sistema de Control del Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria. Éste deberá ser cumplido por las empresas concesionarias y de mueblaje que operen en puertos privados, lo que será fiscalizado por la autoridad marítima y la Dirección del Trabajo.
