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Año XV, 2 de febrero de 2023

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¿Es hora de reformar el sistema de concesiones?

Las declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos causaron incomodidad en La Moneda y en el oficialismo hay voces que piden "revisar" la política utilizada para cárceles, hospitales y autopistas, entre otros ámbitos. Para los especialistas, el mecanismo provocó la destrucción de los servicios públicos.

Pamela López

  Viernes 29 de agosto 2014 19:59 hrs. 
piramide

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Por lo menos incomodad causaron en el Gobierno las declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos sobre las políticas de infraestructura en el país: “Ocho años perdidos (…) aquí falta decisión política”, fueron los dichos que Lagos, con los que defendió la alianza público-privada y llamó a la autoridad a “ponerse los pantalones” con las concesiones.

El ex ministro de Obras Públicas es sindicado como quien ideó el sistema de concesiones, mediante las cuales el Estado encarga a un privado la construcción y administración de una obra para proporcionar servicios públicos.

Sin embargo, la política no ha funcionado del todo bien, considerando algunas promesas incumplidas en las concesiones de cárceles impulsadas durante el gobierno de Lagos, por ejemplo. El objetivo era resolver desde la construcción de los establecimientos y prestación de servicios hasta las labores propias de seguridad y reinserción.

Otro ejemplo de cuestionamientos que se han hecho oír en el ámbito social es el paro que realizaron por casi un mes los trabajadores del Hospital Salvador para frenar la concesión del recinto.

El cuestionado Transantiago, las carreteras y la exploración minera también son parte de esta política.

La relación entre lo público y lo privado una vez más causa debate en la reinventada Concertación, dijo Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, quien sostuvo que el Gobierno no ha evaluado como corresponde los efectos de esta práctica pública: “Entre comillas, Chile creció en los últimos 25 años a través de las alianzas público privadas y el gran problema de esto es que se destrozaron los servicios públicos. Es cosa de ver la salud, la educación, las pensiones. No hacerse cargo de ese diagnóstico y esas políticas irreversibles que generaron los gobiernos de la Concertación, donde hoy debiesen existir grandes revoluciones y no reformas para recuperar lo público, indica que está fuera de todo lugar seguir insistiendo en estas alianzas”, enfatizó el experto.

En este escenario, al interior del Gobierno se dejan ver matices. Por ejemplo, el presidente del PPD, Jaime Quintana, se manifestó abiertamente contrario a la lógica expuesta por Lagos o la postura que defiende la DC y el PS.

Víctor Salas, economista de la Universidad de Santiago, señaló que el Gobierno debe realizar una revisión de la actual política, pues “no se puede dejar todo en manos de lo público o de lo privado. Además, debe existir claridad respecto a qué servicios o infraestructura concesionar”.

“Más que en el aporte de los recursos para generar la infraestructura, el problema está en la administración del servicio posterior que pueda realizar el sector privado en esas infraestructuras. Allí se debe hacer una definición clara y precisa por parte del Gobierno respecto a cuál es el ámbito donde quiere que opere el sector privado”, advirtió Salas.

Con la idea de diferenciar servicio e infraestructura coincidió el diputado del PPD Cristián Campos, quien además restó importancia al “cruce de críticas” con Ricardo Lagos: “Lo que él hace es manifestar una inquietud, por lo tanto, interpretarlo como una crítica a la Presidenta Michelle Bachelet es sacar el foco de sus declaraciones. Nosotros creemos que en materia de concesiones hay que revisar la política instalada de concesionar servicios, materias donde el Estado debe jugar un rol, respecto a concesionar asuntos de infraestructura vial”, afirmó.

Los cuestionamientos y defensa a los concesiones ya están instalados en el ámbito político y social y a La Moneda no le dejará de incomodar el tema. Sobre todo, si se consideran los reiterados desencuentros con ex mandatarios a los ha tenido que responder el Gobierno.

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