El diputado PPD, Tucapel Jiménez, reaccionó molesto ante la entrevista realizada por TVN al mayor en retiro Carlos Herrera en Punta Peuco, autor material del asesinato de su padre, el dirigente sindical Tucapel Jiménez. Denunció que no se da el mismo tratamiento a las organizaciones de Derechos Humanos que expresan su opinión en el marco del debate por la anulación del Decreto de Ley de Amnistía.
El asesinato del líder sindical, ocurrido el 25 de febrero de 1982, tuvo como autores materiales a Carlos Herrera, condenado a presidio perpetuo, los suboficiales (r) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, estos últimos condenados a ocho años de presidio. Al fiscal FernandoTorres, acusado como encubridor, le dieron 800 días de condena, entre otros militares que participaron de este crimen.
Posteriormente, el ex presidente Ricardo Lagos, indultó a Manuel Contreras Donaire, el que pudo acceder al beneficio de la libertad vigilada, pese a que, de acuerdo al Estatuto de Roma, los delitos de lesa humanidad son imprescriptible, inamnistiables y tampoco pueden tener el beneficio del indulto presidencial ni beneficios carcelarios.
Tucapel Jiménez, visiblemente molesto ante la ausencia de TVN en la conferencia de prensa convocada por organizaciones de derechos humanos para referirse a la posibilidad de anular la Ley de Amnistía, destacó que resulta impresentable que estos militares aún sigan gozando de sus privilegios.
“Me llama profundamente la atención que un canal público estatal le dé tanta tribuna a un asesino, en un día domingo, horario estelar. El se dio el lujo de decir que había cotizado y que por eso tenía derecho a salud. Es impresentable que las Fuerzas Armadas pretendan limpiar la imagen de estos asesinos. Lo primero que tienen que hacer es degradarlos porque la ciudadanía no entiende cómo no ha ocurrido esto con los condenados por violaciones a los derechos humanos”.
El parlamentario del PPD, agregó que los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad gozan de beneficios que el resto de los presos por delitos comunes no tienen. Enfatizó que, si bien se dejó de invocar el Decreto Ley de Amnistía, los tribunales de justicia continúan aplicando la prescripción de los hechos, con condenas muy bajas, que no se condicen con el horror de los crímenes cometidos.
Por otra parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, Alicia Lira deploró la campaña comunicacional de algunos medios para reivindicar las vulneraciones cometidas bajo dictadura que, según dijo, intentan bloquear el debate por la anulación de la Amnistía, que el parlamento debiera zanjar dentro de los próximos días.
“Queremos rechazar la campaña de algunos medios de comunicación como el Mercurio, Segunda y La Tercera que, a través de ellos, los militares y carabineros en retiro reivindican el terrorismo de Estado que se aplicó en nuestro país por 17 años. Tenemos la convicción que el solo hecho de anular la Ley de Amnistía no garantiza el ejercicio, la realización de los derecho humanos. Haciéndose imprescindible un proceso participativo de elaboración de una nueva Constitución que garantice el reconocimiento pleno de los derechos humanos”.
Las agrupaciones de derechos humanos hicieron además un llamado al abogado José Zalaquet a no continuar declarando que la anulación de la ley de Amnistía es “simbólica” porque dejó de aplicarse. A juicio de los voceros de esta instancia, es deber del abogado no sumarse a los dichos de la derecha que solo intentan provocar inseguridad en el país.