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La matanza de Ayotzinapa, las armas de la narcopolítica

La elite política mexicana emprendió un camino peligroso cediendo el espacio público a los grupos delincuenciales que se han apropiado del quehacer político. El crimen organizado ha emponzoñado, corrompido las autoridades federales, estatales y locales. Algunos representantes del soberano se han trasformado en testaferros y sicarios de las mafias. Senadores, diputados, gobernadores, alcaldes del PRI, PAN y PRD y resto de partidos, forman parte de los carteles del narco, reciben sus órdenes; a cambio, millones de dólares en pago por sus servicios.

Marcos Roitman R.

  Lunes 3 de noviembre 2014 12:01 hrs. 
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En una pequeña localidad de Iguala, cuna de la independencia, Estado de Guerrero,  se levanta  la escuela normal de Ayotzinapa. Por sus aulas se han formado cientos de líderes y dirigentes magisteriales. Tiene un pasado difícil de ignorar.  En los años sesenta del siglo pasado, Lucio Cabañas, fundador de la guerrilla  más influyente en México: el Ejército Revolucionario de los Pobres, y  Genaro Vázquez, líder  de la Central Campesina Independiente y comandante guerrillero,  destacan entre sus maestros.  Durante la guerra sucia mantenida por   los presidentes Díaz  Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, las fuerzas armadas mexicanas, el PRI, y los asesores militares y civiles estadounidenses, optaron por la estrategia de contrainsurgencia, cebándose con los estudiantes de las escuelas normales, en especial la número 34 de Ayotzinapa. Pueblos enteros desaparecieron por el uso del Napalm. Muchos campesinos fueron torturados, asesinados y las mujeres violadas. La escuela normal de Ayotzinapa se trasformó en un símbolo de la resistencia y dignidad.

Las escuelas normales han tenido un papel destacado  en la lucha social y reivindicativa, por ello,  son consideradas un peligro para el régimen, cuna de insurrectos, luchadores sociales incorruptibles y maestros comprometidos. Durante las últimas décadas han sido objeto de represión  y  cierre.  La ex-secretaria general del PRI, ex-presidenta del Sindicato Nacional de Maestros, SNTE, Elba Esther Gordillo,  hoy en la cárcel por delitos de malversación de fondos, apostillo   que las escuelas rurales debían eliminarse por semillero de  guerrilleros. No resulta extraño que hoy, tras la matanza, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no salga en defensa de los 43  normalistas asesinados.

Los hechos no dejan duda. La orden para la matanza ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre, proviene de los acuerdos entre la autoridad local, estatal y el crimen organizado. Conglomerado que hoy dirige la política en México: la narcopolítica. El objetivo era impedir la protesta de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa,  cuya presencia nada tenía que ver con tal acontecimiento. Sin embargo, el miedo de la presidenta del DIF- municipal a ser interrumpida  durante la lectura, María de los Ángeles Pineda Villa, a la sazón, esposa del Alcalde de Iguala, ambos militantes  del PRD, dio luz verde para la ejecución de los 43 estudiantes a la policía local y  los  sicarios pertenecientes  al  grupo narco “Guerreros Unidos”.  El comando  estuvo al mando del jefe de plaza en Iguala, hermano de Ángeles Pineda, Salomón Pineda, apodado “el molón”. Hermanos, padres, cuñados, yernos, suegros, todos forman parte del clan.

Políticos al uso, empresarios, el crimen organizado, trasnacionales, oligopolios de la comunicación social, medios de persuasión  y disuasión, constituyen el conglomerado de la narcopolítica que desangra México. Cada día, el ciudadano se despierta sobresaltado. Cuando no son los feminicidios en Ciudad Juárez, es la represión en Atenco, Oaxaca, Chiapas, Baja California, Michoacán o Guerrero.  Los asesinatos de periodistas, el  secuestro de líderes  sindicales, campesinos zapatistas,  intelectuales, jóvenes y niños ocupan los titulares de la prensa día tras día. Nada escapa a su punto de mira. Cualquier colectivo social, asociación de derechos humanos,  patrulla comunitaria y de autodefensa  que  luche  para proteger a su comunidad  o pueblo,  será perseguido, intimidado  y si es necesario sufrirá una dosis elevada de violencia ejemplarizante. No hay límites. Acoso a dirigentes, violaciones de mujeres, desaparición de personas, pederastia o tortura. Diariamente,  cientos de familiares recorren la morgue en busca del hijo, esposo, madre o hermano desaparecido, con la esperanza de recuperar los cuerpos y enterrarlos con dignidad. Pero nada de ello parece inquietar a los miembros de la dictadura perfecta que hoy gobierna México desde la narcopolítica. Así,  la desaparición de  43 estudiantes de la escuela normal de   Ayotzinapa la derivan a la cultura de la muerte, el México bronco que hunde sus raíces en  Toltecas y Mexicas. Un desatino más que muestra el nivel de putrefacción de las plutocracias que gobiernan el país.

La elite política mexicana  emprendió un camino peligroso cediendo  el espacio público  a los grupos delincuenciales que se han apropiado del quehacer político.  El crimen organizado ha emponzoñado, corrompido las autoridades federales, estatales y locales. Algunos representantes del soberano se han trasformado en testaferros y sicarios de las mafias. Senadores, diputados, gobernadores, alcaldes del PRI, PAN y PRD y resto de partidos,  forman parte de los carteles del narco, reciben sus órdenes;  a cambio, millones de dólares en pago por sus servicios. El ejemplo de Ayotzinapa lo deja claro. Han amasado grandes fortunas, transformándose en  nuevos ricos. Exhiben joyas, viajan en coches de lujo, edifican mansiones, despilfarran efectivo y se jactan de controlar la vida cotidiana en sus ciudades, pueblos o Estados. Actúan a plena luz del día y no temen saltarse las leyes. De esta realidad no están exentos miembros de  la policía y las fuerzas armadas. Generales, inspectores y comisarios han caído en sus redes. Se sienten inmunes a la justicia y gozan de total impunidad. Sólo se sienten intimidados  cuando la presión social y popular  amenaza desborde y les pone contra la pared, como ha sido en esta ocasión. Movilizaciones, paro total de estudiantes y multitud de ciudadanos en las calles de ciudades y pueblos pidiendo justicia y responsabilidades políticas.

La huída del alcalde de Iguala José Luis Abarca y su mujer, la presidenta del DIF-Municipal,  María de los Ángeles Pineda, la renuncia del  Gobernador del estado de Guerrero, militante del PRD, Angel Aguirre Rivero, junto a la  detención  del capo del grupo narco “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias,  muestra la complicidad entre el crimen organizado,  fuerzas policiales, militares y los poderes públicos que planificaron   la matanza de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Al tráfico de estupefacientes, la esclavitud sexual y el comercio de inmigrantes, debemos sumar  los intereses de las trasnacionales y sus megaproyectos.  Transgénicos, aguas contaminadas, vertidos tóxicos, desertización, maquila, expropiación y acoso a territorios propiedad de los pueblos originarios.  Oponerse a su voluntad se paga con la vida o en el mejor de los casos con la cárcel. Jueces, fiscales y abogados coadyuvan con acusaciones  y pruebas falsas ad-hoc emanadas de los centros de poder para llevar a cabo sus planes.

La aparición de fosas comunes con decenas de cadáveres, algunos mutilados, habla de las múltiples matanzas que asolan México y dibujan un panorama desolador para quienes luchan por la dignidad, la paz y los derechos civiles y políticos.  Los muertos se cuentas por miles. No hablamos del México bronco, más quisieran, sino de una acción planificada, una violencia perfectamente dibujada y cuyas consecuencias inmediatas es la rabia, la indignación y el creciente malestar de un pueblo digno, que clama justicia mientras su elite política mira hacia otro lado.  ¿Cuánto más podrá soportar la ciudadanía?

Se quiera o no reconocer, la  formación  de policías comunitarias y autodefensa en más de un tercio del país, según señala Luis Hernández Navarro en su libro: Hermanos de Armas. Policías comunitarias y autodefensas, nos permite dudar de la afirmación weberiana que atribuye al Estado  el ejercicio monopólico de la violencia legítima. En México, la narcopolítica,  régimen imperante,  es el resultado de un poder que ha preferido hacer oídos sordos a las demandas de democracia, justicia social. Amparado en el oscurantismo y el desprecio a la vida, prefiere desangrar y explotar a sus conciudadanos. El pueblo mexicano ha perdido la confianza, la credibilidad en el Estado, sus autoridades e instituciones. Hoy clama justicia, llora las víctimas y levanta una consigna: ¡vivos los llevaron, vivos los queremos!