Los dueños del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto se encuentran reunidos con el fiscal Carlos Gajardo en la Fiscalía de Ñuñoa para prestar declaraciones y ofrecer su colaboración en la investigación del caso, presumiblemente para conseguir atenuantes ante las formalizaciones que el Ministerio Público debe realizar, a más tardar en marzo, contra quienes están involucrados en los delitos tributarios cometidos por el holding.
En ese sentido hoy se conocieron nuevas revelaciones en torno del actuar del contador Marcos Castro, de Penta, quien por intermedio del martillero Jorge Valdivia, ya fallecido, estableció vínculos con el funcionario del SII, Iván Álvarez –quien también está encausado por la arista del fraude al FUT-, para lograr condonación de impuestos. Álvarez recibía pagos de parte de Castro por estas labores, tal como él mismo lo declaró ante el fiscal Gajardo.
Por esta situación, uno de los querellantes en este caso, el abogado Enrique Aldunate señaló a medios de prensa que después de tener acceso a la carpeta con los antecedentes de la investigación, la cual calificó como excelente, anunció que ampliarán la querella en contra del holding por las figuras penales de cohecho, soborno y responsabilidad jurídica, ya que habría sido una práctica habitual del Grupo económico lograr conseguir rebajas de impuestos a través de contactos entre el holding y funcionarios del SII.
El director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Vivian Bullemore, explica que una de las posibles consecuencias si es que se acredita que existió el lavado de dinero por parte del grupo Penta, es el pago de multas elevadas en dinero para el holding
“Ese delito de lavado de dinero incluso tiene repercusiones que pueden ser bastante onerosas en este momento porque abarca la posibilidad de la aplicación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entonces podría haber ahí sanciones a la persona jurídica, en este caso la persona jurídica Penta”.
En tanto, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la comisión investigadora que recaba antecedentes sobre el financiamiento irregular de campañas políticas por el Grupo Penta, citó al actual director del Servel Eduardo Charme y a la subdirectora Elizabeth Cabrera para que explicaran las posibles sanciones que los parlamentarios que recibieron aportes irregulares desde el Grupo Penta.
Charme señaló que las facultades fiscalizadoras del Servel sobre las campañas para la elecciones de octubre de 2013 expiraron en marzo de 2014, por lo que no tendrían forma de revisar posibles irregularidades en los gastos electorales. Además, sostuvo que el organismo que dirige no tiene la capacidad de fiscalizar ingresos no declarados.
“El Servel lo que hace es hacer un análisis de consistencia contable respecto de los ingresos y gastos declarados por los candidatos. Por lo tanto no tenemos herramientas para computar los ingresos no declarados.
Finalmente, Charme expresó que la mera solicitud de recursos sean anteriores o posteriores a la campaña no tienen connotación de infracción.
Los dueños del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto se encuentran reunidos con el fiscal Carlos Gajardo en la Fiscalía de Ñuñoa para prestar declaraciones y ofrecer su colaboración en la investigación del caso, presumiblemente para conseguir atenuantes ante las formalizaciones que el Ministerio Público debe realizar, a más tardar en marzo, contra quienes están involucrados en los delitos tributarios cometidos por el holding.
En ese sentido hoy se conocieron nuevas revelaciones en torno del actuar del contador Marcos Castro, de Penta, quien por intermedio del martillero Jorge Valdivia, ya fallecido, estableció vínculos con el funcionario del SII, Iván Álvarez –quien también está encausado por la arista del fraude al FUT-, para lograr condonación de impuestos. Álvarez recibía pagos de parte de Castro por estas labores, tal como él mismo lo declaró ante el fiscal Gajardo.
Por esta situación, uno de los querellantes en este caso, el abogado Enrique Aldunate señaló a medios de prensa que después de tener acceso a la carpeta con los antecedentes de la investigación, la cual calificó como excelente, anunció que ampliarán la querella en contra del holding por las figuras penales de cohecho, soborno y responsabilidad jurídica, ya que habría sido una práctica habitual del Grupo económico lograr conseguir rebajas de impuestos a través de contactos entre el holding y funcionarios del SII.
El director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Vivian Bullemore, explica que una de las posibles consecuencias si es que se acredita que existió el lavado de dinero por parte del grupo Penta, es el pago de multas elevadas en dinero para el holding
“Ese delito de lavado de dinero incluso tiene repercusiones que pueden ser bastante onerosas en este momento porque abarca la posibilidad de la aplicación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entonces podría haber ahí sanciones a la persona jurídica, en este caso la persona jurídica Penta”.
En tanto, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la comisión investigadora que recaba antecedentes sobre el financiamiento irregular de campañas políticas por el Grupo Penta, citó al actual director del Servel Eduardo Charme y a la subdirectora Elizabeth Cabrera para que explicaran las posibles sanciones que los parlamentarios que recibieron aportes irregulares desde el Grupo Penta.
Charme señaló que las facultades fiscalizadoras del Servel sobre las campañas para la elecciones de octubre de 2013 expiraron en marzo de 2014, por lo que no tendrían forma de revisar posibles irregularidades en los gastos electorales. Además, sostuvo que el organismo que dirige no tiene la capacidad de fiscalizar ingresos no declarados.
“El Servel lo que hace es hacer un análisis de consistencia contable respecto de los ingresos y gastos declarados por los candidatos. Por lo tanto no tenemos herramientas para computar los ingresos no declarados.
Finalmente, Charme expresó que la mera solicitud de recursos sean anteriores o posteriores a la campaña no tienen connotación de infracción.
Los dueños del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto se encuentran reunidos con el fiscal Carlos Gajardo en la Fiscalía de Ñuñoa para prestar declaraciones y ofrecer su colaboración en la investigación del caso, presumiblemente para conseguir atenuantes ante las formalizaciones que el Ministerio Público debe realizar, a más tardar en marzo, contra quienes están involucrados en los delitos tributarios cometidos por el holding.
En ese sentido hoy se conocieron nuevas revelaciones en torno del actuar del contador Marcos Castro, de Penta, quien por intermedio del martillero Jorge Valdivia, ya fallecido, estableció vínculos con el funcionario del SII, Iván Álvarez –quien también está encausado por la arista del fraude al FUT-, para lograr condonación de impuestos. Álvarez recibía pagos de parte de Castro por estas labores, tal como él mismo lo declaró ante el fiscal Gajardo.
Por esta situación, uno de los querellantes en este caso, el abogado Enrique Aldunate señaló a medios de prensa que después de tener acceso a la carpeta con los antecedentes de la investigación, la cual calificó como excelente, anunció que ampliarán la querella en contra del holding por las figuras penales de cohecho, soborno y responsabilidad jurídica, ya que habría sido una práctica habitual del Grupo económico lograr conseguir rebajas de impuestos a través de contactos entre el holding y funcionarios del SII.
El director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Vivian Bullemore, explica que una de las posibles consecuencias si es que se acredita que existió el lavado de dinero por parte del grupo Penta, es el pago de multas elevadas en dinero para el holding
“Ese delito de lavado de dinero incluso tiene repercusiones que pueden ser bastante onerosas en este momento porque abarca la posibilidad de la aplicación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entonces podría haber ahí sanciones a la persona jurídica, en este caso la persona jurídica Penta”.
En tanto, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la comisión investigadora que recaba antecedentes sobre el financiamiento irregular de campañas políticas por el Grupo Penta, citó al actual director del Servel Eduardo Charme y a la subdirectora Elizabeth Cabrera para que explicaran las posibles sanciones que los parlamentarios que recibieron aportes irregulares desde el Grupo Penta.
Charme señaló que las facultades fiscalizadoras del Servel sobre las campañas para la elecciones de octubre de 2013 expiraron en marzo de 2014, por lo que no tendrían forma de revisar posibles irregularidades en los gastos electorales. Además, sostuvo que el organismo que dirige no tiene la capacidad de fiscalizar ingresos no declarados.
“El Servel lo que hace es hacer un análisis de consistencia contable respecto de los ingresos y gastos declarados por los candidatos. Por lo tanto no tenemos herramientas para computar los ingresos no declarados.
Finalmente, Charme expresó que la mera solicitud de recursos sean anteriores o posteriores a la campaña no tienen connotación de infracción.
