Para este jueves se convocó a una nueva movilización estudiantil. Liderados por los universitarios, los estudiantes transitarán desde el frontis de la Universidad de Santiago. En el centro de la demanda se apunta a garantizar el derecho a la gratuidad universal, fin al lucro en todos los niveles y fortalecimiento de la educación pública, entre otros elementos.
La manifestación nacional coincide con el anuncio presidencial de posponer la entrada en vigencia de la gratuidad para los alumnos más vulnerables de la educación superior. Situación que genera división entre las universidades, rectores y estudiantes, quienes presentan disimiles posturas frente al plan con el que se pretende llevar adelante el compromiso de campaña de la Nueva Mayoría.
Para Marta Matamala, presidenta de los estudiantes de la Universidad de Santiago, nada se soluciona con una política orientada a lo presupuestario y no a que “educacionalmente se justifique el uso de los recursos de una determinada manera”.
Otro de los puntos que destacan los convocantes es el inicio de la mesa de negociaciones con el Ministerio. Así lo señaló la presidenta de la Feusach, dejando en claro que abrir el diálogo no significa firmar un “cheque en blanco” al Gobierno, sino más bien “se traduce que cualquier conversación respecto de la reforma, tiene que ser acompañada de movilización social”.
Profesores, estudiantes y trabajadores de la educación se aúnan en este criterio: Para todos es fundamental generar una reforma estructural que “cambie el sistema” y no solo lo regule, agregó Marta Matamala.
En tanto, desde la FECH, la vicepresidenta Javiera Reyes expresó que los estudiantes tienen la obligación de seguir motivando a la ciudadanía para que apoye las demandas. Por ello, difundió un comic que busca visualizar de manera dinámica “que el debate en torno a la educación lo vamos a ganar con propuestas y estudio. Sólo así impediremos que los sectores conservadores y el empresariado anulen o acoten la reforma”, dijo.
Ricardo Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios declaró en redes sociales que: “ante tanta pataleta empresarial contra las reformas, el jueves salimos a la calle para decir que las reformas van, de todas maneras”.
Con ese llamado, el secundario confirmó su participación en la movilización que tuvo como precedente la manifestación en el frontis de la Confederación de Producción y Comercio (CPC).
Las disputas de los rectores
Los rectores han mostrado diferencias en torno a cómo el Ministerio de Educación ha llevado adelante el proceso de reforma a la educación superior, principalmente el apartado que tiene que ver con la gratuidad.
En este sentido, el presidente del Consorcio y Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó la disposición de grupo a participar del proceso, aunque lamentó que se bajara del 60 al cincuenta por ciento en la gratuidad para ampliar la cantidad de instituciones beneficiarías, indicando que habría preferido que se inyectaran más recursos a la iniciativa.
Además, Vivaldi manifestó la disposición del gremio de rectores a que se divida el proyecto de ley que reforma la educación superior en varios proyectos, “si es que dicha separación aporta claridad al proceso”, agregando que de ser así, le gustaría ver un proyecto de ley que regule el vínculo del Estado con sus universidades, las que a su juicio no tienen ningún beneficio por su condición pública.
Para este jueves se convocó a una nueva movilización estudiantil. Liderados por los universitarios, los estudiantes transitarán desde el frontis de la Universidad de Santiago. En el centro de la demanda se apunta a garantizar el derecho a la gratuidad universal, fin al lucro en todos los niveles y fortalecimiento de la educación pública, entre otros elementos.
La manifestación nacional coincide con el anuncio presidencial de posponer la entrada en vigencia de la gratuidad para los alumnos más vulnerables de la educación superior. Situación que genera división entre las universidades, rectores y estudiantes, quienes presentan disimiles posturas frente al plan con el que se pretende llevar adelante el compromiso de campaña de la Nueva Mayoría.
Para Marta Matamala, presidenta de los estudiantes de la Universidad de Santiago, nada se soluciona con una política orientada a lo presupuestario y no a que “educacionalmente se justifique el uso de los recursos de una determinada manera”.
Otro de los puntos que destacan los convocantes es el inicio de la mesa de negociaciones con el Ministerio. Así lo señaló la presidenta de la Feusach, dejando en claro que abrir el diálogo no significa firmar un “cheque en blanco” al Gobierno, sino más bien “se traduce que cualquier conversación respecto de la reforma, tiene que ser acompañada de movilización social”.
Profesores, estudiantes y trabajadores de la educación se aúnan en este criterio: Para todos es fundamental generar una reforma estructural que “cambie el sistema” y no solo lo regule, agregó Marta Matamala.
En tanto, desde la FECH, la vicepresidenta Javiera Reyes expresó que los estudiantes tienen la obligación de seguir motivando a la ciudadanía para que apoye las demandas. Por ello, difundió un comic que busca visualizar de manera dinámica “que el debate en torno a la educación lo vamos a ganar con propuestas y estudio. Sólo así impediremos que los sectores conservadores y el empresariado anulen o acoten la reforma”, dijo.
Ricardo Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios declaró en redes sociales que: “ante tanta pataleta empresarial contra las reformas, el jueves salimos a la calle para decir que las reformas van, de todas maneras”.
Con ese llamado, el secundario confirmó su participación en la movilización que tuvo como precedente la manifestación en el frontis de la Confederación de Producción y Comercio (CPC).
Las disputas de los rectores
Los rectores han mostrado diferencias en torno a cómo el Ministerio de Educación ha llevado adelante el proceso de reforma a la educación superior, principalmente el apartado que tiene que ver con la gratuidad.
En este sentido, el presidente del Consorcio y Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó la disposición de grupo a participar del proceso, aunque lamentó que se bajara del 60 al cincuenta por ciento en la gratuidad para ampliar la cantidad de instituciones beneficiarías, indicando que habría preferido que se inyectaran más recursos a la iniciativa.
Además, Vivaldi manifestó la disposición del gremio de rectores a que se divida el proyecto de ley que reforma la educación superior en varios proyectos, “si es que dicha separación aporta claridad al proceso”, agregando que de ser así, le gustaría ver un proyecto de ley que regule el vínculo del Estado con sus universidades, las que a su juicio no tienen ningún beneficio por su condición pública.
Para este jueves se convocó a una nueva movilización estudiantil. Liderados por los universitarios, los estudiantes transitarán desde el frontis de la Universidad de Santiago. En el centro de la demanda se apunta a garantizar el derecho a la gratuidad universal, fin al lucro en todos los niveles y fortalecimiento de la educación pública, entre otros elementos.
La manifestación nacional coincide con el anuncio presidencial de posponer la entrada en vigencia de la gratuidad para los alumnos más vulnerables de la educación superior. Situación que genera división entre las universidades, rectores y estudiantes, quienes presentan disimiles posturas frente al plan con el que se pretende llevar adelante el compromiso de campaña de la Nueva Mayoría.
Para Marta Matamala, presidenta de los estudiantes de la Universidad de Santiago, nada se soluciona con una política orientada a lo presupuestario y no a que “educacionalmente se justifique el uso de los recursos de una determinada manera”.
Otro de los puntos que destacan los convocantes es el inicio de la mesa de negociaciones con el Ministerio. Así lo señaló la presidenta de la Feusach, dejando en claro que abrir el diálogo no significa firmar un “cheque en blanco” al Gobierno, sino más bien “se traduce que cualquier conversación respecto de la reforma, tiene que ser acompañada de movilización social”.
Profesores, estudiantes y trabajadores de la educación se aúnan en este criterio: Para todos es fundamental generar una reforma estructural que “cambie el sistema” y no solo lo regule, agregó Marta Matamala.
En tanto, desde la FECH, la vicepresidenta Javiera Reyes expresó que los estudiantes tienen la obligación de seguir motivando a la ciudadanía para que apoye las demandas. Por ello, difundió un comic que busca visualizar de manera dinámica “que el debate en torno a la educación lo vamos a ganar con propuestas y estudio. Sólo así impediremos que los sectores conservadores y el empresariado anulen o acoten la reforma”, dijo.
Ricardo Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios declaró en redes sociales que: “ante tanta pataleta empresarial contra las reformas, el jueves salimos a la calle para decir que las reformas van, de todas maneras”.
Con ese llamado, el secundario confirmó su participación en la movilización que tuvo como precedente la manifestación en el frontis de la Confederación de Producción y Comercio (CPC).
Las disputas de los rectores
Los rectores han mostrado diferencias en torno a cómo el Ministerio de Educación ha llevado adelante el proceso de reforma a la educación superior, principalmente el apartado que tiene que ver con la gratuidad.
En este sentido, el presidente del Consorcio y Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó la disposición de grupo a participar del proceso, aunque lamentó que se bajara del 60 al cincuenta por ciento en la gratuidad para ampliar la cantidad de instituciones beneficiarías, indicando que habría preferido que se inyectaran más recursos a la iniciativa.
Además, Vivaldi manifestó la disposición del gremio de rectores a que se divida el proyecto de ley que reforma la educación superior en varios proyectos, “si es que dicha separación aporta claridad al proceso”, agregando que de ser así, le gustaría ver un proyecto de ley que regule el vínculo del Estado con sus universidades, las que a su juicio no tienen ningún beneficio por su condición pública.
