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Año XI, 20 de septiembre de 2019

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Alejandro Solís: “Existe una impunidad biológica ante la muerte de víctimas, testigos e inculpados”

El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito del lanzamiento de sus memorias “Plaza Montt Varas sin número”, junto con recordar los interrogatorios a Manuel Contreras y Álvaro Corbalán, analiza su nuevo desafío en el Ministerio de Defensa.

Diario Uchile

  Jueves 3 de septiembre 2015 12:18 hrs. 
Alejandro Solís

Ya van diez días desde que iniciara oficialmente sus nuevas labores como coordinador de la recientemente creada Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

Dentro de este período, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Salís también publicó sus memorias. Se trata del libro “Plaza Montt Varas sin número”, que contiene parte de sus 44 años de carrera en el Poder Judicial, durante y después de la dictadura cívico-militar.

Frente al nuevo desafío, en conversación con el programa Semáforo, reconoce que el ministro José Antonio Gómez le explicó que era un tema que había conversado con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y con el presidente de la Corte Suprema. “Había tanteado el terreno para saber si esta nueva Unidad podría funcionar y le ofrecieron colaboración. Por eso acepté el cargo, porque tengo esperanzas de que se concrete en los hechos”.

Reconocido por ser el primero en condenar al ex director de la DINA Manuel Contreras y también al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, en cuanto a este último, en el momento de los interrogatorios, lo recuerda por su destreza en el lenguaje para enfrentarlo, con dichos demasiado soberbios e insistiendo en su correcto actuar, así como resguardándose en errores administrativos o malas interpretaciones a sus órdenes, sin demostrar en ninguna ocasión algún tipo de arrepentimiento.

Respecto de Contreras, interrogado por Solís alrededor de 15 veces, asegura que siempre mantuvo la misma actitud, con la misma versión de los hechos, argumentando una y otra vez que las acusaciones que se le imputaban no eran efectivas.

“Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Sandoval, el sastre del MIR y la primera sentencia que se dictó en contra de él, decía que tenía antecedentes que demuestran que murió en un enfrentamiento, en circunstancias que yo tenía 25 testigos que decían que lo habían visto cómo lo torturaban en Villa Grimaldi”.

Y agrega: “Si le planteaba que sus dichos estaban contrapuestos a las versiones de todos los testigos, él respondía que eran testigos falsos y que les pagaban para que fueran a mentir. Con ese argumento era imposible seguir interrogando o avanzando en la investigación”.

Recuerda que fue en 1988 cuando el juez Juan Guzmán Tapia admitió la primera querella, presentada por Gladys Marín, en temas de Derechos Humanos. Catorce años después, le correspondería a Solís asumir sus primeras causas en ese ámbito.

“Hay más de mil causas pendientes. Esperemos que sea a corto plazo que terminen con alguna decisión importante. Es lo que denomino como ‘impunidad biológica’, donde se están muriendo las víctimas, los testigos y los inculpados”, plantea.

En ese contexto, los cuestionados “pactos de silencio” dentro de las Fuerzas Armadas son definidos por el ex juez de la Corte de Apelaciones.

“He manifestado que los pactos de silencio tienen otro significado. Un pacto es un acuerdo entre personas iguales, entre pares. Y obviamente que la verticalidad del mando es la que está primando. Es el superior jerárquico el que le dice al inferior ‘tú no puedes hablar de esto, porque te puede pasar algo a ti o a tu familia’. Eso no es pacto. Es un encubrimiento de un crimen sencillamente”.

Frente a los cuestionamientos de las organizaciones de Derechos Humanos de que su nombramiento sería solo decorativo o incluso se trataría de una estrategia para limpiar la imagen del Ministerio de Defensa, por su escasa proactividad para esclarecer crímenes de lesa humanidad, Solís argumenta que las acusaciones carecen de conocimiento y que se está prejuzgando sobre su trabajo.

Finalmente, advierte que su aspiración es poder cambiar la costumbre que ha existido para contestar tarde o simplemente hacerlo mal. “Si vemos que se ha cambiado la mentalidad para responder a los requerimientos judiciales, ahí estaría cumplida nuestra labor”, concluye.