Amnistía Internacional advirtió que la norma no cumple estándares internacionales y debilita la prohibición de la tortura. En Radioanálisis, el diputado Marcos Barraza (PC) y el analista Cristián Pertuzé discutieron sobre el uso de armamento letal.
El proyecto que regula el uso de la fuerza para policías y militares enfrentó en la Cámara Alta reparos por las hipótesis de fuerza potencialmente letal, la exclusión de la proporcionalidad y las eximentes de responsabilidad penal.
El Gobierno llamó a convertir las Reglas del Uso de la Fuerza en un acuerdo nacional para entregar certeza a policías y militares. Por su lado, la oposición advirtió que el texto amplía hipótesis para usar fuerza letal y reduce estándares de control.
El titular de la Segpres urgió a compatibilizar las demandas sociales con el resguardo estratégico de los límites territoriales y el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
El alto funcionario respaldó la firme reacción del Ejecutivo ante las tensiones limítrofes por el estrecho de Magallanes y destacó el actual nivel de preparación del mando militar.
El Presidente de la República presidirá el acto patrio, que este año contará con más de diez mil efectivos y el histórico debut de los funcionarios de Gendarmería a nivel nacional.
El exgeneral director de Carabineros valoró el traslado de reos de alta peligrosidad, pero advirtió que la difusión en vivo del operativo puso en riesgo tanto la operación como los derechos y garantías de las personas involucradas.
El presidente del gremialismo advirtió que la propuesta del Gobierno incorpora excepciones a principios generales que debilitarían la Constitución, en particular por los nuevos artículos referidos al crimen organizado.
La parlamentaria cuestionó la falta de prevención, control de armas y persecución de la ruta del dinero en los anuncios del Ejecutivo, además de advertir sobre el eventual uso de las Fuerzas Armadas en barrios críticos.
Diputados solicitaron al Gobierno dar urgencia a la reforma constitucional presentada el 6 de julio, que permitiría patrullajes mixtos y apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la PDI en zonas afectadas por el crimen organizado
El jefe comunal sostuvo que la medida se adoptó cuando ya había fallecidos y familias aisladas. El Gobierno defendió el despliegue realizado desde la semana pasada y aseguró que las Fuerzas Armadas ya operaban en la zona antes del decreto.
La situación más grave que denunció la jefa comunal fue la desaparición de personas en los sectores de Almirante Latorre, Chacay Alto y El Hinojal, con quienes se perdió comunicación.
El Gobierno y las Fuerzas Armadas detallaron el plan de contingencia ante el inminente sistema frontal. Se ordenó canalizar toda ayuda privada mediante Senapred y suspender clases.
La UDI criticó a la izquierda por pedir militares en las calles cuando no está dispuesta a que utilicen su armamento. Mientras, expertos advierten que la discusión devela la ausencia de un consenso nacional respecto al combate al crimen organizado.
En el Consejo Social gremialista el Jefe de Estado advirtió que cualquier colaboración militar debe contar con apoyo político y certeza jurídica. Además, abordó los desafíos en materia de economía y destacó el legado de Jaime Guzmán.
El experto en seguridad y académico de la U. de Chile cuestionó la idea que algunos actores políticos plantearon tras el homicidio de un menor de edad en San Bernardo. A su juicio, la medida solo agita el debate y no ofrece soluciones reales.
Tras una maratónica sesión de casi 14 horas, la Cámara de Diputados ratificó la norma que amplía las facultades del presidente Rodrigo Paz para decretar estados de excepción, en medio de protestas que ya dejan diez fallecidos.
