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Año XII, 20 de octubre de 2020

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Senadores divididos frente a elección de Fiscal Nacional

Moreira y Rossi anunciaron que no votarán. Pizarro y Von Baer reiteraron que no tienen impedimentos para hacerlo. A una semana de la elección, aun no está claro cuántos senadores votarán. Por otro lado, se abre la pregunta sobre quiénes deben elegir estos cargos, ¿el Congreso o la Corte Suprema?

Gonzalo Castillo y Héctor Areyuna

  Miércoles 7 de octubre 2015 21:48 hrs. 
SenadoresFiscal





“La decisión debe ser personal”, con esas palabras el Ministro Vocero de Gobierno insistió que la inhabilitación de los senadores para la elección de Fiscal Nacional depende, única y exclusivamente, de lo que cada uno decida.

La polémica se desató hace algunos días, cuando desde el interior de la Nueva Mayoría se postuló la idea de que quienes eran investigados –o estuvieran involucrados- en casos que lleva adelante el Ministerio Público no deberían elegir al sucesor de Sabas Chahuán. El problema: conflicto de interés.

El debate también se instaló en el corazón de La Moneda. La postulación del fiscal Luis Toledo, que lleva adelante la indagatoria por el caso Caval, centró los ojos en la Presidenta y si ella estaba en condiciones de elegir un nombre entre las propuestas de la Corte Suprema.

Así avanzaron los días, y mientras la presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende, insistía en la necesidad de definir como bloque qué iba a pasar con los siete senadores en cuestión, opinaba que -al menos en su partido- a ella le parecía correcto que Fulvio Rossi no votara.

Y fue justamente el senador por Tarapacá el primero en expresar su decisión de no tomar parte del proceso de elección del nuevo Fiscal Nacional. A través de un comunicado de prensa, el congelado militante socialista informó que no asistiría a la sesión. El argumento principal, su licencia médica producto del cáncer de tiroides, ya que indicó que no ha sido notificado de investigación alguna por parte del Ministerio Público, pero que a pesar de ello “he decidido inhabilitarme de votar”.

El senador Rossi ahondó en su punto de vista señalando que, “no tengo inhabilidad legal, ni reglamentaria ni mucho menos ética puesto que mis decisiones en política siempre han buscado promover el bien común sin embargo espero que este gesto contribuya a fortalecer una institución tan importante para Chile como lo es el Ministerio Público”.

Más tarde, fue el turno del senador de la UDI Iván Moreira quien leyó una declaración desde el Congreso, en la cual sostuvo que el día de la votación se abstendrá de emitir su preferencia, no sin antes enviar un mensaje a sus pares en el Parlamento que han cuestionado una eventual participación de los senadores que estén involucrados en investigaciones lideradas por el Ministerio Público.

“No dejan de sorprenderme algunas voces, cuando escucho a algunos parlamentarios de distintos partidos que se arrogan una supremacía moral en circunstancias que muchos de ellos tienen tejado de vidrio”. A renglón seguido, el senador ofreció disculpas, a la vez que reiteró que la obtención de recursos a través de la emisión de boletas falsas, era “una verdadera práctica habitual de financiamiento”.

El abogado que representa a la Fundación Ciudadano Inteligente en la querella por cohecho contra Rossi y otros políticos, Mauricio Daza, recordó que no hay inhabilidades legales contempladas, sin embargo valoró que el senador del PS siguiera el llamado a la prudencia que hizo en la semana Isabel Allende.

“Me parece que es un buen criterio el de la prudencia, más allá de que uno puede también pensar que se trata de una medida más bien oportunista con la finalidad de poder mejorar la pedestre situación en la cual se encuentra tanto de su partido político, como de sus electores en la medida de que a esta altura no cabe duda que él tuvo contactos con personeros de Soquimich y además también que solicitó recursos para financiamientos de campañas políticas a esa empresa”.

El caso de la inhabilitación anunciada por el senador socialista Carlos Montes, difiere de los anteriores ya que, en su caso, su decisión se fundamentó en el conflicto que le genera participar de la nominación del futuro jefe de su hijo, el fiscal regional metropolitano centro norte, Andrés Montes.

Quienes debieron salier a aclarar su postura frente a la futura votación para elegir al Fiscal Nacional fueron la senador de la UDI Ena Von Baer –involucrada en el llamado caso Penta-, y el senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, quien tiene a dos de sus hijos siendo investigados por el Ministerio Público en la antigua arista SQM del caso Penta, pero que a estas alturas alzó su vuelo propio.

El líder de la Falange, que recientemente recibió fuertes cuestionamientos por su viaje a Inglaterra a presenciar el mundial de rugby, en momentos en que su circunscripción (Coquimbo) se levantaba luego del terremoto de 8,4 grados Richter, y posterior tsunami, lejos de expresar alguna incomodidad sobre este punto, sostuvo que si le pidieran inhabilitarse de esta votación, lo mismo debería hacer la Presidenta Bachelet, en alusión a la presencia en la quina de abogados postulantes a la Fiscalía Nacional de Luis Toledo, quien lleva la investigación sobre el caso Caval, que involucra al hijo y la nuera de la Mandataria.

“Voy a participar de la votación, otra cosa es lo que vote”, fueron las palabras con las que el senador Pizarro cerró cualquier espacio a especulaciones sobre su eventual inhabilitación de este proceso.

Misma postura que tomó la senadora gremialista, quien apeló al hecho que aún no ha sido formalizada en el marco del caso Penta para mantener a firme su participación en la elección de quien hará de cabeza del Ministerio Público los próximos ocho años: “No tengo ninguna inhabilidad, de hecho en este caso no cabe inhabilitarse. Yo he sido sumamente respetuosa con las instituciones, fui a entregar toda la información en su momento a la Fiscalía pero no fui formalizada, por lo tanto yo voy a seguir cumpliendo con mi deber como senadora”.

Más allá de las inhabilitaciones, una de las preguntas que en las cercanías de estas elecciones aparecen es por qué son estas instancias legislativas las que deben ratificar cargos de otros poderes judiciales y no, por ejemplo, que la Corte Suprema dirima en mérito y antecedentes entre sus pares, para ver quién es el más idóneo para el puesto.

Desde la agrupación de Fiscales hicieron el llamado a una “elección transparente”, donde primen los currículos de los postulantes y el conocimiento de la labor. Situación que impediría demorar el establecimiento efectivo en el cargo.

De los 38 senadores que conforman la Cámara Alta, para esta elección del Fiscal Nacional quedan 34 con posibilidad de influir en la futura elección de quien reemplazará en su cargo a Sabas Chahuán, teniendo la Nueva Mayoría 19 votos, lo que significa que deberá negociar para conseguir la mayoría necesaria -25 votos-, para elegir a un candidato afín a Palacio.