La iniciativa que desea llevar a cabo la oposición plantea multar y expulsar a inmigrantes que cometan infracciones a una serie de requisitos de permanencia, entre ellos acreditar un mínimo de patrimonio. Desde el Movimiento de Acción Migrante expresaron que el proyecto que sólo genera alarma pública y empeora la discriminación.
El bochorno vivido este martes por el Ejecutivo luego de retirar del Congreso la ley corta que buscaba subsanar los errores del padrón electoral, generaron fuertes reacciones de manera transversal las que hacen hincapié en la necesidad de que se asuman las responsabilidades políticas, tanto de ministros como de directores de los servicios involucrados en este problema.
A propósito de las investigaciones por boletas ideológicamente falsas y las advertencias de la Fiscalía, el Director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, afirmó que algunos casos de delitos tributarios podrían terminar sólo en sanciones pecuniarias, y adelantó que el organismo no va a presentar querellas en todos los casos sobre financiamiento irregular de la política.
Marcando diferencias con los senadores, los diputados de la Nueva Mayoría plantearon a horas que comience su tercer trámite, que rechazarán las modificaciones introducidas por la Cámara Alta al proyecto: “Estoy aburrido de la hipocresía”, señaló Osvaldo Andrade.
Frente a la posibilidad de que se retrase la tramitación del proyecto por las discrepancias que genera al interior de la Nueva Mayoría, parlamentarios y dirigentes sindicales concordaron en que la iniciativa debe ser votada en marzo y que “cada uno se saque su careta y voten como corresponde”.
Mientras el Ejecutivo prosigue con las negociaciones para aprobar el proyecto, senadores DC manifestaron sus reparos hacia puntos centrales de la iniciativa como la titularidad sindical y la prohibición del reemplazo en huelga. “No representan la opinión de la DC”, aseguró el diputado Patricio Vallespín.
Luego de un comité político realizado en La Moneda, diferentes parlamentarios salieron a defender a la asesora de la Presidenta Michelle Bachelet. “No me parece que ni las declaraciones de Natalia Compagnon, ni los medios, ni nadie intenten confundir a la ciudadanía”, recalcó la senadora Isabel Allende.
En su declaración del pasado 11 de enero en la Fiscalía de Rancagua, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet reconoció haber hecho pagos a la jefa de Gabinete de la Mandataria por asesorías sobre la termoeléctrica Los Guindos.
Mientras la Democracia Cristiana y el Partido Socialista con el aval del reciente pacto electoral firmado de cara a las municipales tratan de generar una armonía al interior de la Nueva Mayoría, colectividades más pequeñas identifican fuertes divisiones en el conglomerado y preparan la conformación de una tercera lista.
El ex operador político de la Concertación, en su quinta declaración en Fiscalía, reconoció haber realizado un préstamo por 32,5 millones de pesos a Cristián Riquelme, administrador de La Moneda y ex encargado financiero de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, y quien ha sido fuertemente cuestionado por su rol en el llamado caso Caval.
“Esta actitud de algunos se aproxima a los neo-díscolos y creo que nos hace muy mal”, señaló el senador del PS Juan Pablo Letelier, respecto de las declaraciones hechas por algunos diputados de la DC en orden a desconocer el acuerdo que implica que el diputado socialista Osvaldo Andrade sea el próximo presidente de la Cámara, por sus dichos en contra de la Falange luego del impasse entre la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Jorge Burgos.
Sigue abierto el conflicto en el bloque gobernante. Pese a las voces que dan “por superado” los recientes desencuentros, durante esta jornada La Moneda albergó numerosos encuentros a causa de la molestia expresada por la Democracia Cristiana en los últimos días.
