La ministra de Salud, Carmen Castillo, negó haber transgredido normas constitucionales, por lo que en su concepto la acusación no tiene asidero y debe ser descartada por los parlamentarios.
“Tengo la certeza de no haber infringido la constitución ni las leyes de la República, tampoco he dejado las leyes sin ejecución, tampoco he dejado las leyes sin ejecución, por el contrario, desde que asumí el cargo de ministra de Salud he trabajado por disminuir las inequidades, fortalecer la salud pública y favorecer el ejercicio de derechos en salud de los habitantes de nuestro país”, comentó la secretaria de Estado.
En este sentido su abogado, Javier Couso, solicitó que la presentación de la derecha se declare inadmisible, pues en su concepto, la acusación carece de todo valor jurídico. El especialista también criticó el libelo, indicando que se nota improvisación en su redacción y que confunde hechos con juicios de valor, agregando que “una acusación constitucional no puede basarse en un desacuerdo con la gestión, sino que requiere la acreditación de ilícitos constitucionales graves”.
“Honestamente, consideramos que la acusación busca dar una interpretación ad hoc a las causales de procedencia, acomodando su sentido al uso que quiere dársele en este caso. De este modo los acusadores crean causales de acusación al margen del texto expreso de la Constitución”, dijo.
Además, para el abogado de la ministra no es efectivo que responder tardíamente un oficio de la Cámara de Diputados sea una infracción constitucional, como plantea la acusación, agregando que usar impropiamente la posibilidad de acusar constitucionalmente, desconoce el carácter “grave, excepcionalísimo” y de “último recurso” que tiene dicha entidad.
Por su parte el diputado UDI Javier Macaya, lamentó que la defensa de la ministra desconociera la gravedad de la situación de la salud pública descrita en la acusación, indicando que es partir muy mal en la solución de los problemas que afectan al sector.
“Al menos uno espera un cambio de actitud de reconocer de que la salud pública en Chile existen problemas graves en salud”.
Cabe consignar que Carmen Castillo recibió el respaldo transversal de los diputados de la Nueva Mayoría, lo que garantizaría el rechazo de la acusación, que requiere una mayoría simple para ser aprobada.
En este sentido, la bancada de diputados socialistas indicó que la acusación constitucional que ha presentado la derecha, “desde el inicio ha estado condenada al fracaso, ya que no tiene los votos en el Parlamento ni los argumentos jurídicos para sostenerla”.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, negó haber transgredido normas constitucionales, por lo que en su concepto la acusación no tiene asidero y debe ser descartada por los parlamentarios.
“Tengo la certeza de no haber infringido la constitución ni las leyes de la República, tampoco he dejado las leyes sin ejecución, tampoco he dejado las leyes sin ejecución, por el contrario, desde que asumí el cargo de ministra de Salud he trabajado por disminuir las inequidades, fortalecer la salud pública y favorecer el ejercicio de derechos en salud de los habitantes de nuestro país”, comentó la secretaria de Estado.
En este sentido su abogado, Javier Couso, solicitó que la presentación de la derecha se declare inadmisible, pues en su concepto, la acusación carece de todo valor jurídico. El especialista también criticó el libelo, indicando que se nota improvisación en su redacción y que confunde hechos con juicios de valor, agregando que “una acusación constitucional no puede basarse en un desacuerdo con la gestión, sino que requiere la acreditación de ilícitos constitucionales graves”.
“Honestamente, consideramos que la acusación busca dar una interpretación ad hoc a las causales de procedencia, acomodando su sentido al uso que quiere dársele en este caso. De este modo los acusadores crean causales de acusación al margen del texto expreso de la Constitución”, dijo.
Además, para el abogado de la ministra no es efectivo que responder tardíamente un oficio de la Cámara de Diputados sea una infracción constitucional, como plantea la acusación, agregando que usar impropiamente la posibilidad de acusar constitucionalmente, desconoce el carácter “grave, excepcionalísimo” y de “último recurso” que tiene dicha entidad.
Por su parte el diputado UDI Javier Macaya, lamentó que la defensa de la ministra desconociera la gravedad de la situación de la salud pública descrita en la acusación, indicando que es partir muy mal en la solución de los problemas que afectan al sector.
“Al menos uno espera un cambio de actitud de reconocer de que la salud pública en Chile existen problemas graves en salud”.
Cabe consignar que Carmen Castillo recibió el respaldo transversal de los diputados de la Nueva Mayoría, lo que garantizaría el rechazo de la acusación, que requiere una mayoría simple para ser aprobada.
En este sentido, la bancada de diputados socialistas indicó que la acusación constitucional que ha presentado la derecha, “desde el inicio ha estado condenada al fracaso, ya que no tiene los votos en el Parlamento ni los argumentos jurídicos para sostenerla”.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, negó haber transgredido normas constitucionales, por lo que en su concepto la acusación no tiene asidero y debe ser descartada por los parlamentarios.
“Tengo la certeza de no haber infringido la constitución ni las leyes de la República, tampoco he dejado las leyes sin ejecución, tampoco he dejado las leyes sin ejecución, por el contrario, desde que asumí el cargo de ministra de Salud he trabajado por disminuir las inequidades, fortalecer la salud pública y favorecer el ejercicio de derechos en salud de los habitantes de nuestro país”, comentó la secretaria de Estado.
En este sentido su abogado, Javier Couso, solicitó que la presentación de la derecha se declare inadmisible, pues en su concepto, la acusación carece de todo valor jurídico. El especialista también criticó el libelo, indicando que se nota improvisación en su redacción y que confunde hechos con juicios de valor, agregando que “una acusación constitucional no puede basarse en un desacuerdo con la gestión, sino que requiere la acreditación de ilícitos constitucionales graves”.
“Honestamente, consideramos que la acusación busca dar una interpretación ad hoc a las causales de procedencia, acomodando su sentido al uso que quiere dársele en este caso. De este modo los acusadores crean causales de acusación al margen del texto expreso de la Constitución”, dijo.
Además, para el abogado de la ministra no es efectivo que responder tardíamente un oficio de la Cámara de Diputados sea una infracción constitucional, como plantea la acusación, agregando que usar impropiamente la posibilidad de acusar constitucionalmente, desconoce el carácter “grave, excepcionalísimo” y de “último recurso” que tiene dicha entidad.
Por su parte el diputado UDI Javier Macaya, lamentó que la defensa de la ministra desconociera la gravedad de la situación de la salud pública descrita en la acusación, indicando que es partir muy mal en la solución de los problemas que afectan al sector.
“Al menos uno espera un cambio de actitud de reconocer de que la salud pública en Chile existen problemas graves en salud”.
Cabe consignar que Carmen Castillo recibió el respaldo transversal de los diputados de la Nueva Mayoría, lo que garantizaría el rechazo de la acusación, que requiere una mayoría simple para ser aprobada.
En este sentido, la bancada de diputados socialistas indicó que la acusación constitucional que ha presentado la derecha, “desde el inicio ha estado condenada al fracaso, ya que no tiene los votos en el Parlamento ni los argumentos jurídicos para sostenerla”.
