Este lunes, la Comisión Constitución de la Cámara manifestó su rechazo a dos aspectos fundamentales indicados en el marco de la discusión del proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

El primer asunto descartado fue la indicación presentada por el diputado de RN Cristián Monckeberg, quien proponía que los partidos por obligación legal deberían utilizar sólo un sistema electoral para elegir sus autoridades.

Así, la indicación proponía elegir a los directivos del partido mediante el sistema de votación directa, donde todos los militantes voten por las autoridades. De aprobarse la indicación, se obligaría a cambiar sus orgánicas internas a los partidos con democracias indirectas, es decir en aquellos sistemas donde cada militante vota por un representante, que su vez elige a las autoridades.

Sobre este punto, el presidente de la Comisión de Constitución y diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, explicó que votó en contra de la indicación porque “seria rigidizar demasiado nuestro sistema de partidos políticos establecer solamente las elecciones directas de autoridades, porque a mí me parece tan democrática la elección directa como la indirecta. En el mundo se utilizan indistintamente ambos sistemas. Por ejemplo en Estados Unidos, que nadie puede decir que no es una democracia, nadie vota por el Presidente de la República, todos votan por un cuerpo intermedio que después elige al Presidente”.

La directora ejecutiva de Fundación Multitudes, Paulina Ibarra, descartó que el rechazo a esta indicación vaya en desmedro de la transparencia de las elecciones. Sin embargo, explicó que un mecanismo como las elecciones directas podría aumentar la confianza y la credibilidad de los organismos: “Mientras más votos tenga un dirigente de un partido político, mayor será la validación. Ahora, si eso está dado por un voto-un militante, la validación va a ser mucho más alta que a través de cualquier otro mecanismo que no sea de ese tipo”, apuntó.

Paulina Ibarra señaló también que la participación electoral directa “siempre es lo más efectivo, particularmente hoy en día que vivimos una crisis de credibilidad a nivel de los partidos políticos en donde el 98 por ciento de la población no tiene confianza en ellos. Desde esa perspectiva es bastante valioso y va de la mano con que los partidos tienen que volver a reinscribir a sus militantes”.

La arista de financiamiento

Otro de los aspectos centrales discutidos por la Comisión, fue la indicación presentada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, que regula los bienes de los partidos.

El secretario dio a conocer la normativa que convierte a las colectividades en entidades de derecho público e indicó que la ley, junto con otorgar financiamiento estatal y prohibir el aporte de personas jurídicas, permite que los partidos tengan acciones en sociedades anónimas abiertas.

En este sentido, el documento estipula que “los partidos políticos podrán ser titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras”.

La indicación también establece que cuando el valor de las acciones sea superior a UF 25 mil (alrededor de 640 millones de pesos), los partidos deberán constituir un mandato especial de administración. El texto señala además que “los partidos políticos podrán  invertir, asimismo, en  depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos”.

En esta línea, el diputado miembro de la Comisión de Constitución,  Fuad Chahín (DC), criticó la indicación, señalando que “transforma a los miembros de los partidos en accionistas”.

“Aquí hay que permitir lo razonable, lo que sea útil para el funcionamiento práctico de los partidos, pero no involucrarnos en el negocio inmobiliario, ni tampoco en la especulación financiera, porque creo que sería realmente desnaturalizar el rol de los partidos y creo que aquí hay que generar una modificación a esta indicación que permita terminar con estos conflictos de interés y con el financiamiento indirecto de la política”, agregó.

En este sentido, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, comentó que esta medida “es un mecanismo que sólo va a traer problemas, falta de transparencia y distorsión en la operación de los partidos políticos y que finalmente no constituye ningún aporte para solucionar el aporte de financiamiento y administración de las entidades”.

En tanto, indicó que uno de los mecanismos que podrían adoptarse para que los partidos no tengan que recurrir a terceros, sería la aplicación de un financiamiento regulado por el Servel.

“Lo que aquí debiese primar es un aporte por parte de personas naturales que se efectúe de manera transparente y que además sea administrado por el partido político con fiscalización del Servel. Esa es la vía por la cual los partidos políticos deben funcionar. Ahora, si el partido político no puede recolectar fondos suficientes para los efectos de poder mantener la infraestructura actual, entonces van a tener que hacerse más pequeño”.

Por último, se espera que la próxima semana la Comisión de Constitución se reúna nuevamente con el ministro Eyzaguirre. Esto para zanjar en definitiva cómo se regulará el patrimonio de los partidos políticos.