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Año XI, 15 de noviembre de 2019

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Milicogate: Comisión investigadora cita a ex ministros de Defensa

La instancia que investiga el fraude con la Ley Reservada del Cobre invitará a comparecer a los últimos titulares de Defensa, entre los que se cuenta a Jorge Burgos, Rodrigo Hinzpeter y Andrés Allamand. “Queremos verificar qué hicieron los organismos para que este fraude no se hubiera cometido”.

Paula Correa

  Martes 22 de marzo 2016 21:16 hrs. 
Comisión Milicogate

La Comisión Investigadora que indaga el Caso Fraude en el Ejército acordó citar a ex ministros de Defensa y los Subsecretarios ante las irregularidades constatadas en las distintas audiencias. En la sesión pasada, la instancia corroboró la fragilidad de los sistemas de control y registro del Ejército y se propuso la entrega de un conjunto de propuestas para agilizar la investigación en casos similares.

Son seis ex ministros de Defensa los que serían citados a la Comisión Investigadora de la Cámara, la que indaga las responsabilidades en el fraude ocurrido en el Ejército, en especial en el Comando de Apoyo de la Fuerza, con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Así lo confirmó el Presidente de la instancia y también de la Comisión de Defensa, el diputado Demócrata Cristiano, Jaime Pilowksy, quien detalló que se invitará al Superintendente de Casinos y los secretarios de Estado entre el año 2008 y 2014, además de los subsecretarios, quienes, explicó, son especialmente importantes.

“El contralor general de la República en la sesión pasada nos planteó que las Subsecretarías de las Fuerzas Armadas debieron haber realizado un control total de todas las facturas pagadas por el Ejército en relación a los fondos de la Ley Reservada y que es una obligación legal. Nosotros queremos verificar qué hicieron los organismos para que este fraude no se hubiera cometido o, al menos, se hubiera descubierto con anticipación”, afirmó.

Entre los invitados se contaría José Goñi, Francisco Vidal, Jaime Ravinet, Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, y el actual titular del Interior, Jorge Burgos. Entre los ex subsecretarios figuran el también ex comandante en jefe del Ejército Oscar Izurieta en el gobierno de Sebastián Piñera, fecha en que se creó en cargo, y el actual titular, Marcos Robledo.

En la sesión de este lunes asistió el Jefe del Departamento de Planificación y Administración entre el 2013 y julio del 2015, el coronel Fernando Grossi, quien detalló que las facturas estaban sujetas a un proceso de control, por lo que venían firmadas con anterioridad. Esta era la razón por la cual nadie sospechaba de posibles irregularidades.

Al ser consultado sobre un eventual mea culpa el funcionario reconoció la fragilidad de los sistemas de control del comando: “Eran insuficientes, eso está claro. Aquí hay insuficiencia transversal, todos pasaron revista, de la Contraloría hacia abajo. Aquí no es un problema de las personas, es un problema de sistema”, aseguró.

Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Ulloa, se mostró desilusionado y afirmó que no están para nada satisfechos con lo que ocurrió. “Es vergonzoso darse cuenta de que la falta de control caracterizó la utilización de estos recursos”, afirmó.

El parlamentario añadió que a partir de la próxima semana se fijará el itinerario pensando en incluir estas declaraciones, pero también en ir poniendo un plazo de término al trabajo de la instancia y entregar propuestas para corregir algunas falencias.

“Junto con ofrecer conclusiones vamos a establecer algunos proyectos de ley que puedan ayudar a que primero, se establezca una igualdad de condiciones en situaciones como estas para funcionarios civiles y militares. No es posible que, al cabo de seis meses, un funcionario del mundo militar deje de tener responsabilidades administrativas y uno civil las tenga durante dos años. Son cosas como esas”, explicó.

Con esto se avanza a cerrar la investigación del amplio conjunto de irregularidades con las que se defraudó al fisco en, al menos, seis mil millones de pesos, amparados en la cuestionada Ley Reservada del Cobre, normativa que protege la información sobre el gasto que realizan las Fuerzas Armadas.