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Año XII, 27 de octubre de 2020

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Querellantes Caso Maremoto: “Es una derrota de la Justicia”

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes la decisión de suspender el juicio oral en el Caso Maremoto, con lo que los imputados sólo deberán pagar la indemnización de 235 millones de pesos a las víctimas, más 10 millones para la realización de un seminario sobre la tragedia.

Constanza Sáez

  Viernes 29 de abril 2016 19:34 hrs. 
Caso Maremoto3





La Undécima sala de la Corte de Apelaciones confirmó la suspensión condicional de Caso Maremoto por lo que no se llevará a juicio oral a los seis imputados en la Investigación de responsabilidad por la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.

En la oportunidad el abogado querellante, Alfredo Morgado comentó que la mayor decepción de los familiares es que, en instancias anteriores, se les había comunicado la alta posibilidad de llevar la situación a un juicio oral por lo que debían prepararse.

Por su parte el también abogado querellante Raúl Meza manifestó que es un triunfo del derecho, pero una rotunda derrota de la justicia, y agregó que la decisión de la Corte sienta un pésimo precedente judicial respecto a negligencias de funcionarios públicos en el ejercicio de su función pública.

Recordemos que el acuerdo adoptado con la Fiscalía Metropolitana Oriente consistía en el pago de 235 millones de pesos a repartir entre los familiares de las víctimas (en tres cuotas), más diez millones de pesos para realizar un seminario sobre la catástrofe, donde se hará la lectura de una declaración pública sin reconocimiento de culpa.

Entre los acusados está la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende; el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas; el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia, Mario Andina.

En esta situación quedaría una instancia más para los querellantes: el  recurso de queja ante la Corte Suprema.