Luego de cuatro días de audiencia la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo decidió acoger el acuerdo entre la defensa de los imputados en el caso Maremoto y la Fiscalía suspendiendo el proceso y evitando que se llegara a la instancia de un juicio oral.

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y las defensas de los imputados, incluye el pago total de $245 millones, la realización de un seminario de Protección Civil y una declaración pública donde se explique el rol que tuvo cada uno luego de la tragedia que dejó 104 personas fallecidas.

De esta forma el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende deberá pagar $75 millones, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, $39 millones, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana del servicio, Johaziel Jammet, $5 millones y los responsables del SHOA al momento del maremoto, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina, $39 millones cada uno.

Además, $10 millones deberán destinarse a un seminario sobre lo ocurrido el 27 de febrero de 2010. El fallo queda sujeto a confirmación por parte de la Corte de Apelaciones.

La molestia de los querellantes

Recordemos que el acuerdo alcanzado entre los imputados y la Fiscalía causó molestia entre los familiares de las víctimas quienes rechazaron desde un principio el arreglo entre dichas partes.

Fueron 141 querellantes quienes expusieron sus argumentos para tratar de evitar que la jueza confirmara el arreglo y permitiera la realización de un juicio oral que determinara las responsabilidades en este caso.

Silvana Sanzana, familiar de una de las víctimas del maremoto del 27 de febrero de 2010, declaró ante la jueza que “Hubo negligencias claras y precisas de las personas que estaban a cargo de la seguridad de nuestro país”.

La mujer agregó que “Estas personas no hicieron bien su trabajo, creo que una persona en nuestro país bien parada y bien nacida debe dar disculpas no después de 6 años, cuando el daño ya está hecho”.

En tanto, Tania González, recordó cómo perdió a su hijo de 5 años en el maremoto que azotó las costas de Constitución: “Me quitaron lo más importante de mi vida, nunca más pude decirle feliz cumpleaños ni celebrar la Navidad con él”.

La joven añadió que “yo perdí a mi hijo que tenía 5 años por culpa de ellos. No le puedo decir feliz cumpleaños, no le puedo dar un regalo de Navidad por la negligencia de ellos. Si ellos hubieran dado una alerta a tiempo, él estaría conmigo hoy día. Para mí es una burla, para mí no es justo. Esto que ellos están haciendo no es justo. Yo le digo a usted (a la jueza) que se ponga la mano bien en el corazón y me diga que lo que ellos están haciendo no es justo”.

Los querellantes anunciaron que apelarán a la decisión de la jueza Carolina Gajardo e insistir, de esta forma, en la realización de un juicio oral.

Para el abogado Raúl Meza, “tenemos un fiscal que a los 43 días de haber asumido toma una decisión aberrante e injusta, aquí se perdió una batalla, pero no la guerra. Este es un fallo aberrante e injusto, por dignidad, por ética, tenemos el deber ético y moral de apelar”.

En tanto, Alfredo Morgado agregó que “vamos a apelar a la Corte de Apelaciones, será el tribunal de alzada el que resuelva, estimamos que las condiciones de esta salida alternativa no es una adecuada resolución de este conflicto, no es proporcional, vamos a apelar y la corte resolverá”.

Disculpas públicas

Luego de la resolución de la jueza, los imputados en el caso procedieron a cumplir con uno de los puntos del acuerdo, las disculpas públicas, que no incluyeron, en ningún caso, la palabra “perdón”.

El ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, señaló que “este terremoto develó nuestra precariedad como Estado” y agregó que “creo haber hecho lo humanamente posible (…) No haber podido hacerlo me ha provocado un profundo dolor y frustración”.

La ex autoridad lamentó además “las pérdidas de vida que no pudimos salvar”, asegurando que “el dolor me acompañará por siempre”. “Fui vocero de la precariedad del Estado”, reiteró.

Por su parte, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, afirmó que desde la noche de la tragedia en febrero de 2010 hasta hoy “vivo esta pesadilla con dolor e impotencia”. “Ello jamás podrá compararse con el dolor de las familias de las víctimas fatales”, dijo entre sollozos, reiterando que jamás quiso “un resultado dañino para las personas”.

Al término de la audiencia, el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez, señaló que “Una suspensión nunca es una reparación completa a la víctima, no perseverar nunca va a dejar satisfecha a la víctima”.

En ese sentido agregó que “está claro que esta salida no es satisfactoria para las víctimas, en los términos que un acuerdo entre víctima e imputado es una salida intermedia, no es condenatoria, no es una reparación completa de la víctima, es una salida intermedia”.

Con la suspensión provisional del caso se evita además que la Presidenta Michelle Bachelet se hubiese visto obligada a asistir a declarar, en calidad de testigo, en un eventual juicio oral, algo que fue objeto de preocupación al interior del Palacio de La Moneda.