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Control de identidad vive horas clave en el Congreso

El martes y miércoles de esta semana se discutirá en una comisión mixta de diputados y senadores, el proyecto de ley corta antidelincuencia presentado por el Gobierno. La normativa sigue en trámite legislativo por su cuestionada norma sobre control preventivo de identidad, la que encuentra fuerte rechazo en organizaciones sociales y parlamentarios de la Nueva Mayoría.

Raúl Martínez

  Martes 3 de mayo 2016 8:50 hrs. 
Control preventivo


Una magra convocatoria tuvo la marcha del sábado recién pasado a favor del proyecto de control preventivo de identidad que se realizó en el centro de Santiago.

Pero más allá de la masividad de la movilización, sus organizadores del movimiento No Más, insistieron en la necesidad de contar con una legislación que, a su juicio, permitirá enfrentar la delincuencia y la inseguridad.

De todas formas, uno de sus voceros, Rodrigo Torres, reconoció que se necesitan mejores herramientas tecnológicas para realizar este tipo de procedimientos, los que se podrían extender siempre en perjuicio de la ciudadanía.

“La policía tiene que utilizar elementos sofisticados para identificar a la persona. Las máquinas que hoy día utilizan Carabineros, tienen una plataforma súper básica, no siempre está el sistema arriba, derechamente está caído. El problema es que es una tecnología muy antigua”, sostuvo el representante. Este hecho provocaría, en el marco de la norma que se discute en el Parlamento, que al no poder verificar la identidad en el lugar, la persona deberá ser trasladada hasta un cuartel policial donde podría ser retenida hasta por cuatro horas.

En el plano legislativo, son varios parlamentarios de la Nueva Mayoría que rechazan la propuesta introducida al proyecto antidelincuencia del Gobierno durante su trámite en el Congreso.

Leonardo Soto, uno de los diputados que integrará la comisión mixta que revisará la iniciativa de ley, subrayó que la idea de un control de identidad preventiva no ayudará a disminuir la delincuencia.

“Todos los expertos, toda la evidencia, todos los institutos de investigación, todos los actores del sistema, Ministerio Público, la Fiscalía, los jueces, están todos de acuerdo que este control de identidad preventivo no va a tener ningún impacto en las cifras de delincuencia, ninguno, cero. Por una razón muy simple: no persigue investigar delitos”, indicó el legislador.

Esto porque para cumplir con la norma las policías deberán destinar personal a hacer el control preventivo de identidad, desviando recursos y personal que podrían ser destinados a otras funciones que apunten a disminuir las tasas de criminalidad.

A ello se suman abogados penalistas de todos los sectores que plantean que se trata de una norma de corto alcance y que finalmente no va a apuntar al fondo del problema que da argumento a la iniciativa.

Así lo señaló el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román, quien además cuestionó el intento por insertar una nueva institución a una práctica que ya está extendida en nuestro país por parte de las policías.

Román subraya que la idea planteada por parlamentarios y sectores que califica como más conservadores en el Congreso, “es populismo penal”, ya que “a la luz del derecho comparado no existe ninguna experiencia en ninguno de los países que ellos señalan que exista una institución como el control preventivo de identidad”.

El abogado agrega datos llamativos, como por ejemplo que “respecto a la experiencia en América Latina y el mundo en general, en Chile se controla la identidad actualmente, con el actual estatuto que existe, de manera abundante en relación a otros países. Por ejemplo, es el doble de los controles de identidad que se verifican en Nueva York y es el doble de los controles de identidad que se verifican en Inglaterra en general”.

Según la información oficial, en Chile se registraron poco más de un millón 800 mil controles de identidad durante 2015, los que dejan en evidencia que se trata de una modalidad ampliamente utilizada.

Por esto, desde distintos sectores se esgrime que en realidad la norma que se pretende aprobar en el Parlamento busca reponer la detención por sospecha, lo que constituye un retroceso en materia de libertades civiles y un serio riesgo para el estado de derecho.

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