En la antesala de la votación en Cámara, los partidos del oficialismo se cuadraron con el realismo político planteado por el presidente Sebastián Piñera, quien se mostró favorable a la opción de que el control preventivo de identidad sea para mayores de 16 años. No obstante, desde Renovación Nacional, la diputada Catalina Del Real sostuvo que insistirán con la indicación que busca rebajarlo a 14 años.
La investigadora y colaboradora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en contacto con nuestro noticiario Radioanálisis, expresó su postura sobre el control de identidad preventivo y las políticas publicas en seguridad del país.
Durante esta semana, el Gobierno anunció que presentará una iniciativa que busca ampliar el control preventivo de identidad para disminuir el número de menores infractores de ley. Sin embargo, para la cientista política, Lucia Dammert, este proyecto se trata de una estrategia del Ejecutivo para retomar la agenda política.
Con seis votos a favor y tres en contra, la instancia aprobó el proyecto de ley que busca ampliar el control preventivo de identidad a menores de 18 años y mayores de 16 años. Esto pese a las críticas de organismos especializados que consideran que el mecanismo puede vulnerar los derechos de los adolescentes, sumado a los cuestionamientos del Ministerio Público sobre la efectividad de la aplicación de este mecanismo en adultos.
El diputado socialista y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana criticó la iniciativa presentada por la llamada Bancada Transversal por la Seguridad Ciudadana que busca ampliar el control preventivo de identidad a adolescentes. Además, organismos alertan sobre los estereotipos y estigmatizaciones que este mecanismo puede generar.
Fue uno de los puntos más polémicos en la tramitación de la agenda corta antidelincuencia discutida durante 2016, y pese a que se aprobó, las críticas al Control Preventivo de Identidad siguen estando presentes en el ámbito legislativo y en las organizaciones interesadas en las políticas de seguridad pública. En julio de este año un […]
Pese a todas las observaciones y recomendaciones de expertos y organismos chilenos e internacionales, un grupo de parlamentarios presentará este miércoles una moción para ampliar el controvertido control de identidad preventivo a adolescentes entre 16 y 18 años. Si bien, la nueva norma no ha tenido un impacto relevante en el “combate a la delincuencia”, los legisladores argumentan que con esta medida se hará más efectiva la labor de Carabineros para enfrentar delitos, como el narcotráfico.
Mientras cifras de un estudio del Ministerio de Justicia revelan que una mayoría de los consultados plantea que la delincuencia debe atacarse con sanciones más estrictas, abogados penalistas advierten que este mecanismo sólo genera mayor represión y exclusión, y que por el contrario es el reconocimiento de derechos sociales la forma de enfrentar el problema.
El profesor de Derecho de la UDP Mauricio Duce planteó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la necesidad de que las policías sean incluidas en el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana, ya que a su juicio, hoy solamente es parte del escrutinio y las críticas públicas la labor de los tribunales de justicia.
En los días de la Copa América Centenario, organizaciones de inmigrantes presentaron una denuncia de abuso policial contra ciudadanos colombianos en Arica. El abogado peruano Rodolfo Noriega, representante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, afirmó que hubo detención violenta e indiscriminada por parte de los policías y posteriormente aplicación de torturas.
Funcionarios realizaron la medida a tres jóvenes en plaza del centro de Santiago sin estar en posición de cometer ningún ilícito, como explicita la normativa vigente.
El parlamentario criticó la aprobación de esta cuestionada norma que contiene aspectos rechazados por diversas organizaciones como el control preventivo de identidad. Además confirmó que la bancada socialista acudirá al TC para impugnar la ley.
