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Crónica: Los padecimientos de ser migrante en Chile

La idea es dejar atrás la normativa que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, como la posibilidad de reconocer la nacionalidad chilena a niños que habiendo nacido en el país, se les negó porque sus padres se encontraban en irregularidad migratoria al momento de nacer.

Yasna Mussa

  Viernes 13 de mayo 2016 13:59 hrs. 





“En un mundo globalizado como el de hoy, todo pareciera moverse con mayor libertad. Decimos ‘pareciera’, porque cuando nos centramos en las personas, nos damos cuenta que esto no es verdad”. Con esta frase comenzaba el video que se volvió viral en las redes sociales a fines de 2015, donde la cantante Ana Tijoux relataba en off la necesidad urgente de una ley migratoria en Chile.

Son momentos en los que estos fenómenos de flujos migratorios parecen agudizarse e incluso en Chile, un país que siempre se ha definido como homogéneo reforzando la idea de lo blanco como identidad nacional, es inevitable reconocer la diversidad de acentos, colores y culturas que se observan en lo cotidiano.

En la Vega Central un grupo de hombres acarrea cajas, traslada carros y ríe ante la torpeza de uno de sus compañeros que cae sobre un bulto. Una escena que parece normal en cualquier grupo de colegas, pero que marca la diferencia cuando al poner atención se distingue el creole, esta mezcla de francés y lenguas de África Occidental. Una realidad que hace 15 años no existía en Chile, pero que hoy es parte de un nuevo paisaje rico en diferencias y que acelera la necesidad de una Ley Migratoria que enfrente esos cambios, los nuevos flujos que son más que simples estadísticas y, sobre todo, entregue una seguridad básica a quien se encuentra en situación de migrante.

Esta discusión se instala en todo el mundo, en momentos en que Europa ha debido enfrentar la mal llamada crisis migratoria, en la que miles de refugiados huyen de guerras que, como siempre, no diferencian el blanco y matan por igual a religiosos, ateos, apolíticos, civiles, enfermos, niños o pacifistas.

Guerras que han llevado a que familias completas suban a precarias embarcaciones, crucen océanos y apuesten por dejar la muerte segura, por la pequeña posibilidad de tener una vida mejor. Cuando no se tiene nada, la mínima ganancia aparece como un triunfo irrefutable.

Europa también cuestionó su ley migratoria, pero retrocedió negando un manifiesto que nació en el seno de ese continente. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cada Estado. Asegura también, que toda persona tiene el derecho de salir de cualquier país y de regresar al mismo.

La historia de Europa está marcada por continuos éxodos. Sus habitantes experimentaron en carne propia el exilio post guerra, las largas filas para subir a barcos, más grandes y seguros, por cierto; y la búsqueda de refugio en otras fronteras.

En la actualidad, sus representantes no reconocen esa condición de refugiado y los sitúa como si fueran “ilegales”, como si sus rostros cansados en las islas griegas, al otro lado de Turquía, y las mochilas gastadas con los pocos harapos que se salvaron de ser lanzados al fondo del mar para evitar un naufragio, no hablaron por sí mismos.

En septiembre de 2015, el refugiado sirio Abdel Jabbar Alamori, me relataba la difícil travesía que emprendió desde su natal Hama, donde tanto los rebeldes sirios como las tropas de Bashar Al Assad destrozaron su casa, asesinaron a una parte de su familia y lo obligaron a salir como se sale cuando la muerte te pisa los talones: con lo puesto.

Aun cuando este relato parece transversal en esos campamentos que se erigen en las fronteras europeas, la Unión Europea y Turquía firmaron el pasado marzo un acuerdo que permite devolver a los refugiados y abandonarlos a su suerte. Daba lo mismo la responsabilidad de los gobiernos occidentales en los conflictos en Medio Oriente y África. Pasaba por alto que el enemigo común para los refugiados también fuera el Estado Islámico. Poco y nada importaba gasear y reprimir la desesperación que se incrementaba entre esas carpas que de poco y nada servían para evadir el frío en la frontera.

Pero ese extremo parece lejano a un país como Chile, aislado geográficamente entre cordillera y mar. Desconectado también a nivel mediático del acontecer internacional que sólo aparece en los medios cuando suceden hechos impactantes, instalados en lo espectacular, desvinculados de los contextos.

Acá el tema migratorio no se asocia jamás a palabras como guerra o refugiado. Como si en Colombia no hubiera muertos por el conflicto armado que, según el Registro Único de Victimas, supera los 7 millones y medio de personas. Como si el hambre y la pobreza en Haití, dos guerras silenciosas que matan por igual, no los convirtiera en refugiados.

Chile es uno de los países con más altos índices de racismo en el vecindario. Quizás por eso, el caso del diseñador de páginas web, Julio Valdivia, es un ejemplo de la urgencia de un proyecto de ley que regule la vulnerabilidad que viven los extranjeros que residentes.

Valdivia, de nacionalidad peruana, llegó a Chile en 2010 para trabajar junto a una socia que desistió de la empresa y lo llevó a perder su primera visa de turista. Esa situación hizo que la Policía de Investigaciones comenzara a indagarlo, mientras el diseñador se esforzaba por obtener una visa de trabajo.

“Esa primera experiencia en Chile marcó para las autoridades las interpretaciones que pueden darse en este contexto, que soy conflictivo. Me he defendido de toda suerte de discriminación y mitos que una persona que viene a trabajar honradamente genera en algunos estamentos de la sociedad chilena”, comentó Valdivia al diario electrónico de Radio Universidad de Chile.

Luego de cumplir con algunos requisitos, el limeño consiguió la visa temporal y después de dos años solicitó la residencia definitiva que le fue negada, “el Departamento de Extranjería me la rechaza porque yo presento demasiados reclamos de los funcionarios, es decir, me declaran incompetente para Chile por un hecho del que no tengo ninguna sentencia” explicaba Valdivia.

El profesional acudió a la Corte de Apelaciones y en 2014  recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta este año no ha podido conseguir su permiso de permanencia. Acusa que el Departamento de Extranjería lo ha puesto en un limbo. El inmigrante peruano concluyó que deberá esperar hasta 2017 para tener nuevamente la posibilidad de optar por una vivienda.

La urgencia de legislar al respecto es que en casos como los de Julio Valdivia, se comprueba que el sistema de visas en Chile es burocrático y excluyente. Existen más de 30 tipos de visas agrupadas en 4 categorías, por lo que hay casos de personas que llegan a cambiar de visa y cédula de identidad hasta 3 veces al año, convirtiéndolos en migrantes vulnerables, sin estabilidad económica, sin defensa ante prácticas irregulares y terribles como la trata o el tráfico de personas.

Se dan círculos viciosos e ilógicos como que para optar a una visa de trabajo es necesario tener un contrato de trabajo y para tener un contrato de trabajo es necesario tener una cédula de identidad nacional. Sin visa, el inmigrante no puede optar a una cédula de identidad, es decir, tampoco a un contrato regulado conforme a las leyes del país.

Por eso, muchos de ellos terminan cruzando la frontera como turistas y accediendo a empleos precarios sin leyes sociales que los protejan. La vivienda es otra de las condiciones que los sitúa en ese espacio diferente, que les recuerda que acá no son bienvenidos, que los obliga a vivir en lugares pequeños, hacinados, inmuebles de escasa calidad. Muchos de ellos, provenientes del Caribe y zonas con condiciones climáticas tan distintas, deben adecuarse no sólo a los cambios sociales, culturales y emocionales, sino además a un clima nuevo en el que no tienen lo básico para evitar enfermedades y enfrentar las duras condiciones del invierno.

Una de cada 4 personas migrantes vive en condiciones de grave hacinamiento, discriminación social y racial. Por eso el Movimiento de Acción Migrante (MAM) insiste en la urgencia, pero también en el fondo y la forma. Para ellos, el enfoque tiene que estar en los derechos humanos de las personas y comunidades. Propone cambiar el sistema de visas, obsoleto y excluyente por una visa de uso múltiple que permita desarrollar actividades lícitas y el acceso a derechos básicos e igualitarios a los de cualquier residente. También considera importante fomentar la regularidad al no exigir que la persona solicitante cuente con un contrato de trabajo para lograr ese estatus.

Otro punto, es el de evitar la sobrecarga y los costos de transacción al no contar con un contrato y transparentar la información y el estado de las personas migrantes.

En cuanto a la renovación, MAM propone que la visa dure un año renovable por otros 12 meses, permitiendo residencia definitiva desde el tercer año en adelante.

El racismo es otro componente de peso en los temas relacionados a la inmigración. El 15 y 16 de abril de 2015, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile realizó un seminario titulado Racismo en Chile: la piel como marca de la inmigración. En él se repasaba las características de esa xenofobia contra personas provenientes principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Haití.

La inmigración se ha convertido en una marca puesta en los cuerpos para señalar el origen, la clase y las condiciones económico-sociales y culturales que caracterizan a hombres y mujeres que llegan a nuestro país buscando trabajo, acogida y consideración, decía la presentación de ese seminario.

Entonces, cuando todo parecía recordar por qué es importante que el Gobierno tome cartas en el asunto, el jefe del Departamento de Extranjería Rodrigo Sandoval confirmó que se decidió aplazar el proyecto de ley argumentando un ajuste presupuestario y la necesidad de reorganizar los recursos destinados a la futura institucionalidad.

El plazo estaba fijado para el primer trimestre de este año, pero se ha debido aplicar un proceso de rediseño.

La idea es dejar atrás la normativa que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, como la posibilidad de reconocer la nacionalidad chilena a niños que habiendo nacido en el país, se les negó porque sus padres se encontraban en irregularidad migratoria al momento de nacer.

Aunque los prejuicios y la discriminación instalan el mito que la ola migratoria influye en el aumento de la delincuencia, el propio Sandoval aseguró que las cifran niegan esta sospecha, pues los extranjeros no delinquen más que los chilenos.

Lo cierto es que en cada frontera que se levanta, cada muro que se impone, cada ley que niega las cuotas de inmigrantes, se agrede un derecho fundamental y en nada detiene los procesos de movilidad, presentes en todas las etapas de la historia de la Humanidad. La ley se necesita para regular, no para condenar a muerte a personas, que como la mayoría, sólo buscan techo, comida, seguridad y dignidad. Nada más, pero sobre todo, nada menos.