Baja de los commodities: ¿Quién nos puede salvar de Codelco?

Al menos en el Valle del Aconcagua, se cree que no todo anda tan bien en Codelco como las autoridades se han empeñado en señalar. En ese sentido, cabe al menos preguntarse el tipo de influencias que la cuprífera Estatal posee.

Al menos en el Valle del Aconcagua, se cree que no todo anda tan bien en Codelco como las autoridades se han empeñado en señalar. En ese sentido, cabe al menos preguntarse el tipo de influencias que la cuprífera Estatal posee.

A propósito del nuevo llamado que hace Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco, -realizado en la conmemoración de los 45 años de la nacionalización del cobre-  a construir un “nuevo acuerdo” para la minera,  es preciso señalar a qué tipo de nuevo trato apunta el señor Pizarro, en tiempos en que la minería ha causado grande estragos tanto a las comunidades que conviven a diario con estas grandes empresas mineras, ya sea Estatal o de capitales transnacionales, como para el ecosistema en el que habitamos. A qué se refiere cuando habla de “…mantener nuestro liderazgo mundial en la producción de cobre” o comenta que “Hoy la meta es ser más productivos, más innovadores y más sustentables…” ¿Qué es lo que Pizarro le está pidiendo al país y a los territorios? ¿Un poco más de laxitud?

Teniendo en cuenta que en mayo recién pasado reconocía que: “no estamos cómodos con nuestro actual estándar ambiental, y por eso estamos desarrollando e implementando planes de acción para cumplir con los estándares ambientales del año 2050; desarrollando una enorme cartera de inversiones”[i]. Entrevista en la cual se refiere extensamente a los nuevos proyectos de inversión, en un año en el que en sólo tres meses, cada uno de los territorios en los que se emplaza el proyecto Andina, ha tenido algún problema severo de derrames, tanto de concentrado de cobre como el ocurrido en Río Blanco, Provincia de Los Andes; como la descarga de relaves ocurrido en el Tranque Ovejería en la localidad de Huechún.  Tal parece que habría que hacer una revisión más profunda a las palabras expuestas por Pizarro.

Puesto que a meses del desastre ambiental provocado por la empresa Estatal, en el sector de Río Blanco,  cabe al menos preguntarse el tipo de influencias que la cuprífera Estatal posee, donde –al menos en el Valle del Aconcagua- se cree que no todo anda tan bien como las autoridades se han empeñado en señalar. Para ello haremos un breve recorrido del actuar irresponsable que esta empresa ha tenido.  Donde veremos que quizás no es casualidad que el grueso de estos derrames está absolutamente ligado al ciclo de la baja de los precios del cobre cuyo boom extractivo tuvo un peak, fluctuante en todo caso, entre los años 2003 y 2012. [ii]

Codelco Andina y sus derrames

En septiembre de 2011, Codelco Andina libero 300 m3 (300 mil litros) de concentrado de cobre, proveniente de un estanque acumulador, del cual, según informó la empresa “sólo” 5 mil litros cayeron directamente al río, mientras 250 mil litros quedaron “depositados” en los suelos adyacentes al estanque.

En diciembre de 2012, 2 líneas de transportes rotas, produjeron un nuevo derrame de concentrado de cobre, dentro de la planta de operaciones de Codelco Andina, donde según informó haber sido “contenidos por canaletas de emergencia dentro de la planta”[iii].

En julio de 2014, Codelco derramó 20 centímetros de material viscoso y de color anaranjado, donde la comunidad en conjunto con BRIDEMA (Brigada de Delitos Medioambientales) de la PDI declararon que no “había señales de algas ni de ningún indicador de vida en el lecho. Río arriba, hacia donde confluyen los tributarios del río, se pudo ver al Río Blanco bajando completamente blanco, con un material que cubría las rocas y el lecho y que despedía un olor irritante y muy intenso”[iv].

En octubre de 2015, un carro del tren de carga de Codelco Andina, vuelca derramando 3 m3 (3 mil litros) de concentrado de cobre, a orillas de Río Blanco. De este hecho, poco se dijo, pues el acento estuvo puesto en que fue a orillas y no dentro del río, donde finalmente con maquinaria podrían “remover” el concentrado.

Cuatro meses después, en febrero de 2016, los temores de de la comunidad se hicieron realidad, sin embargo, da la impresión de que nada hubiese sucedido, los datos oficiales hablan de 50 m3, lo cual equivale a 50 mil litros de concentrado de cobre vertido directamente al río.  Donde los habitantes del territorio siempre sospecharon que tal cantidad era mayor a lo señalado por la empresa, considerando que no fue ésta quien dio la alerta, sino los regantes. Por tanto, no se supo a ciencia cierta a qué hora se produjo la rotura de cañería, ni cuantos litros más fueron vertidos sin que se tuviera registro.

Pese a todo, el derrame salió de las fronteras provinciales y por más que los distintos organismos de salud, minería, medio ambiente y aguas (DGA) se reunieran para resolver qué hacer en este tipo de emergencias sanitarias, se realizaron estudios por los mismos organismos públicos que protegen a la Estatal, amparados por el mito que circunda, a la minería en general y a Codelco en particular, de constituir el “sueldo de Chile”. Lema bajo el cual justifican los más grandes horrores ambientales. Cabe al menos pensar que 50 mil litros de concentrado de cobre vertidos al río, no constituye para Codelco un drama mayor.  Pues cuenta con el respaldo político suficiente, recordando las declaraciones del Diputado de la 5ta Región Cordillera Marco Antonio Núñez[v], con la que permitió sacar de la discusión a la cuprífera estatal e instalar a los fantasmagóricos vacíos legales, bajo los cuales la clase política accede a aprobar leyes, pero a la medida de las empresas.

De otra manera no se entiende que, hasta ahora, existan grandes empresas extractivas como Codelco y su división Andina, que no tenga regularizados los puntos de captación de sus derechos de aprovechamiento de agua, donde incluso Javier Crasemann, presidente de la primera sección de la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua, señaló en el mes de marzo, post rotura de cañería, que la empresa “ha construido un embalse en la que era la laguna “La Turquesa” y construye una serie de obras hidráulicas (como en la que se produjo el derrame) sin contar con el respectivo permiso, todo a vista y paciencia de la DGA”[vi]

Desde Codelco, ofrecieron sus disculpas, sancionaron al gerente de operaciones Ricardo Palma, anunciaron cómo es que llegaran a ser una empresa con “sello verde”, en miras a quedar bien con todo el mundo,  pero no podrán asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir, es más, en esta lista no se contabilizó en detalle los derrames provocados en la localidad de Huechún Comuna de Til-Til con las descargas de relave en Ovejería, provocado por otra falla evitable, otra rotura de cañería, otra fiscalización no realizada y con ello se puede presumir que en la baja del ciclo de los commodities, los acentos de Codelco no están puestos en el resguardo de las comunidades, frente a las cuales se autodenomina “buen vecino”, ni menos en los ecosistemas sobre los cuales expande sus fronteras de extracción.

Con estos antecedentes, considerando que Codelco, por ser la empresa del Estado, debiese marcar la pauta en el cumplimiento de la normativa (que de todas maneras es débil) cabe preguntarse qué se espera para las empresas privadas y transnacionales, quienes mediante la Política Minera, impulsada por este gobierno pretenden extraer de aquí a 2025  9,54 millones de toneladas de cobre al año, lo que representa un aumento del 65% de extracción respecto al año 2014[vii].

Eso, al menos hasta antes de la caída del precio los commodities,  donde el actual gobierno insiste en cimentar los horizontes del extractivismo, en vez de cambiar y apostar a otro modelo de desarrollo. Cimientos expresados, por ejemplo, en un Proyecto de Ley mal llamado de “Protección” de Glaciares, donde mediante indicaciones sustitutivas dictadas desde el Ministerio de Medioambiente, se reemplazó completamente el proyecto original.  Tales modificaciones van en estrecha concordancia con las presiones realizadas tanto por el Consejo Minero como por la Estatal Codelco, quienes asistieron a la Comisión de Medioambiente en dos oportunidades respectivamente.

Por tanto, en épocas en que el Presidente Ejecutivo de Codelco, pide un nuevo acuerdo al país, una suerte de nuevo “contrato social” de la extracción minera, pidiéndole a los territorios, principales opositores a cualquier proyecto expansivo confíen en la empresa estatal, que no se oponga a los nuevos proyectos, o a la ampliación de los ya existentes, que a cambio, los dineros permitirán alcanzar el tan “anhelado” desarrollo, mito fundacional de toda la estructura actual. Sin embargo,  sus acciones recién pasadas están tan llenas de corrupción, de financiamiento a las fuerzas armadas por más de 25 años, justificando a través de la sustentabilidad, la reinserción de cuestionable proyecto Andina 244, sin considerar siquiera la caída de los precios del cobre, pese a ello, los cimientos extractivistas son defendidos a fuego, de modo que ¿quién más que las propias comunidades, nos podrán salvar de Codelco, de sus derrames, tranques de relave, contaminación,  y de la destrucción de glaciares, hechos provocados por sus distintos proyectos y por toda la megaminería?

* Stefanía Vega Zúñiga es Antropóloga del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA





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