Tanto el presidente de la Comisión de Minería, Cristian Tapia (PPD), como el diputado Daniel Valenzuela (RN) apuntaron a la necesidad de que se transparente el destino de los US$2 mil 423 millones que retendrá la cuprífera.
El castigo más severo afectó a César Márquez Márquez, exgerente de Presupuesto y Control de Gestión, quien fue despedido sin derecho a indemnización por haber autorizado la contabilización de esos excedentes.
En el marco del Día del Minero, el biministro de Economía, Daniel Mas, confirmó que los US$2.423 millones correspondientes al ejercicio 2025 permanecerán íntegramente en la empresa, sin que el Fisco retire recursos.
El emplazamiento del Presidente Kast a los parlamentarios del oficialismo expuso las tensiones internas del sector. Además, reabrió la discusión sobre la conducción política y la estrategia comunicacional de La Moneda.
Daniel Valenzuela (IND-RN) advirtió que la deuda de la estatal casi triplica el promedio de la minería privada y planteó evaluar la venta de divisiones no viables.
El parlamentario aseguró que más allá de las prioridades de Gobierno, los parlamentarios oficialistas tienen que poner sobre la mesa otras materias, como el de la venta de misotrol o la privatización de Codelco.
El cientista político Mario Herrera planteó que la discusión desvía la atención de la agenda del Ejecutivo y le otorga un “respiro” al Gobierno, al tiempo que expone el debate sobre la identidad política de la tienda fundada por el Presidente Kast.
El diputado del Frente Amplio aseguró que el debate es un “voladero de luces” para justificar la venta de activos y “desarmar” la sociedad público-privada. Así, llamó a la oposición a no caer en la “provocación” y generar su propia agenda.
La iniciativa para abrir la propiedad de Codelco provocó reacciones desde el Gobierno, el oficialismo, sindicatos y la oposición. Mientras La Moneda descarta la privatización con matices, se reinstala el debate sobre el rol estratégico de la empresa.
El presidente del directorio expuso los ejes de su gestión ante diputados y adelantó una revisión estratégica que considerará proyectos, financiamiento y posibles desinversiones para fortalecer la situación financiera de la estatal.
El recurso ingresado por la defensora penal pública Patricia Alvarado Masafierro solicita sustituir la medida por arresto domiciliario total y arraigo nacional, además de incorporar antecedentes médicos y familiares.
Trabajadores, parlamentarios y dirigentes expusieron sus reparos al manejo del caso, mientras crecen las presiones para aclarar quién autorizó reportes que terminaron impactando bonos, balances y resultados de la estatal.
La extitular de Minería reconoció la gravedad del escándalo por sobreestimación de 27 mil toneladas de cobre, pero destacó que los sistemas de fiscalización reaccionaron a tiempo. Además, descartó cualquier viabilidad política para una privatización.
El anuncio se realizó durante la primera sesión del directorio encabezado por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine. Además, se establecieron cuatro pilares estratégicos para el nuevo mandato de la empresa estatal.
En medio de investigaciones por sobreestimación de producción y cambios en el directorio de la minera estatal, el parlamentario del Partido Comunista defendió la alianza con SQM en litio y advirtió sobre un intento de privatizar la empresa.
El presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, habría estado al tanto de la alteración de cifras. El diputado PPD, Cristián Tapia, pidió al nuevo directorio realizar una denuncia adicional ante Fiscalía y presentar una querella.
El exlíder de la estatal oficializó su salida mediante una carta dirigida a Bernardo Fontaine, donde defendió su gestión y acusó motivaciones “puramente partidistas” tras las presiones para dejar el proyecto ligado al litio.
