La Contraloría General de la República invalidó este martes las pensiones de once funcionarios de Gendarmería que recibieron suculentas sumas de dinero como jubilación, entre ellos, Myriam Olate. El dictamen tuvo origen en la polémica acerca de estas cuantiosas pensiones y un dictamen anterior del organismo que fija el máximo de pensiones para los funcionarios de Gendarmería en 60 UF mensuales.
Desde el organismo estimaron que en términos jurídicos, Myriam Olate no reunía los requisitos para poder recibir pensiones desde Dipreca, por lo que no le correspondía jubilarse en esa entidad, ni menos por los montos conocidos. Además, a los funcionarios se les objetó que antes de pasar a retiro fueran reasignados a labores críticas o de confianza con el fin de aumentar el sueldo antes de la jubilación, y así aumentar sus pensiones.
La noticia no sorprendió a la oposición. El diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards se refirió a este dictamen y exigió que se castigue a los responsables de la determinación.
“Esto confirma lo que dijimos en la interpelación de que estas pensiones son completamente ilegales, y que hay gente que tiene que responder, porque perfectamente podría haber delito. Por eso, le exigimos al Ministerio de Justicia, a Gendarmería, que inicien los sumarios correspondientes para establecer responsabilidades; y a la ministra Javiera Blanco que explique al país por qué justificó este tipo de pensiones de más de cinco millones de pesos, lo cual constituye una falta grave, no solamente contra la igualdad y la equidad, sino una falta grave respecto a la ilegalidad de estas pensiones”, sostuvo el parlamentario.
En tanto desde los funcionarios miran el tema con recelo. El director de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, estima que si bien se actuó como se debía frente a una situación que calificó de abusiva, dice que la Contraloría ha concentrado sus esfuerzos en deslegitimar los derechos de los gendarmes y las fuerzas de orden respecto a sus sistemas de pensiones.
Incluso, recalcó que fue el mismo organismo contralor quien propició que episodios como los de las pensiones de Myiriam Olate sucedieran. “Lo interesante del tema es que el contralor general de la república en definitiva aquí viene a dejar sin efecto una tramitación que el mismo realizó. Porque el contralor no puede desconocer que fue el mismo contralor, el señor Bermúdez, quien tramitó la pensión de la señora Myriam Olate. Entonces como él se debe recordar, que hay un principio administrativo que no se puede olvidar y es que aquí se delega la función, pero nunca se delega la responsabilidad. Por lo tanto, es responsabilidad del contralor general de la república haber tramitado a lo menos unas diez pensiones desde que él asumió y que excedían este tope del que estamos hablando”, dijo Benavides.
Agrega que la Contraloría se ha excedido en sus facultades y que no puede seguir interpretando la ley antojadizamente, de manera de perseguir a las instituciones de orden y alega que esto pone en peligro el patrimonio de los funcionarios.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, Carlos Fernández, estimó que se actuó bien frente a una situación que empañó la honra del trabajo de su institución.
“Acá lo que se busca es que se haga lo que es justo, lo que corresponde, lo que se juste a derecho. También por una parte a nosotros nos satisface que si uno le pregunta al común de la ciudadanía, el tener una pensión en lo que estaba ostentando ese grupo de personas a los que les fue objetada por Dipreca su tema relacionado con pensiones, de cierta manera va a equilibrar un poquito lo que piense la opinión pública respecto al tema de la pensiones de la gente de nuestro servicio.
Sin embargo, Fernández recordó que la demanda por eliminar el tope de 60 UF en las pensiones de los funcionarios lo entienden como un “derecho adquirido” que debe respetarse, y que no puede ser arrebatado por acciones de unos pocos que, según coincidió con Óscar Benavides, afectaron la reputación del trabajo y trayectoria de cientos de funcionarios.
La Contraloría General de la República invalidó este martes las pensiones de once funcionarios de Gendarmería que recibieron suculentas sumas de dinero como jubilación, entre ellos, Myriam Olate. El dictamen tuvo origen en la polémica acerca de estas cuantiosas pensiones y un dictamen anterior del organismo que fija el máximo de pensiones para los funcionarios de Gendarmería en 60 UF mensuales.
Desde el organismo estimaron que en términos jurídicos, Myriam Olate no reunía los requisitos para poder recibir pensiones desde Dipreca, por lo que no le correspondía jubilarse en esa entidad, ni menos por los montos conocidos. Además, a los funcionarios se les objetó que antes de pasar a retiro fueran reasignados a labores críticas o de confianza con el fin de aumentar el sueldo antes de la jubilación, y así aumentar sus pensiones.
La noticia no sorprendió a la oposición. El diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards se refirió a este dictamen y exigió que se castigue a los responsables de la determinación.
“Esto confirma lo que dijimos en la interpelación de que estas pensiones son completamente ilegales, y que hay gente que tiene que responder, porque perfectamente podría haber delito. Por eso, le exigimos al Ministerio de Justicia, a Gendarmería, que inicien los sumarios correspondientes para establecer responsabilidades; y a la ministra Javiera Blanco que explique al país por qué justificó este tipo de pensiones de más de cinco millones de pesos, lo cual constituye una falta grave, no solamente contra la igualdad y la equidad, sino una falta grave respecto a la ilegalidad de estas pensiones”, sostuvo el parlamentario.
En tanto desde los funcionarios miran el tema con recelo. El director de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, estima que si bien se actuó como se debía frente a una situación que calificó de abusiva, dice que la Contraloría ha concentrado sus esfuerzos en deslegitimar los derechos de los gendarmes y las fuerzas de orden respecto a sus sistemas de pensiones.
Incluso, recalcó que fue el mismo organismo contralor quien propició que episodios como los de las pensiones de Myiriam Olate sucedieran. “Lo interesante del tema es que el contralor general de la república en definitiva aquí viene a dejar sin efecto una tramitación que el mismo realizó. Porque el contralor no puede desconocer que fue el mismo contralor, el señor Bermúdez, quien tramitó la pensión de la señora Myriam Olate. Entonces como él se debe recordar, que hay un principio administrativo que no se puede olvidar y es que aquí se delega la función, pero nunca se delega la responsabilidad. Por lo tanto, es responsabilidad del contralor general de la república haber tramitado a lo menos unas diez pensiones desde que él asumió y que excedían este tope del que estamos hablando”, dijo Benavides.
Agrega que la Contraloría se ha excedido en sus facultades y que no puede seguir interpretando la ley antojadizamente, de manera de perseguir a las instituciones de orden y alega que esto pone en peligro el patrimonio de los funcionarios.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, Carlos Fernández, estimó que se actuó bien frente a una situación que empañó la honra del trabajo de su institución.
“Acá lo que se busca es que se haga lo que es justo, lo que corresponde, lo que se juste a derecho. También por una parte a nosotros nos satisface que si uno le pregunta al común de la ciudadanía, el tener una pensión en lo que estaba ostentando ese grupo de personas a los que les fue objetada por Dipreca su tema relacionado con pensiones, de cierta manera va a equilibrar un poquito lo que piense la opinión pública respecto al tema de la pensiones de la gente de nuestro servicio.
Sin embargo, Fernández recordó que la demanda por eliminar el tope de 60 UF en las pensiones de los funcionarios lo entienden como un “derecho adquirido” que debe respetarse, y que no puede ser arrebatado por acciones de unos pocos que, según coincidió con Óscar Benavides, afectaron la reputación del trabajo y trayectoria de cientos de funcionarios.
La Contraloría General de la República invalidó este martes las pensiones de once funcionarios de Gendarmería que recibieron suculentas sumas de dinero como jubilación, entre ellos, Myriam Olate. El dictamen tuvo origen en la polémica acerca de estas cuantiosas pensiones y un dictamen anterior del organismo que fija el máximo de pensiones para los funcionarios de Gendarmería en 60 UF mensuales.
Desde el organismo estimaron que en términos jurídicos, Myriam Olate no reunía los requisitos para poder recibir pensiones desde Dipreca, por lo que no le correspondía jubilarse en esa entidad, ni menos por los montos conocidos. Además, a los funcionarios se les objetó que antes de pasar a retiro fueran reasignados a labores críticas o de confianza con el fin de aumentar el sueldo antes de la jubilación, y así aumentar sus pensiones.
La noticia no sorprendió a la oposición. El diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards se refirió a este dictamen y exigió que se castigue a los responsables de la determinación.
“Esto confirma lo que dijimos en la interpelación de que estas pensiones son completamente ilegales, y que hay gente que tiene que responder, porque perfectamente podría haber delito. Por eso, le exigimos al Ministerio de Justicia, a Gendarmería, que inicien los sumarios correspondientes para establecer responsabilidades; y a la ministra Javiera Blanco que explique al país por qué justificó este tipo de pensiones de más de cinco millones de pesos, lo cual constituye una falta grave, no solamente contra la igualdad y la equidad, sino una falta grave respecto a la ilegalidad de estas pensiones”, sostuvo el parlamentario.
En tanto desde los funcionarios miran el tema con recelo. El director de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, estima que si bien se actuó como se debía frente a una situación que calificó de abusiva, dice que la Contraloría ha concentrado sus esfuerzos en deslegitimar los derechos de los gendarmes y las fuerzas de orden respecto a sus sistemas de pensiones.
Incluso, recalcó que fue el mismo organismo contralor quien propició que episodios como los de las pensiones de Myiriam Olate sucedieran. “Lo interesante del tema es que el contralor general de la república en definitiva aquí viene a dejar sin efecto una tramitación que el mismo realizó. Porque el contralor no puede desconocer que fue el mismo contralor, el señor Bermúdez, quien tramitó la pensión de la señora Myriam Olate. Entonces como él se debe recordar, que hay un principio administrativo que no se puede olvidar y es que aquí se delega la función, pero nunca se delega la responsabilidad. Por lo tanto, es responsabilidad del contralor general de la república haber tramitado a lo menos unas diez pensiones desde que él asumió y que excedían este tope del que estamos hablando”, dijo Benavides.
Agrega que la Contraloría se ha excedido en sus facultades y que no puede seguir interpretando la ley antojadizamente, de manera de perseguir a las instituciones de orden y alega que esto pone en peligro el patrimonio de los funcionarios.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, Carlos Fernández, estimó que se actuó bien frente a una situación que empañó la honra del trabajo de su institución.
“Acá lo que se busca es que se haga lo que es justo, lo que corresponde, lo que se juste a derecho. También por una parte a nosotros nos satisface que si uno le pregunta al común de la ciudadanía, el tener una pensión en lo que estaba ostentando ese grupo de personas a los que les fue objetada por Dipreca su tema relacionado con pensiones, de cierta manera va a equilibrar un poquito lo que piense la opinión pública respecto al tema de la pensiones de la gente de nuestro servicio.
Sin embargo, Fernández recordó que la demanda por eliminar el tope de 60 UF en las pensiones de los funcionarios lo entienden como un “derecho adquirido” que debe respetarse, y que no puede ser arrebatado por acciones de unos pocos que, según coincidió con Óscar Benavides, afectaron la reputación del trabajo y trayectoria de cientos de funcionarios.
