Según el organismo fiscalizador, el jefe comunal participó en actos administrativos relacionados con estas contrataciones y situaciones laborales, pese a la existencia de vínculos que exigían abstención.
Sebastián Urrejola Aranda debió dejar el cargo luego de que el organismo fiscalizador acreditara el uso irregular de un inmueble de 1.000 metros cuadrados en Portofino por cerca de 16 años.
El académico de la U. de Chile señaló que el pronunciamiento identifica una infracción legal, pero enfatizó que cualquier consecuencia política dependerá de las decisiones del Congreso. Además, defendió la potestad dictaminante del organismo.
La exministra de Seguridad argumentó que el pronunciamiento incurre en errores de derecho y no consideró nuevos antecedentes relevantes. Además, reclamó que el dictamen no le fue notificado formalmente.
El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó el alcance del informe del organismo fiscalizador y apuntó a que la exministra no buscó un beneficio personal. Así, advirtió que el poder político reside en el Congreso y el Presidente.
El biministro relativizó el episodio, defendió la gestión de la exautoridad y señaló que este tipo de situaciones pueden presentarse en el ejercicio de cargos públicos.
La Contraloría instruyó reiniciar el procedimiento disciplinario al determinar que la investigación desarrollada por el Ministerio del Interior no agotó el análisis de las eventuales responsabilidades administrativas en el proceso.
La Policía de Investigaciones descartó que existan antecedentes de delitos como tráfico o trata de personas. La ministra Wulf valoró el resultado de la búsqueda y destacó que ahora el foco está puesto en el seguimiento de los casos.
La autoridad anunció que se reunirá mañana con la Contraloría y el Presidente de la República. Además, valoró que el Gobierno pusiera el foco en la protección social al dejar la fuerza de tarea bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social.
La abogada Carolina Rudnick criticó los giros comunicacionales de La Moneda ante la denuncia por el ingreso de NNA desde Haití. Además, se reveló que el Ministerio Público tenía los antecedentes desde hace tres años.
Los alcaldes informaron el hallazgo de niños incluidos en el listado elaborado por el Gobierno tras la creación de una fuerza de tarea para localizar a menores haitianos cuyo paradero era desconocido luego de su ingreso al país entre 2022 y 2025.
A través de un oficio dirigido al biministro Louis de Grange, el ente controlador objetó la flexibilización de requisitos técnicos para los vehículos de aplicaciones de transporte que impulsaba el Gobierno.
Parlamentarios presentaron requerimientos ante la CGR tras la resolución del SII que permite a las plataformas de apuestas en línea pagar impuestos. Acusan que esta medida abre una vía de reconocimiento administrativo para una actividad ilegal.
Los diputados Juan Santana y Luis Cuello solicitaron una revisión de la declaración de patrimonio e interés del titular de Hacienda y lo llamaron a transparentar la información. Mientras, el Ejecutivo descartó que exista tal conflicto.
El organismo estableció que los municipios podrán adquirir elementos de seguridad para autoridades y funcionarios con riesgo acreditado, siempre que existan informes técnicos, denuncia previa y disponibilidad presupuestaria.
El organismo determinó que la Secretaría General de Gobierno no pudo “sustentar técnicamente los términos empleados”. Por ello, la CGR ordenó a la ministra Mara Sedini “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.
El informe detectó que estudiantes sancionados fueron reingresados a los mismos establecimientos o derivados a otros con alta conflictividad, por lo que se ordenó corregir el proceso y reportar avances antes del 31 de mayo.
