La indagatoria surge tras informes de Contraloría que detectaron pagos por servicios no ejecutados, sobreprecios y fallas de control en demoliciones de viviendas siniestradas, con recursos comprometidos por más de $1.100 millones.
El ente contralor justificó la necesidad de la información para fiscalizar los programas orientados a personas trans y defendió su legalidad. “Esta Contraloría jamás ha publicado información que tenga carácter de reservada o secreta”, argumentaron.
Los informes detectaron pagos no acreditados, sobreprecios y fallas en la entrega de ayudas y demoliciones, con sumarios administrativos y antecedentes remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Con la toma de razón del contrato, el proyecto liderado por Enami y Rio Tinto iniciará la explotación de litio en Atacama, proyectando ingresos fiscales por US$ 15.000 millones.
De los 26 mil 692 casos que deben ser investigados mediante sumario, mil 543 cuentan con procesos cerrados. La mayoría de ellos tiene sanción. Sin embargo, parlamentarios cuestionan la baja cantidad funcionarios destituidos.
El Mandatario salió al paso de las declaraciones del futuro ministro de las Culturas, asegurando que los casos aislados de mal uso no justifican la eliminación de un beneficio que ha democratizado el acceso al arte para miles de personas.
El ente fiscalizador solicitó datos sensibles en el marco de la fiscalización de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans. La Subsecretaría de Redes Asistenciales apuesta por “resguardar la confidencialidad de los pacientes”.
Sobre las recriminaciones del Ejecutivo por la postergación de la Ley de Incendios, el parlamentario aseguró que “hay responsabilidades compartidas”. Además, señaló que la iniciativa se votará este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado.
“A mi entender sobrepasa su función”, dijo el senador Gastón Saavedra (PS). “No comparto que se castigue a los trabajadores públicos”, aseguró el senador Daniel Núñez (PC). El proyecto de reajuste se vota esta tarde en la sala del Senado.
Tras el anuncio presidencial, los decretos llegaron a Contraloría con seis horas de desfase. Autoridades regionales acusan “falta de seriedad” ante la urgencia de la emergencia.
El organismo cuestionó que la Corporación Nacional Forestal autorizara una quema controlada en Traiguén, cuando las condiciones climatológicas no eran adecuadas. Respecto a un incendio en Lonquimay, cuestionó el manejo del sistema Sidco.
La instancia de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó fijar plazo para el viernes 9, a las 12 horas, para el ingreso de indicaciones y votar el lunes 12 hasta total despacho.
En el ámbito del negocio inmobiliario se producen infinidad de malas prácticas, como consecuencia de una regulación urbana compleja y a veces hasta contradictoria, situaciones que dan pábulo a interpretaciones antojadizas para que los proyectos de los inversionistas dispongan de mayores rentabilidades. En el último tiempo la industria de la construcción, asistida por los medios […]
La minera destacó que el proceso permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez de la asociación, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero.
Si bien se logró reponer los gastos variables de cerca de una decena de partidas de la propuesta de erario para el próximo año, las relativas a la Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud y Minería, se despacharon con rechazos.
El abogado constitucionalista analizó los libelos acusatorios contra el exministro de Energía, Diego Pardow, y el juez Antonio Ulloa, advirtiendo sobre el uso político de este mecanismo y sus efectos en la estabilidad del sistema institucional.
El Ejecutivo ingresó una iniciativa para ampliar las facultades del organismo. Las claves: levantamiento del secreto bancario de cuentas institucionales y fiscalización de corporaciones municipales.
