Los legisladores Briones, Ossandón, Ramírez y Contreras, recalcaron su compromiso con el resguardo de los recursos públicos, por lo que oficiaron al órgano contralor.
El organismo señaló que la TGR es la entidad encargada de cobrar todo crédito «de los cuales ha operado la garantía estatal (…) sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar convenios de administración con entidades financieras respectivas”.
El organismo contralor asegura que los gastos del viaje a Washington fueron cubiertos íntegramente por la OPS, que las salidas al extranjero responden a compromisos internacionales y que las licencias médicas internas cayeron un 16,2% durante 2025.
La multisindical pidió información estadística sobre la cantidad de funcionarios de planta, a contrata y a honorarios en distintas reparticiones públicas, así como el número de desvinculaciones registradas en el periodo mencionado.
Según el ente fiscalizador, el gasto total en celebraciones municipales alcanzó más de $31 mil millones en 2024 y superó los $12 mil millones en 2025. Un 39% de estos recursos se destinó a producción de eventos y servicios asociados.
La Contralora Dorothy Pérez dictaminó que la fundación deberá cubrir con recursos propios los bonos y aguinaldos que excedan el marco legal, agravando la crisis financiera de la institución que arrastra un déficit de $1.500 millones.
Los parlamentarios acusaron uso indebido de canales institucionales y desinformación desde el Ejecutivo, solicitando a Contraloría investigar responsabilidades administrativas y políticas por mensajes que han tensionado el debate público.
El abogado Álvaro Morales Marileo reconoció que su perfil político no era compatible con la nueva administración. Para ocupar su cargo suenan dos nombres: los abogados Richard Caifal e Ignacio Malig, ambos con vínculos a la administración de Piñera.
“Tras su reingreso, este 18 de marzo, tomamos razón del decreto (…) que aprueba el Plan para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin”, comunicó la Contraloría General de la República.
La excandidata presidencial afirmó que espera que «la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”.
Auditoría revela pagos por más de mil millones de pesos en desvinculaciones por mutuo acuerdo y compras por trato directo sin respaldo técnico durante el periodo 2022-2024.
La entidad fiscalizadora constató que vehículos provenientes de Argentina pueden ingresar a Chile utilizando el carril de salida, evadiendo completamente los controles obligatorios, situación que se conoce desde 2021.
El ente fiscalizador además se pronunció sobre siete reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby por parte de la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
El ministro de Vivienda pidió analizar con seriedad los hallazgos que incluyen sobreprecios de hasta 557% y pagos sin respaldo, defendiendo la urgencia con la que se actuó tras la tragedia.
Diversas cortes están tramitando recursos de protección para evitar la entrega de datos a Contraloría, algunos han sido declarados admisibles, otros no. “Va a definir el alcance de la privacidad en Chile”, dijo la abogada.
La indagatoria surge tras informes de Contraloría que detectaron pagos por servicios no ejecutados, sobreprecios y fallas de control en demoliciones de viviendas siniestradas, con recursos comprometidos por más de $1.100 millones.
El ente contralor justificó la necesidad de la información para fiscalizar los programas orientados a personas trans y defendió su legalidad. “Esta Contraloría jamás ha publicado información que tenga carácter de reservada o secreta”, argumentaron.
