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Año XII, 24 de noviembre de 2020

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Funcionarios de Gendarmería: “La institución está enferma”

Trabajadores de Gendarmería reconocieron que el “cuoteo político” en la designación de altos cargos del organismo se ha profundizado en estos últimos años. “El caso del ex dirigente sindical y militante de la Democracia Cristiana, Pedro Hernández, que ascendió en su cargo de un momento a otro, es el más conocido, pero en absoluto el único”, afirmaron desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).

Natalia Figueroa

  Miércoles 20 de julio 2016 17:21 hrs. 
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El “cuoteo político” en la designación de altos cargos en Gendarmería fue denunciado a través de un video que hizo público un gremio de trabajadores del organismo.

En una reunión que sostuvieron representantes de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) con el jefe de gabinete de esta institución, Carlos Aparicio, un día después de la renuncia del ex director Tulio Arce, se evidenciaron los vínculos políticos implicados en los ascensos irregulares de funcionarios al interior del organismo como el de Pedro Hernández, militante de la Democracia Cristiana y ex dirigente penitenciario, que asumió como jefe de Participación Ciudadana.

“Gendarmería está enferma, pero ustedes mismos han fomentado la otra enfermedad que es la proliferación de partidos políticos al interior. Yo estaba ahora en el primer piso, y como conozco a toda la gente, veía pasar un radical, un socialista, un PPD (…) Ustedes aquí tienen plagado el cuarto piso de demócratas cristianos”, señaló el presidente de la asociación, Alberto Figueroa.

“No vamos a estar de acuerdo que vengan a interponer a otro oficial civil en Gendarmería, porque lamentablemente nos van a obligar a denunciar cosas (….) Nosotros sabemos quién le dispuso al director que contratara a Pedro Hernández y que le modificara su cargo”, agregó el dirigente.

Mientras, desde la otra colectividad de trabajadores, la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), su presidente, Joe González, reconoció que en septiembre de 2015 también habrían revelado estos vínculos políticos a Aparicio, donde el caso Pedro Hernández sería el más conocido, pero nunca el único.

“Eso uno lo ve con dudas porque si ellos estaban en conocimiento que había un suboficial como Hernández tendrían que haberlo denunciado antes, si no serían cómplices de esta situación”, recalcó.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Juan Carlos Orellana, criticó que los oficiales denunciaran la situación meses después de conocer los antecedentes, de los que ellos, indicó, se enteraron por la prensa.

“Yo particularmente a través de mensajes de whatsapp le había dicho a Aparicio sobre esta situación porque no nos parecía correcto y su respuesta fue bastante somera, finalmente no se hizo cargo a pesar de la gravedad de los hechos. Por lo mismo, no pueden alegar desconocimiento en la designación de estos cargos”, expresó.

Orellana añadió que “permanentemente hemos denunciado que el organismo está cooptado por la política, eso no ha cambiado y creemos que en este gobierno se ha profundizado mucho más”.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Ximena Aguirre, dirigenta sindical de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) e integrante del Movimiento “Cabreados” sostuvo que la práctica de pagar favores políticos con la designación de cargos en los organismos del Estado es muy frecuente.

En el ámbito sindical, reconoció el bloqueo de los dirigentes partidistas como ocurrió con Pedro Hernández cuando era dirigente sindical de la Anfup y evitó el ingreso del gremio a la ANEF.

“Cuando se coarta el ingreso de nuevas organizaciones que no tienen padrinos en los partidos de la Nueva Mayoría y por eso no pueden ingresar. Nosotros tenemos organizaciones que por años han querido ingresar a la ANEF la misma Ansog, pero Pedro Hernández con el otro gremio la Anfup los bloqueaba”.

En el video publicado por uno de los cuatro gremios de trabajadores de Gendarmería se afirmaba que muchos de los funcionarios nuevos recibían sueldos de 800 mil pesos, mientras los oficiales militantes de algún partido de la Nueva Mayoría podían estar en grado cuatro o seis con remuneraciones sobre los tres millones de pesos.