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Año XII, 4 de abril de 2020

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Carolina Pérez demanda a Metro por discriminación

La Defensoría de la Discapacidad junto a Carolina Pérez, integrante de Radio Universidad de Chile, interpuso una demanda civil contra Metro apelando a la “Ley Zamudio”. La acción judicial busca que el servicio de transporte evalúe los protocolos de acceso en cada estación y la capacitación obligatoria que deberían tener sus funcionarios respecto a la materia. 

Natalia Figueroa

  Lunes 22 de agosto 2016 20:29 hrs. 





Este lunes la Defensoría de la Discapacidad junto a Carolina Pérez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y conductora del programa “Saliendo a Flote” de nuestra radio, presentaron una demanda contra Metro S.A. invocando la “Ley Zamudio” o antidiscriminación.

Según relató Carolina, el pasado 8 de julio la estación de metro Tobalaba mantenía bloqueado el acceso a personas en situación de discapacidad. Al solicitar ayuda a una de las funcionarias, y asistida por su hermano, esta le respondió que “ninguna silla de ruedas accede sin pagar”, y luego reiterando el mensaje recalcó que “ningún inválido ingresa gratis”, sin identificarse al ser consultada.

Carolina manifestó que ha sido una situación reiterada que evidencia la falta de preparación a los funcionarios respecto a la materia y a la vez la incapacidad del Ministerio de Transportes de fiscalizarlas.

“La falta de fiscalización es brutal. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene una tarea que no se ha llevado a cabo por supuesto. Hay que considerar que esto no sólo es una falta a la ley sino que es una vulneración a las personas según la Convención Internacional sobre derechos de las personas en situación de discapacidad ratificada por Chile en 2008”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Claudio Pinto, fundador de la ONG Defensoría de la Discapacidad, explicó que en este tipo de casos se busca llegar a un acuerdo con las personas o entidades que estarían vulnerando derechos de carácter constitucional, y de no lograrlo se opta por la vía judicial como ocurrió en este caso con Metro.

Si bien la empresa los citó a una reunión para discutir el tema, no dieron a conocer los resultados de la investigación interna que habrían realizado para determinar las responsabilidades correspondientes, precisó el abogado.

“Se ha repetido varias veces que empresas de buses del Transantiago se niegan a llevar a personas en situación de discapacidad. La normativa del Ministerio de Planificación establece que la accesibilidad corresponde a garantizar la independencia de la persona con discapacidad y, por lo mismo, solicitar apoyo a una persona externa a un familiar refleja que claramente no se está cumpliendo con este criterio (…) No puede ser que una institución que tiene el sello de inclusividad de la Senadis no cumpla con garantizar estos accesos”, señaló.

Por otro lado, la discriminación laboral es otra de las dificultades que siguen enfrentando las personas en situación de discapacidad.

Hasta la semana pasada, la ley 18.600 sobre Deficiencias Mentales permitía al empleador cancelar menos de un sueldo mínimo a un trabajador en estas condiciones. Sin embargo, la comisión de Trabajo del Senado modificó este artículo estableciendo que “podrá convenirse entre las partes una remuneración libre sobre el ingreso mínimo legal”.

Este artículo es parte de la Ley de Equidad que, según indicó la senadora PPD Adriana Muñoz, esperan despachar a más tardar en septiembre próximo.

Desde la comisión se ha propuesto una cuota de inclusión del 2 por ciento para empresas sobre 200 trabajadores. Sin embargo, el Ejecutivo hasta ahora la ha fijado en un 1 por ciento, cifra que la parlamentaria considera insuficiente.

“Se busca determinar una cuota como lo han hecho otros países y en una gradualidad de tres años alcanzar el sueldo mínimo legal”, precisó.

Un contexto que además se dificulta considerando las pensiones básicas solidarias de 90 mil pesos que reciben las personas con algún tipo de discapacidad, a pesar que el acuerdo a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado chileno a garantizar su seguridad social, condición que no se estaría cumpliendo.