La demanda de los municipios de Antofagasta por recibir recursos permanentes a partir de las ganancias del cobre será discutida en el Congreso, a través de un proyecto de ley, según indicó el jueves pasado la ministra de minería, Aurora Williams.
A finales de julio la secretaria de Estado junto a las autoridades regionales, se comprometió a revisar la posibilidad de redistribuir los recursos concentrados en el Fondo de Inversión y Reconversión Regional o el impuesto minero, que durante los últimos diez años ha otorgado al Estado cerca de 7 mil millones de dólares.
Si bien el alcalde de Calama, Esteban Velázquez, valoró la voluntad de revisar la materia, reconoció que no se ha planteado de la manera que esperaban, porque de ingresar la iniciativa al Parlamento se seguirá aplazando la entrega de recursos para la región.
En ese sentido, Velázquez detalló cuáles serían, a su juicio, los principios orientadores en esta repartición de dineros: “Creemos que tiene que haber un personaje, ahí se definirá el guarismo, pero sea de libre disposición para las comunas mieras como Calama, Antofagasta, Tocopilla, entre otras, además de un porcentaje que puede seguir quedando en general para la región y un fondo de compensación para aquellas zonas que no viven de la minería estrictamente”, señaló.
Por otro lado y paralelo al inicio de este proyecto, el Gobierno se comprometió a adjudicar una cantidad de recursos que serán distribuidos durante los próximos tres años a las nueve comunas de la región. Principalmente, estarían destinados a la administración y ejecución de proyectos intensivos de mano de obra como el mejoramiento urbano.
En un comienzo, el monto comprometido fue de tres mil 300 millones de pesos. Sin embargo, según aclararon los ediles la suma se fijó en cerca de 10 mil millones de pesos entregados en un 70 por ciento por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere).
A pesar que estos recursos se entregan todos los años, habría incertidumbre por parte de los municipios sobre el pago en 2017, aunque en la reunión de la semana pasada, el Gobierno los habría comprometido hasta 2018.
Frente a ello, Sergio Orellana, alcalde de Taltal, indicó que estos recursos son marginales y que no apuntarían a la aspiración de fondo planteada por los municipios respecto a los ingresos mineros.
El edil también reconoció que la eventual aprobación de este proyecto dependerá de la relevancia que le otorguen los próximos alcaldes electos, por lo mismo sería propicio evaluar el escenario luego de las municipales de octubre. “La redistribución que estamos buscando lamentablemente ya no podrá ser sino a través de un trámite legislativo, desconocemos cuánto nos vamos a demorar en eso. Por otro lado, apareció esta plata cómo un “regalo”, pero no lo es y podrá ser utilizado para proyectos chiquititos”, explicó.
La derogación de la Ley Reservada del Cobre es otro de los trámites que los alcaldes solicitan con urgencia para distribuir un porcentaje de los recursos a las comunas de la región que registran mayores impactos socio ambientales por las faenas mineras. Esto, también sumado al déficit y la deuda que registra Codelco respecto a años anteriores.
En ese sentido, el diputado radical por la región e integrante de la comisión de minería de la Cámara, Marcos Espinosa, afirmó que se necesita una propuesta a largo plazo para enfrentar la situación de la empresa porque la derogación de esta ley por si sola es insuficiente.
En medio de este contexto, en junio pasado los alcaldes de la región llamaron a los trabajadores del sector público a paralizar sus actividades en demanda de mayores recursos, considerando la cesantía que se registra en la región y que alcanza su nivel más alto con un 10,1 por ciento en Calama.
La demanda de los municipios de Antofagasta por recibir recursos permanentes a partir de las ganancias del cobre será discutida en el Congreso, a través de un proyecto de ley, según indicó el jueves pasado la ministra de minería, Aurora Williams.
A finales de julio la secretaria de Estado junto a las autoridades regionales, se comprometió a revisar la posibilidad de redistribuir los recursos concentrados en el Fondo de Inversión y Reconversión Regional o el impuesto minero, que durante los últimos diez años ha otorgado al Estado cerca de 7 mil millones de dólares.
Si bien el alcalde de Calama, Esteban Velázquez, valoró la voluntad de revisar la materia, reconoció que no se ha planteado de la manera que esperaban, porque de ingresar la iniciativa al Parlamento se seguirá aplazando la entrega de recursos para la región.
En ese sentido, Velázquez detalló cuáles serían, a su juicio, los principios orientadores en esta repartición de dineros: “Creemos que tiene que haber un personaje, ahí se definirá el guarismo, pero sea de libre disposición para las comunas mieras como Calama, Antofagasta, Tocopilla, entre otras, además de un porcentaje que puede seguir quedando en general para la región y un fondo de compensación para aquellas zonas que no viven de la minería estrictamente”, señaló.
Por otro lado y paralelo al inicio de este proyecto, el Gobierno se comprometió a adjudicar una cantidad de recursos que serán distribuidos durante los próximos tres años a las nueve comunas de la región. Principalmente, estarían destinados a la administración y ejecución de proyectos intensivos de mano de obra como el mejoramiento urbano.
En un comienzo, el monto comprometido fue de tres mil 300 millones de pesos. Sin embargo, según aclararon los ediles la suma se fijó en cerca de 10 mil millones de pesos entregados en un 70 por ciento por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere).
A pesar que estos recursos se entregan todos los años, habría incertidumbre por parte de los municipios sobre el pago en 2017, aunque en la reunión de la semana pasada, el Gobierno los habría comprometido hasta 2018.
Frente a ello, Sergio Orellana, alcalde de Taltal, indicó que estos recursos son marginales y que no apuntarían a la aspiración de fondo planteada por los municipios respecto a los ingresos mineros.
El edil también reconoció que la eventual aprobación de este proyecto dependerá de la relevancia que le otorguen los próximos alcaldes electos, por lo mismo sería propicio evaluar el escenario luego de las municipales de octubre. “La redistribución que estamos buscando lamentablemente ya no podrá ser sino a través de un trámite legislativo, desconocemos cuánto nos vamos a demorar en eso. Por otro lado, apareció esta plata cómo un “regalo”, pero no lo es y podrá ser utilizado para proyectos chiquititos”, explicó.
La derogación de la Ley Reservada del Cobre es otro de los trámites que los alcaldes solicitan con urgencia para distribuir un porcentaje de los recursos a las comunas de la región que registran mayores impactos socio ambientales por las faenas mineras. Esto, también sumado al déficit y la deuda que registra Codelco respecto a años anteriores.
En ese sentido, el diputado radical por la región e integrante de la comisión de minería de la Cámara, Marcos Espinosa, afirmó que se necesita una propuesta a largo plazo para enfrentar la situación de la empresa porque la derogación de esta ley por si sola es insuficiente.
En medio de este contexto, en junio pasado los alcaldes de la región llamaron a los trabajadores del sector público a paralizar sus actividades en demanda de mayores recursos, considerando la cesantía que se registra en la región y que alcanza su nivel más alto con un 10,1 por ciento en Calama.
La demanda de los municipios de Antofagasta por recibir recursos permanentes a partir de las ganancias del cobre será discutida en el Congreso, a través de un proyecto de ley, según indicó el jueves pasado la ministra de minería, Aurora Williams.
A finales de julio la secretaria de Estado junto a las autoridades regionales, se comprometió a revisar la posibilidad de redistribuir los recursos concentrados en el Fondo de Inversión y Reconversión Regional o el impuesto minero, que durante los últimos diez años ha otorgado al Estado cerca de 7 mil millones de dólares.
Si bien el alcalde de Calama, Esteban Velázquez, valoró la voluntad de revisar la materia, reconoció que no se ha planteado de la manera que esperaban, porque de ingresar la iniciativa al Parlamento se seguirá aplazando la entrega de recursos para la región.
En ese sentido, Velázquez detalló cuáles serían, a su juicio, los principios orientadores en esta repartición de dineros: “Creemos que tiene que haber un personaje, ahí se definirá el guarismo, pero sea de libre disposición para las comunas mieras como Calama, Antofagasta, Tocopilla, entre otras, además de un porcentaje que puede seguir quedando en general para la región y un fondo de compensación para aquellas zonas que no viven de la minería estrictamente”, señaló.
Por otro lado y paralelo al inicio de este proyecto, el Gobierno se comprometió a adjudicar una cantidad de recursos que serán distribuidos durante los próximos tres años a las nueve comunas de la región. Principalmente, estarían destinados a la administración y ejecución de proyectos intensivos de mano de obra como el mejoramiento urbano.
En un comienzo, el monto comprometido fue de tres mil 300 millones de pesos. Sin embargo, según aclararon los ediles la suma se fijó en cerca de 10 mil millones de pesos entregados en un 70 por ciento por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere).
A pesar que estos recursos se entregan todos los años, habría incertidumbre por parte de los municipios sobre el pago en 2017, aunque en la reunión de la semana pasada, el Gobierno los habría comprometido hasta 2018.
Frente a ello, Sergio Orellana, alcalde de Taltal, indicó que estos recursos son marginales y que no apuntarían a la aspiración de fondo planteada por los municipios respecto a los ingresos mineros.
El edil también reconoció que la eventual aprobación de este proyecto dependerá de la relevancia que le otorguen los próximos alcaldes electos, por lo mismo sería propicio evaluar el escenario luego de las municipales de octubre. “La redistribución que estamos buscando lamentablemente ya no podrá ser sino a través de un trámite legislativo, desconocemos cuánto nos vamos a demorar en eso. Por otro lado, apareció esta plata cómo un “regalo”, pero no lo es y podrá ser utilizado para proyectos chiquititos”, explicó.
La derogación de la Ley Reservada del Cobre es otro de los trámites que los alcaldes solicitan con urgencia para distribuir un porcentaje de los recursos a las comunas de la región que registran mayores impactos socio ambientales por las faenas mineras. Esto, también sumado al déficit y la deuda que registra Codelco respecto a años anteriores.
En ese sentido, el diputado radical por la región e integrante de la comisión de minería de la Cámara, Marcos Espinosa, afirmó que se necesita una propuesta a largo plazo para enfrentar la situación de la empresa porque la derogación de esta ley por si sola es insuficiente.
En medio de este contexto, en junio pasado los alcaldes de la región llamaron a los trabajadores del sector público a paralizar sus actividades en demanda de mayores recursos, considerando la cesantía que se registra en la región y que alcanza su nivel más alto con un 10,1 por ciento en Calama.
