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Año XI, 15 de octubre de 2019

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Víctor Pey denuncia posible cohecho entre el Estado y jueces del Ciadi

En el marco del litigio entre el Estado chileno y el dueño del diario Clarín, una solicitud de la defensa de Víctor Pey exige que el Estado aclare la relación con el estudio de abogados de dos de los jueces arbitrales de la última resolución del tribunal durante la tramitación del caso.

Claudio Garrido

  Lunes 17 de octubre 2016 20:29 hrs. 
clarin

Una denuncia de probable cohecho es la que ha realizado el dueño del desaparecido diario Clarín, Víctor Pey, en contra del Estado Chileno y una firma de abogados inglesa.

En el marco del litigio que el otrora director de la publicación mantiene con el Estado de Chile por la confiscación de la propiedad y equipamiento de Clarín en la dictadura cívico-militar, la defensa de Víctor Pey, a través del abogado Juan Garcés, solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) a que Chile aclare la relación que sostuvo con Essex Court Chambers en las fechas cuando se tramitaba el caso en el tribunal internacional.

El periodista denuncia que dos de los tres jueces arbitrales que el pasado 13 de septiembre fallaron en contra de la reclamación que han presentado Pey y la Fundación Presidente Allende de España, tendrían contratos a través de la citada oficina de abogados con el Estado de Chile.

Dicha sentencia rechazó las indemnizaciones que la defensa exige por la “denegación de justicia y discriminación”, además de la violación a tratados de negocios entre empresas españolas y chilenas, y que en un principio habían sido determinadas por el mismo tribunal en 2008.

Víctor Pey calificó esta situación de “inmoral”: “En un momento determinado, el Estado chileno dispone que se pague a los jueces millones de dólares. Habla de millones de dólares. Entonces estos dos jueces emiten un laudo que naturalmente está viciado. Son hechos precisos, pasó eso. Se pone en contacto este fulano del Gobierno de Chile con estos jueces. Son cosas absolutamente inmorales”.

La defensa de Pey solicitó el pasado jueves 13 de octubre que el Estado chileno se pronuncie acerca de la relación entre éste y Essex Court Chambers, firma ligada a los jueces arbitrales. La presentación del abogado Juan Garcés indica que de “fuentes dignas de fe, el Estado de Chile ha mantenido estrechas relaciones con Essex Court Chambers durante la fase de desarrollo del diferendo iniciado el 16 de junio de 2013”.

Esta diligencia apunta a poder revertir la sentencia dictada en septiembre y que invalidó el laudo de 2008, en el que se condenó a Chile a indemnizar a Pey y la Fundación Salvador Allende por la confiscación del diario Clarín.

Esta sentencia no ha sido acatada por Chile. En tanto, en el marco de establecer el monto de la indemnización, se constituyó una comisión ad hoc que finalmente determinó que en este caso, no debía existir tal reparación al dueño del periódico. Víctor Pey resumió el alcance de esta sentencia, que sólo tuvo un alcance moral.

“De ahí que el laudo del 2008 dijo que el monto es ‘ese’. Lo establecerá la comisión especial que se nombre al respecto. En esto estábamos. ¿Cuánto es? No lo sé, porque esa comisión tenía que establecerlo. No se estableció y dijo que no tenía que establecer nada. Es más, dijo al final de ese laudo que el hecho moral ya tiene suficiente con saber la Fundación que la verdad, naturalmente, ellos tenían la razón”, dijo Pey.

Es precisamente ésta la sentencia que se encuentra cuestionada, debido a que la defensa estima que existen conflictos de intereses. El dueño de Clarín indicó que el Gobierno está en conocimiento del tema, pero que ha preferido no pronunciarse.

“Ese escrito lo tiene el Gobierno de Chile desde hace ya varios días. No se ha pronunciado. El señor Carey no se ha pronunciado ninguna sílaba, después que tiene una acusación tremenda. Si fuese falta, que me metan a la cárcel”.

Finalmente Víctor Pey dijo que de persistir esta postura por parte del Gobierno de Chile, deberá enfrentarse “a las consecuencias de quedarse callado”.