El rector de la Universidad de Santiago e integrante de la mesa directiva del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), Juan Manuel Zolezzi, reconoció un nulo avance en las relaciones con las universidades del G9 y sus negociaciones políticas, posterior a la aprobación de la glosa de gratuidad en educación contenida en la Ley de Presupuesto 2017 en el Congreso.
Por su parte, las casas de estudio del G-9 lamentaron que se hiciera una diferenciación en los acuerdos por asignación de recursos y se dejara fuera de los beneficios a la Universidad Católica.
De este modo, ha quedado claro esta semana un distanciamiento en las visiones de quienes componen el Consejo de Rectores (CRUCh).
La máxima autoridad académica de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile defendió a las instituciones de calidad que integran la Red de Universidades Públicas no Estatales e instó al análisis y énfasis sobre los elementos que las vincula y al mismo tiempo las diferencia de las del Estado. Esto en su opinión, ante alusiones públicas que, implícitamente, plantean tomar caminos separados.
“Hoy como Consejo de Rectores necesariamente tenemos que abordar nuestras diferencias que son más desde un punto de vista ideológico conceptual y que el mismo Estado no ha querido abordar: la relación entre lo público y lo estatal. Creo que es una situación compleja, pero no más difícil que otras que hemos tenido, entonces, lo importante es que tengamos esa discusión que nos permita clarificar nuestra visión futura”.
Una vez consumado el retiro de los Fondos de Aporte Fiscal Indirecto para la Universidad Católica, a pesar que el Gobierno se había comprometido a entregárselo a la UC, y que solo a ocho planteles regionales del G9 se les destinaran más recursos, Durán afirmó que lo que en realidad se aprobó en el Congreso fue el descuido a una institución que ha hecho bien su tarea en el país.
En esa línea, el rector lamentó que de los acuerdos entre los parlamentarios, las más beneficiadas hayan sido las casas de estudios privadas, sin exponer también una necesidad de modificaciones al interior del Consejo de Rectores.
“No se ha hecho una discusión en torno a una nueva estructura del Consejo de Rectores, situación en que el organismo colegiado está muy llano a discutir y trabajar. Habiendo universidades de afuera del Consejo de Rectores que también dan muestra de un trabajo público serio a nivel nacional y que no lucran, eso está hoy más desdibujado”.
Consultado por la Reforma a la Educación Superior y la indicación sustitutiva que presentará el Gobierno, Durán enfatizó en que el debate debe darse sin las presiones que se presentaron en la Ley de Presupuesto.
“Si estamos pensando en una reforma educacional que efectivamente impacte, creo que entonces tenemos que definir elementos a la base como lo que vamos a entender por público y estatal. Si esto no se hace, será muy difícil poder tener un acuerdo y una discusión que no se vea amenazada por el Tribunal Constitucional o por elementos que son distintos de lo que está a la base de la reforma”.
El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, fue más categórico y advirtió recientemente que se han dejado de lado los principios declarados para la Reforma a la Educación Superior al entregarles recursos públicos no a los estudiantes ni a las familias vulnerables, sino que a instituciones privadas que están lejos de la fiscalización de la Contraloría.
En tanto, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, aventuró que se requerirá de una ley posterior de financiamiento, luego que el Ejecutivo ingrese la indicación sustitutiva al proyecto de ley, ya que ésta no incluye esa materia. Además, indicó que se insistirá en la solicitud al Estado porque amplíe la cobertura de sus universidades.