Según informó Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de Capredena, a la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, sólo en 2015 el organismo repartió 911 mil millones de pesos en pensiones, 94 por ciento de ese monto corresponde a aporte fiscal, mientras que el restante 6 por ciento corresponde a las cotizaciones de los uniformados.
Esta cifra se vuelve aún más impresionante cuando se constata que entre 2011 y 2015 el Estado debió desembolsar 3,8 billones de pesos por este concepto. Es decir, con el dinero de todos los chilenos se debe financiar un sistema que contempla el retiro de 107 mil ex funcionarios de las FFAA que están en el sistema de Capredena, en el cual la pensión promedio es de 2,3 millones de pesos, mientras que en el sistema de AFP esta cifra alcanza apenas 192 mil pesos.
Así lo publica Ciper, entidad que tuvo acceso a la nómina de ex oficiales de las tres ramas de las FFAA que se acogieron a retiro entre 2006 y 2016. Son 3 mil noventa casos en total que tienen una pensión promedio de 2,3 millones de pesos, destacando 17 personas que perciben una jubilación mayor a 4 millones de pesos, siendo el caso del ex general de Brigada de la FACh Patricio Franjola Buigley quien jubiló en 2012 percibiendo 5,9 millones de pesos, los que se han reajustado en un cien por ciento de acuerdo al IPC; por lo que hoy recibe 6,8 millones de pesos mensuales de retiro.
En tanto, en la nómina de ex oficiales figuran 38 personas que han sido condenadas o están siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, fraude al fisco, entre otros, cuyas pensiones en promedio alcanzan los 2,7 millones de pesos.
A esto se suma que muchos de estos casos, después de acogerse a retiro, siguen vinculados a las Fuerzas Armadas, específicamente a la Academia de Guerra, como Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil), funciones por las cuales pueden percibir desde 1,5 a 2,5 millones de pesos, lo que se viene a sumar a la pensión que perciben por ser personal en retiro.
Entre los ex oficiales involucrados en diversos procesos judiciales, se encuentran uniformados involucrados en homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua, un coronel que está envuelto en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR, otro en el asesinato de Víctor Jara, y un ex oficial involucrado en el crimen de Rodrigo Rojas de Negri y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana, en el llamado caso Quemados.
También se cuenta una decena de uniformados que han sido procesados por los casos “Riggs”, “Fragatas”, “Mirage” o el “Milicogate”, inclusive un capitán de la Armada que fue calificado por un fiscal como uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile, así como 20 ex agentes de la DINA y la CNI, muchos de los cuales fueron recontratados por la Academia de Guerra y la Escuela Militar en las modalidades PAC o PC.
Entre los oficiales que reciben millonarias pensiones y han sido condenados o bien han sido procesados judicialmente se encuentra:
- Roberto Ampuero Alarcón, procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado del conscripto y militante del PC Miguel Nash, quien se opuso a reprimir a sus conciudadanos después del golpe de Estado y fue acribillado por la espalda y su cuerpo aún no aparece. Su pensión es de 2,6 millones de pesos. Además, por este y otros casos más de violaciones a los DDHH en Pisagua, el coronel en retiro Gabriel Guerrero Reeve, fue condenado a 15 años y un día. Recibe también 2,6 millones de pesos como pensión.
- Pedro Collado Martí, coautor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, condenado a 10 años y un día, recibe 2,6 millones de pesos de pensión.
- Carlos Durán Low, ex agente de la CNI, condenado a 10 años y un día por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979. Recibe de pensión 2,5 millones de pesos.
- Julio Cerda Carrasco, condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del FPMR, en septiembre de 1987. Su pensión alcanza los 3,1 millones de pesos.
- Osvaldo Andrés Magaña Bau, quien fue sometido a proceso por el secuestro calificado de 14 campesinos en Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973, recibe 2,6 millones de pesos desde que se acogió a retiro; misma cifra que recibe Jorge Smith Gumucio acusado de ser uno de los autores del asesinato de Víctor Jara y del ex director de Gendarmeria Littré Quiroga.
- Julio Castañer González, procesado por su presunta responsabilidad en la muerte de Rodrigo Rojas de Negro y por las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana, en el llamado caso Quemados. Castañer recibe 2,8 millones de pesos de pensión.
- El médico Alejandro Forero Álvarez, miembro del “Comando Conjunto”, recibe 2,5 millones de pesos de pensión.
- Además en el listado figuran ex oficiales que han sido procesados por fraude y corrupción al interior de las FFAA, como el general en retiro Florencio Dublé Pizarro, procesado como cómplice en el llamado caso “Mirage”, quien recibe 3,1 millones de pesos de pensión.
- Clovis Montero Barra, coronel en retiro procesado por reiterado fraude al fisco y falsedad documental en el marco del caso “Milicogate”. Su pensión alcanza los 2,5 millones de pesos, mismo monto que recibe Jorge Frez Ramírez, también involucrado en el caso.
- Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, coroneles en retiro y ex secretarios privados de Augusto Pinochet y condenados en el marco del “Caso Riggs”, reciben 2,9 y 2,5 millones de pesos como pensión, respectivamente.
- Finalmente, el capitán de Fragata en retiro Jesús Sáez Luna, a quien le fuera incautado en 2012 150 kilos de cocaína y pasta base en su casa en Valparaíso. El fiscal a cargo de esa investigación lo calificó como “un verdadero capo de la mafia”. Recibe 2,1 millones de pesos de pensión.
Según informó Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de Capredena, a la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, sólo en 2015 el organismo repartió 911 mil millones de pesos en pensiones, 94 por ciento de ese monto corresponde a aporte fiscal, mientras que el restante 6 por ciento corresponde a las cotizaciones de los uniformados.
Esta cifra se vuelve aún más impresionante cuando se constata que entre 2011 y 2015 el Estado debió desembolsar 3,8 billones de pesos por este concepto. Es decir, con el dinero de todos los chilenos se debe financiar un sistema que contempla el retiro de 107 mil ex funcionarios de las FFAA que están en el sistema de Capredena, en el cual la pensión promedio es de 2,3 millones de pesos, mientras que en el sistema de AFP esta cifra alcanza apenas 192 mil pesos.
Así lo publica Ciper, entidad que tuvo acceso a la nómina de ex oficiales de las tres ramas de las FFAA que se acogieron a retiro entre 2006 y 2016. Son 3 mil noventa casos en total que tienen una pensión promedio de 2,3 millones de pesos, destacando 17 personas que perciben una jubilación mayor a 4 millones de pesos, siendo el caso del ex general de Brigada de la FACh Patricio Franjola Buigley quien jubiló en 2012 percibiendo 5,9 millones de pesos, los que se han reajustado en un cien por ciento de acuerdo al IPC; por lo que hoy recibe 6,8 millones de pesos mensuales de retiro.
En tanto, en la nómina de ex oficiales figuran 38 personas que han sido condenadas o están siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, fraude al fisco, entre otros, cuyas pensiones en promedio alcanzan los 2,7 millones de pesos.
A esto se suma que muchos de estos casos, después de acogerse a retiro, siguen vinculados a las Fuerzas Armadas, específicamente a la Academia de Guerra, como Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil), funciones por las cuales pueden percibir desde 1,5 a 2,5 millones de pesos, lo que se viene a sumar a la pensión que perciben por ser personal en retiro.
Entre los ex oficiales involucrados en diversos procesos judiciales, se encuentran uniformados involucrados en homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua, un coronel que está envuelto en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR, otro en el asesinato de Víctor Jara, y un ex oficial involucrado en el crimen de Rodrigo Rojas de Negri y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana, en el llamado caso Quemados.
También se cuenta una decena de uniformados que han sido procesados por los casos “Riggs”, “Fragatas”, “Mirage” o el “Milicogate”, inclusive un capitán de la Armada que fue calificado por un fiscal como uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile, así como 20 ex agentes de la DINA y la CNI, muchos de los cuales fueron recontratados por la Academia de Guerra y la Escuela Militar en las modalidades PAC o PC.
Entre los oficiales que reciben millonarias pensiones y han sido condenados o bien han sido procesados judicialmente se encuentra:
- Roberto Ampuero Alarcón, procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado del conscripto y militante del PC Miguel Nash, quien se opuso a reprimir a sus conciudadanos después del golpe de Estado y fue acribillado por la espalda y su cuerpo aún no aparece. Su pensión es de 2,6 millones de pesos. Además, por este y otros casos más de violaciones a los DDHH en Pisagua, el coronel en retiro Gabriel Guerrero Reeve, fue condenado a 15 años y un día. Recibe también 2,6 millones de pesos como pensión.
- Pedro Collado Martí, coautor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, condenado a 10 años y un día, recibe 2,6 millones de pesos de pensión.
- Carlos Durán Low, ex agente de la CNI, condenado a 10 años y un día por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979. Recibe de pensión 2,5 millones de pesos.
- Julio Cerda Carrasco, condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del FPMR, en septiembre de 1987. Su pensión alcanza los 3,1 millones de pesos.
- Osvaldo Andrés Magaña Bau, quien fue sometido a proceso por el secuestro calificado de 14 campesinos en Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973, recibe 2,6 millones de pesos desde que se acogió a retiro; misma cifra que recibe Jorge Smith Gumucio acusado de ser uno de los autores del asesinato de Víctor Jara y del ex director de Gendarmeria Littré Quiroga.
- Julio Castañer González, procesado por su presunta responsabilidad en la muerte de Rodrigo Rojas de Negro y por las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana, en el llamado caso Quemados. Castañer recibe 2,8 millones de pesos de pensión.
- El médico Alejandro Forero Álvarez, miembro del “Comando Conjunto”, recibe 2,5 millones de pesos de pensión.
- Además en el listado figuran ex oficiales que han sido procesados por fraude y corrupción al interior de las FFAA, como el general en retiro Florencio Dublé Pizarro, procesado como cómplice en el llamado caso “Mirage”, quien recibe 3,1 millones de pesos de pensión.
- Clovis Montero Barra, coronel en retiro procesado por reiterado fraude al fisco y falsedad documental en el marco del caso “Milicogate”. Su pensión alcanza los 2,5 millones de pesos, mismo monto que recibe Jorge Frez Ramírez, también involucrado en el caso.
- Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, coroneles en retiro y ex secretarios privados de Augusto Pinochet y condenados en el marco del “Caso Riggs”, reciben 2,9 y 2,5 millones de pesos como pensión, respectivamente.
- Finalmente, el capitán de Fragata en retiro Jesús Sáez Luna, a quien le fuera incautado en 2012 150 kilos de cocaína y pasta base en su casa en Valparaíso. El fiscal a cargo de esa investigación lo calificó como “un verdadero capo de la mafia”. Recibe 2,1 millones de pesos de pensión.
Según informó Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de Capredena, a la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, sólo en 2015 el organismo repartió 911 mil millones de pesos en pensiones, 94 por ciento de ese monto corresponde a aporte fiscal, mientras que el restante 6 por ciento corresponde a las cotizaciones de los uniformados.
Esta cifra se vuelve aún más impresionante cuando se constata que entre 2011 y 2015 el Estado debió desembolsar 3,8 billones de pesos por este concepto. Es decir, con el dinero de todos los chilenos se debe financiar un sistema que contempla el retiro de 107 mil ex funcionarios de las FFAA que están en el sistema de Capredena, en el cual la pensión promedio es de 2,3 millones de pesos, mientras que en el sistema de AFP esta cifra alcanza apenas 192 mil pesos.
Así lo publica Ciper, entidad que tuvo acceso a la nómina de ex oficiales de las tres ramas de las FFAA que se acogieron a retiro entre 2006 y 2016. Son 3 mil noventa casos en total que tienen una pensión promedio de 2,3 millones de pesos, destacando 17 personas que perciben una jubilación mayor a 4 millones de pesos, siendo el caso del ex general de Brigada de la FACh Patricio Franjola Buigley quien jubiló en 2012 percibiendo 5,9 millones de pesos, los que se han reajustado en un cien por ciento de acuerdo al IPC; por lo que hoy recibe 6,8 millones de pesos mensuales de retiro.
En tanto, en la nómina de ex oficiales figuran 38 personas que han sido condenadas o están siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, fraude al fisco, entre otros, cuyas pensiones en promedio alcanzan los 2,7 millones de pesos.
A esto se suma que muchos de estos casos, después de acogerse a retiro, siguen vinculados a las Fuerzas Armadas, específicamente a la Academia de Guerra, como Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil), funciones por las cuales pueden percibir desde 1,5 a 2,5 millones de pesos, lo que se viene a sumar a la pensión que perciben por ser personal en retiro.
Entre los ex oficiales involucrados en diversos procesos judiciales, se encuentran uniformados involucrados en homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua, un coronel que está envuelto en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR, otro en el asesinato de Víctor Jara, y un ex oficial involucrado en el crimen de Rodrigo Rojas de Negri y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana, en el llamado caso Quemados.
También se cuenta una decena de uniformados que han sido procesados por los casos “Riggs”, “Fragatas”, “Mirage” o el “Milicogate”, inclusive un capitán de la Armada que fue calificado por un fiscal como uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile, así como 20 ex agentes de la DINA y la CNI, muchos de los cuales fueron recontratados por la Academia de Guerra y la Escuela Militar en las modalidades PAC o PC.
Entre los oficiales que reciben millonarias pensiones y han sido condenados o bien han sido procesados judicialmente se encuentra:
- Roberto Ampuero Alarcón, procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado del conscripto y militante del PC Miguel Nash, quien se opuso a reprimir a sus conciudadanos después del golpe de Estado y fue acribillado por la espalda y su cuerpo aún no aparece. Su pensión es de 2,6 millones de pesos. Además, por este y otros casos más de violaciones a los DDHH en Pisagua, el coronel en retiro Gabriel Guerrero Reeve, fue condenado a 15 años y un día. Recibe también 2,6 millones de pesos como pensión.
- Pedro Collado Martí, coautor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, condenado a 10 años y un día, recibe 2,6 millones de pesos de pensión.
- Carlos Durán Low, ex agente de la CNI, condenado a 10 años y un día por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979. Recibe de pensión 2,5 millones de pesos.
- Julio Cerda Carrasco, condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del FPMR, en septiembre de 1987. Su pensión alcanza los 3,1 millones de pesos.
- Osvaldo Andrés Magaña Bau, quien fue sometido a proceso por el secuestro calificado de 14 campesinos en Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973, recibe 2,6 millones de pesos desde que se acogió a retiro; misma cifra que recibe Jorge Smith Gumucio acusado de ser uno de los autores del asesinato de Víctor Jara y del ex director de Gendarmeria Littré Quiroga.
- Julio Castañer González, procesado por su presunta responsabilidad en la muerte de Rodrigo Rojas de Negro y por las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana, en el llamado caso Quemados. Castañer recibe 2,8 millones de pesos de pensión.
- El médico Alejandro Forero Álvarez, miembro del “Comando Conjunto”, recibe 2,5 millones de pesos de pensión.
- Además en el listado figuran ex oficiales que han sido procesados por fraude y corrupción al interior de las FFAA, como el general en retiro Florencio Dublé Pizarro, procesado como cómplice en el llamado caso “Mirage”, quien recibe 3,1 millones de pesos de pensión.
- Clovis Montero Barra, coronel en retiro procesado por reiterado fraude al fisco y falsedad documental en el marco del caso “Milicogate”. Su pensión alcanza los 2,5 millones de pesos, mismo monto que recibe Jorge Frez Ramírez, también involucrado en el caso.
- Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, coroneles en retiro y ex secretarios privados de Augusto Pinochet y condenados en el marco del “Caso Riggs”, reciben 2,9 y 2,5 millones de pesos como pensión, respectivamente.
- Finalmente, el capitán de Fragata en retiro Jesús Sáez Luna, a quien le fuera incautado en 2012 150 kilos de cocaína y pasta base en su casa en Valparaíso. El fiscal a cargo de esa investigación lo calificó como “un verdadero capo de la mafia”. Recibe 2,1 millones de pesos de pensión.
