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Año XII, 20 de septiembre de 2020

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Reforma al código de aguas fortalece la fiscalización y eficiencia por parte de la DGA

La reforma al código de aguas aún se encuentra en tramitación en el congreso sin iniciativa para darle urgencia. Expertos destacan que quienes tengan derechos de uso de agua tendrán que regularizar su situación para no perderlos.

Tania González

  Sábado 21 de enero 2017 11:26 hrs. 





La polémica reforma al Código de Aguas continúa su tramitación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, instancia a la que las últimas semanas han asistido académicos, representantes de agricultores, de organizaciones ambientales y civiles.

El senador Jorge Pizarro dijo que extenderán algunas sesiones en torno a este tema antes que se genere el receso legislativo en febrero y para despachar el proyecto de la Comisión de Recursos Hídricos a fines de marzo.

El parlamentario explicó que “se han ido disipando progresivamente las inquietudes, los prejuicios que algunos sectores tenían respecto de las modificaciones al Código de Aguas. Sobre todo en el sector agrícola se generó una situación de incertidumbre respecto de lo que eran los derechos ya existentes y eso está despejado, siguen ejerciéndose tal y como están en la ley actual y en la Constitución. Los temas están en las nuevas entregas de uso de aguas que no queda más que el 10 por ciento en aguas superficiales básicamente en el sur y un 50 por ciento en las subterráneas”.

El legislador respaldó el enfoque de la reforma al buscar fortalecer la fiscalización y la eficacia en la acción por parte de la Dirección General de Aguas, así como también hacerse cargo de los efectos del cambio climático.

En tanto, la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, Tatiana Celume, desestimó las amenazas de inconstitucionalidad que han surgido conforme a los cambios normativos. Además,  afirmó que los titulares de derechos de aguas ya otorgados, tendrán también una serie de exigencias.

La abogada de la DGA dijo que “esta no es una norma inconstitucional como han dicho, todo lo contrario, porque se le está diciendo a los actuales titulares de derecho que una vez que entre en vigencia la ley, de ahí en adelante van a correr los plazos de cuatro y ocho años para construir las obras”.

“Además, si son titulares antiguos van a tener un plazo de 18 meses para inscribir sus derechos y si no han regularizado, tendrán un plazo de 5 años para presentar la solicitud de regularización de sus derechos. Es decir, por mucho que se les apliquen estas normas, no son retroactivas, porque van a tener plazos para ajustarse al nuevo cambio regulatorio”, aseguró.

Cabe señalar, que con el régimen del Código de Aguas de 1981 que aún está vigente, sin suficientes justificaciones se podía solicitar agua, mientras, con las modificaciones aplicadas el 2005 se establece una priorización en el uso de las aguas según sus fines, quedando en primer lugar para la subsistencia humana. Asimismo, se instauran las causales de caducidad como por ejemplo, el no uso del recurso hídrico.

Al respecto, se refirió el director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, abogado Sergio Montenegro, quien destacó de la reforma en trámite el que se consideren restricciones para los titulares que consumen el agua y para los que la emplean sin consumirla, con obligación de restituirla.

El investigador en derecho ambiental advitió que “las causales de caducidad son un elemento nuevo, no hay aquí derechos permanentes. Si no se hace uso de las aguas en los derechos consuntivos, a los cuatro años ya puede caer en una causal de caducidad y en los derechos no consuntivos a los ocho años. De todos modos, se puede probar que se están haciendo obras de captación, canales, o alguna obra que demuestre que se va hacer uso de las aguas”.

Cabe recordar, que la reforma al Código de Aguas en segundo trámite constitucional, tiene prevista también su revisión por las comisiones de Agricultura y Constitución del Senado.

Aunque la iniciativa no es prioridad de la actual administración, organizaciones sociales, pequeños agricultores y parlamentarios de la Nueva Mayoría han insistido en que se acelere la aprobación de la reforma en el Congreso.