Como preocupante y una muestra más de la necesidad de mejorar la fiscalización y controles a las finanzas de las FFAA, calificaron parlamentarios las revelaciones conocidas sobre la investigación que lleva adelante el ministro Omar Astudillo en contra del coronel Sergio Vásquez Undurraga ex jefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, por “incremento patrimonial relevante e injustificado”

Este caso se suma a las acusaciones hechas al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba por similares irregularidades y al llamado caso “Milicogate”, sobre el fraude realizado con les recursos de la Ley Reservada del Cobre, lo que ha planteado entre algunos parlamentarios y expertos la necesidad de regular esta eventual autonomía de la que gozan las FFAA en materia financiera.

El diputado de la DC Jaime Pilowsky, quien presidiera la comisión investigadora del fraude en el Ejército recordó que una de las conclusiones emanadas de la instancia fue “la falta de un sistema de control, eficiente y seguro, que permitiera tener un control respecto de lo que se estaba realizando y cómo se estaba ejecutando y administrando los recursos de los fondos de la Ley Reservada del Cobre”, y apuntó a una serie de instituciones que tienen responsabilidad en estos hechos.

“Uno, el Ejército, particularmente el Comando de Apoyo de la Fuerza, en su momento, respecto de los fondos que ellos administraban de la Ley Reservada del Ejército, la Contraloría del Ejército y también dos instituciones del ámbito civil: la Contraloría General de la República que tiene que tener un control y auditoría potente en esta materia, con personal especializado, y también el Ministerio de Defensa (…) Hubo una falta de control, también por parte de los organismos que deben supervisar la correcta ejecución de los recursos fiscales”.

“Lo que sí veo es que en materia de recursos, fundamentalmente los vinculados a la Ley Reservada que, lógicamente, por ser de naturaleza reservada en cuanto a su ejecución, hay mayores probabilidades de cometer algunas irregularidades”, agregó.

Pilowsky señaló que “resulta preocupante”, que quien ejerciera como jefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército se vea involucrado en este tipo de delito, lo que revelaría las fallas de control al interior de la institución: “No es posible que un funcionario se enriquezca de manera ilegal sin que salten alarmas con anticipación”, concluyó.

El diputado de Amplitud Pedro Browne, ex integrante de la citada comisión, señaló que no es bueno para el Ejército el hecho que “vayan apareciendo sistemáticamente distintos casos”, por lo que plantea que es necesario hacer “una revisión por parte de las contralorías y las auditorías internas del Ejército de manera mucho más exhaustiva y minuciosa”.

Browne hizo énfasis en la, a su juicio, falta de herramientas para poder fiscalizar a las FF.AA., partiendo por la Ley Reservada del Cobre que impide que el Congreso pueda visar sus presupuestos por lo tanto no hay como fiscalizarlos: “Hay montos generales, pero no son montos que tengan la aprobación de ningún estamento dentro del Estado”, sostuvo.

En este sentido, el parlamentario señaló que “en la práctica” existe una suerte de autonomía corporativa de las FF.AA., “toda vez que los presupuestos no son aprobados ni tratados por ninguna instancia distinta del propio Ejército o a ninguna rama de las FF.AA.”.

“Al final funciona tal como funcionan los otros estamentos del Estado como es el Banco Estado, como puede ser Televisión Nacional que tienen su autonomía para funcionar, si bien en este caso no es absoluta, pero en la práctica lo es porque qué cosa más relevante puede haber que cómo se aprueban los presupuestos y cómo se gastan los dineros que reciben por parte del Estado”.

El académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) Mladen Yopo señaló que se debe avanzar en transparencia y control del gasto público en general, “del Estado en su conjunto”, y el caso del coronel Vásquez es una muestra de ello: “Debemos revisar las funciones, reforzar el rol de auditoría ministerial, darle más potestad al Parlamento y la Contraloría. Es decir, necesitamos colocarnos al día con el control del gasto público”, aseguró.

Si bien, Yopo señaló que se ha avanzado en materia de fiscalización de las finanzas de las FFAA, “de hecho que este caso salga a la luz pública, quiere decir que las instituciones están funcionando”, pero aún no es suficiente, sostuvo, por lo mismo el académico de la Anepe es enfático en señalar que es necesario integrar al Parlamento en estos procesos.

“Esa es una de las deudas fundamentales, creo que la impresión es que, en general, lo que es el gasto, fundamentalmente en el caso de las FFAA, debería pasar por una comisión secreta del Congreso, en la perspectiva no solamente de la aprobación del gasto, en términos de una propuesta más democrática, sino también darle un sentido estratégico y un control en este sentido”.