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Año XIII, 26 de febrero de 2021

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Parlamentarios exigen acelerar investigación
del patrimonio de Fuente-Alba

Un informe de la PDI asegura que el incremento patrimonial del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba no guarda relación con sus ingresos, lo que a juicio de los parlamentarios de la comisión investigadora del caso Milicogate viene a ratificar las sospechas sobre la forma en la que el ex general abultó su capital mientras fue líder del Ejército.

Gonzalo Castillo

  Jueves 9 de marzo 2017 20:06 hrs. 
Fuente-alba


Como una ratificación de lo “inexplicable” del incremento del patrimonio del ex comandante en jefe de Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, calificó el diputado DC Jaime Pilowsky el informe de la PDI que cifra en más de mil millones de pesos el capital del ex general versus los poco más de 400 millones de pesos de sus ingresos formales entre 2008 y 2015.

Pilowsky, quien presidiera la comisión investigadora del Milicogate, recordó que las investigaciones relativas al patrimonio del ex general surgieron a partir de las investigaciones de este caso, y señaló que el informe de la PDI, publicado por El Mercurio, ratifica las sospechas sobre el origen del patrimonio económico del ex comandante en jefe del Ejército y pidió a la justicia aclarar a la brevedad este caso.

“Creo que es necesario que la ministra en visita que reemplaza al ministro Omar Astudillo, que hizo la investigación durante este período, avance rápidamente en esta situación, avance rápidamente en el proceso para determinar, con certeza, si el general Fuente-Alba recibió y tiene estos recursos fruto de su gran gestión inmobiliaria, de la recepción de la herencia de un pariente rico o finalmente este patrimonio no tiene justificación”.

Pedro Browne, diputado de Amplitud e integrante de la comisión investigadora sobre el Milicogate, señaló que con este informe “se profundiza la duda sobre qué ocurrió dentro del Ejército”, por lo que planteó que lo necesario es que los antecedentes se pongan a disposición de la justicia y “se aclare lo antes posible” el caso para que no se ahonde en las críticas y desconfianzas sobre el manejo de recursos en las FFAA.

Browne hizo énfasis en que se deben mejorar los controles y la fiscalización sobre los recursos financieros de las FFAA y así evitar la ocurrencia de este tipo de casos.

“Es necesario aumentar y mejorar los controles, tener mecanismos más eficientes para evitar cualquier situación como esta, porque al final, por situaciones particulares se empaña el funcionamiento de toda una institución y eso es muy negativo”

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, señaló que en cualquier institución en que “exista discrecionalidad en el manejo de los recursos y en la toma de decisiones los riesgos de corrupción son mayores”, como es el caso de las Fuerzas Armadas, al contrario de cuando existe la posibilidad de ejercer más control por parte de la ciudadanía.

Si bien, Precht señaló que “nadie está planteando” que las FFAA tengan los mismos sistemas de control que el resto de los organismos del Estado y que, por ende requieren de cierto grado de discrecionalidad, en la práctica la autonomía de la que gozan las instituciones armadas está “exacerbada”, por lo que plantea la necesidad de crear instancias de control

“Por ejemplo, se pueden crear comités ad-hoc que fiscalicen estas cuentas, se pueden generar, tomar y homologar normas contables. Por otra parte se puede aumentar la rendición de cuentas, se pueden crear líneas de denuncia que también ayuden a que los funcionarios honestos puedan hacer llegar esta información sin ningún tipo de problema. Y sin duda, se puede avanzar en algo que es muy relevante, que no se deba esperar a que sea el poder civil, como fue en este caso a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o la prensa en el caso del “Milicogate” los que tengan que revelar estos casos”.

Respecto de una posible “normalización” de estos casos de corrupción al interior de las FFAA, Alberto Precht señaló que el hecho que salgan a la luz pública este tipo de situaciones ya es un desincentivo a la naturalización de las malas prácticas, no obstante sostuvo que tanto la prevención como la detección de los casos ha fallado: “Pero lo que ahora podría darle una vuelta de tuerca para que esto no siga ocurriendo es la sanción y punición de estos casos”.

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