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Año XI, 7 de diciembre de 2019

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Los casi 300 días que le quedan a Bachelet para aprobar una ley migrante

La Presidenta se comprometió a entregar en el primer semestre un proyecto de ley para reemplazar la iniciativa del expresidente Piñera, que actualmente se discute en el Congreso. A poco más de 30 días que el primer periodo se acabe, no existen indicios de la normativa, y desde las organizaciones responsabilizan al Ministerio de Hacienda de frenar la discusión.

Francisco Velásquez

  Martes 16 de mayo 2017 10:00 hrs. 
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A un mes de terminar el primer semestre, el compromiso de Michelle Bachalet de ingresar un proyecto de ley de extranjería está prácticamente incumplido. La situación se agrava considerando que quedan solo 300 días de Gobierno. El problema es que mientras esto no ocurra, los extranjeros que viven en Chile están regulados sobre la base de una legislación creada en Dictadura.

El que la legislación migratoria de Chile haya sido creada en dictadura no es un punto anecdótico, sino que preponderante, puesto que “sin una ley que sustituya a la actual, hecha bajo una doctrina de seguridad, el marco legal seguirá considerando al migrante como una amenaza”, explica Marcela Tapia, Directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat.

Esto lo intentó cambiar Sebastián Piñera en 2013 cuando presentó un proyecto de ley que está actualmente en discusión en el Congreso. Sin embargo, la perspectiva del expresidente tendría “una clara orientación funcional al mercado”. Por ejemplo, Tatiana Albuja, Vocera del Movimiento de Acción Migrante explica que en esa normativa “hay derechos de los trabajadores que no se consagran y se habla siempre de seleccionar a las personas que pueden ingresar al país, es decir que no se reconocen los tratados internacionales que Chile ha suscrito”.

La última intervención del ahora candidato de Chile Vamos confirma esta visión. Hace algunos días, en una entrevista, Sebatián Piñera pidió que no lo llamaran xenófobo, sin embargo, advirtió que “no tiene por qué aceptar a cualquier persona que quiera venir al país”, declaración que encendió las alarmas en la ciudadanía, más cuando en 2016 ya había señalado que “muchas de las bandas delincuentes que hay en Chile son lideradas por extranjeros”, llamando en ese momento a aplicar mano dura para regular el flujo migratorio en el país.

Tratados incumplidos

En 2005 Chile ratificó el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Además de este, el Departamento de Extranjería ha suscrito otros acuerdos bilaterales en el área, por ejemplo, el que mantiene con Haití desde marzo de 2017 que busca reconocer los estudios de enseñanza básica y media, reforzando una alianza de cooperación existente desde 1984.

Sin embargo, los expertos cuestionan la forma en la que Chile ha manejado estas normativas internacionales. Marcela Tapia asegura que el país no se ha hecho cargo de trasponer la Convención a las normas jurídicas internas, demanda que es repetida en otras áreas también, por ejemplo, en la que regula los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Según la académica de la Universidad Arturo Prat, nuestro país incumple los tratados internacionales, en el caso de migración, un ejemplo sería el trato que reciben en el sistema de salud: “Cuando los extranjeros van al hospital, el funcionario de turno les dice ‘no, usted no tiene derecho, no puede ser atendido, porque es extranjero’ y resulta que Chile ha firmado convenios que dicen que deben ser atendidos, aunque no tengan RUN ni documentos”, cuenta la profesora que ha trabajado con comunidades migrantes de Iquique y Santiago.

El anteproyecto presentado por Bachelet buscaba regularizar la situación de los migrantes entregando un marco jurídico nuevo y diferente a la perspectiva de Piñera, sin embargo ya quedan siete meses de su mandato y aún no se presenta para discusión parlamentaria.

Marcela Tapia, geógrafa y experta en migración, quien ha estudiado el anteproyecto de la presidenta, plantea que es necesario que “exista una correspondencia entre lo que Chile ha suscrito y lo que plantea la ley, y que eso tenga relación con el reglamento y no termine siendo una ley paradójica. Así como también, que las decisiones de expulsión no queden al arbitrio de los funcionarios de turno”.

El que se respeten los derechos humanos de los migrantes también es uno de los puntos fundamentales de discusión entre la perspectiva del gobierno y las organizaciones migrantes, ya que en la actualidad éstos son vulnerados en situaciones como las descritas en el anterior ejemplo. “Todas las personas que llegan a este territorio son sujetos de derechos humanos y eso no puede obviarse”, puntualizó la Dra. Marcela Tapia.

La Vocera del Movimiento de Acción Migrante, quien ha participado activamente en las comisiones del Congreso que estudian el proyecto de ley de Piñera, explica que el anteproyecto de Bachelet es perfectible, pero lo prefiere a la visión utilitaria que tiene la iniciativa presentada en 2013.

Sin embargo, la dirigenta dice que Hacienda tiene frenada la iniciativa y, que desde la cartera han justificado, que no hay dinero para invertir en una política migratoria. Por otra parte, Tatiana Albuja explicó que la detención de una iniciativa de parte del Ejecutivo responde a la falta de acuerdos entre las partes ejecutantes del proyecto.