En 1978, Monseñor Oscar Romero decía que “es necesario que una sana y auténtica democracia abra los canales del diálogo para escuchar qué angustias tiene el pueblo y se le den leyes y se respeten sus organizaciones para que respire un ambiente de justicia y paz”.
Romero fue asesinado por la dictadura militar en marzo de 1980. El 23 de mayo de 2016 fue beatificado como “mártir” de una fe encarnada en la realidad de América Latina y, en particular, de El Salvador.
El pueblo cristiano ha venerado a Romero como santo desde un comienzo, antes de su proclamación oficial. Su beatificación demoró porque resultaba incómoda a los dueños de El Salvador y a sus servidores. De allí las presiones de los dueños de El Salvador, los informes negativos del Nuncio y de la mayoría de los obispos salvadoreños que lo acusaban de “haberse metido en política”. No obstante, al igual que cientos de sacerdotes, religiosas, catequistas, etc., todavía ignorados tras sus asesinatos a lo largo de América Latina, Romero vio el rostro de Cristo crucificado en los pobres y se puso del lado de los oprimidos. Es éste un modelo no sólo de santidad, sino de una pastoral liberadora del pecado expresado en estructuras políticas y económicas diseñadas para oprimir a los pueblos. La muerte de Romero fue “la gota que rebasó el vaso”, iniciándose así en forma abierta el conflicto armado que dejó miles de víctimas y otros tantos miles de exiliados y que culminó en 1992.
Parte de los acuerdos de paz de 1992 entre el gobierno y las fuerzas populares, poniendo fin al conflicto armado, fue la creación de una Comisión de Verdad para investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos ocurridos durante la guerra civil. La Comisión publicó su informe el 15 de marzo de 1993, señalando que el ejército fue responsable de más del noventa por ciento de las atrocidades cometidas. Cinco días después de la publicación del Informe, la Asamblea Legislativa aprobó una amplia ley de amnistía con el nombre de “Ley de Reconciliación Nacional” que abarcada todos los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos desde el 1º de enero de 1980, lo que ha impedido acceder a la verdad y a la justicia. La impunidad no permite la reconciliación. Los escuadrones de la muerte ligados al poder económico y a los círculos salvadoreños residentes en USA no han sido juzgados y el pueblo salvadoreño ha continuado aplastado y sin esperanza.
En el presente año se cumplen 25 años de los acuerdos de paz en El Salvador. Entre 2015 y 2016 se han registrado 12.000 asesinatos, atribuidos a las pandillas (conocidas como maras), que son efecto de la violencia y de la injusticia de una “democracia de los acuerdos” que se mantiene en los marcos del capitalismo neoliberal.
Las maras están constituidas por los “sobrantes” del sistema: hijos de familias destruidas por la guerra y por exilio. Son varios millones de salvadoreños migrantes en USA, donde padecen la discriminación y la persecución, intensificadas por las amenazas del Presidente Donald Trump.
Las maras se han extendido a Estados Unidos, Guatemala y a Honduras. Controlan territorios. Se imponen mediante el miedo y la extorsión a transportistas y pequeños comerciantes. Sólo en USA, la “Mara Salvatrucha” contaría con 10.000 miembros.
Hay barrios donde las maras controlan la seguridad y los accesos, haciendo que funcionen la recolección de basura, las postas, las escuelas, incluyendo las campañas electorales al llamar a votar o no votar por un determinado candidato. En vista de los comicios electorales a realizarse en 2018 y 2019, un diputado en ejercicio invitó a todas las fuerzas políticas a firmar un pacto para no utilizar a las maras con fines electorales. Este punto se enmarca en el contexto de una “oscura tregua” entre 2012 y 2013 entre el Estado y las pandillas, la que fue avalada por la OEA.
La pobreza afecta al 50% de los salvadoreños. US$4.200 es el PIB per cápita. Alrededor de tres millones de salvadoreños están en USA y las remesas representan el 17% del PIB y que las familias beneficiadas “las devuelven a USA a través de los innumerables centros comerciales llenos de franquicias como Starbucks, Wendy”s y muchos otros.”.
Romero había escrito: “El martirio es una gracia que no merezco. Pero si Dios acepta el sacrifico de mi vida, quiero que mi sangre sea semilla de liberación para mi pueblo y un testimonio de esperanza para el futuro”.
La semilla plantada por Romero aún no ha brotado. La violencia sigue presente, como fruto de la injusticia y de la impunidad. No es posible permitir que el poder también asesine la esperanza.