Como una muestra de la falta de voluntad política del Gobierno fue calificada por pescadores artesanales el anuncio hecho por el subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, de que el Ejecutivo enviará en octubre el proyecto de ley que modifica la cuestionada Ley de Pesca, pero que no incluirá cambios en los derechos de propiedad entregados a las grandes empresas.
Justamente, este es uno de los puntos fundamentales por el cual los pescadores están pidiendo la anulación de la llamada Ley Longueira, ya que ha quedado demostrado que las grandes pesqueras pagaron a distintos parlamentarios para lograr que durante el proceso de legislación de la ley, se consagraran estos derechos a su favor, en desmedro del resto de los trabajadores del área.
Hernán Cortés, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), señaló que si las eventuales modificaciones que se presentarán en octubre son sólo un cambio cosmético “no tiene mucho sentido”, por lo que reiteró que como pescadores artesanales están buscando es realizar “una modificación profunda de la ley, si es que no se puede una anulación de esta”.
Cortés fue enfático en señalar que, a partir de las declaraciones hechas por Berazaluce, queda claro que “el camino de la anulación lo están tratando de evitar por todos lados”, y que para ellos uno de los puntos fundamentales es que las organizaciones sean actores relevantes en la creación de una nueva ley, así como que “la propiedad de los peces vuelvan a manos de todos los chilenos”.
“Nosotros tenemos la esperanza que en algún minuto esa situación se revierta y que el Estado pueda, de una vez por todas, recuperar los peces sin tener que pagarle derechos a quienes han usufructuado del mar chileno con una ley que ellos la construyeron con ilegalidades, entonces aquí el empresariado no puede estar esperando que les devuelvan dinero si es que la ley la echan abajo puesto que ellos se han beneficiado de una ley corrupta”.
Además, el líder de Fenaspar señaló que el informe de la FAO en el cual se basarían parte de las modificaciones que ingresará el Ejecutivo, “no va al fondo del problema”, es decir la legalidad de la ley, los privilegios que le fueron otorgados “a quienes financiaron campañas políticas de quienes construyeron este cuerpo legal”: “Chile debe volver a la normalidad, y la normalidad es que este cuerpo legal llamado Ley Longueira desaparezca de una vez por todas”.
El diputado independiente Sergio Aguiló, quien forma parte de la bancada que presentó un proyecto de ley para anular la Ley de Pesca, señaló que si bien reconocen que existe una controversia de tipo constitucional frente a la posibilidad de anular una ley, ya que la Carta Magna no expresa “literalmente” que las leyes puedan ser anuladas, desde el punto de vista jurídico, político y ético estaría “más que justificada” su eliminación.
Aguiló señaló que la disposición más relevante que debe ser modificada es la que tiene relación con los derechos de propiedad que otorgó esta ley, por lo mismo más allá si el proceso es la anulación, derogación o modificación lo que como bancada les interesa es que, efectivamente, se deje sin efecto ese articulado: “Nosotros vamos a dar esa pelea a fondo”, anunció el diputado.
“Esa disposición pueda ser debatida y, eventualmente, corregida, revisada o derogada y en el evento que se derogue anular los efectos de la misma disposición porque esa es, principalmente, la disposición que motivó a estas prácticas ilícitas fue el incentivo para que Corpesca y otras entidades como ellas, que agrupa a ciertas pesqueras, llegaran incluso al extremo de comprar la voluntad de parlamentarios para poder ganar la Ley de Pesca que hoy día está vigente”.
Finalmente, Hernán Cortés señaló que no descartan efectuar nuevas movilizaciones frente a este anuncio del subsecretario de Pesca, y que la postura de los pescadores artesanales “no ha cambiado ni un ápice de lo que dijimos al principio: anulación de la Ley de Pesca, inclusión de la plataforma social dentro de la ley y recobrar los recursos para todos los chilenos”, concluyó.
Como una muestra de la falta de voluntad política del Gobierno fue calificada por pescadores artesanales el anuncio hecho por el subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, de que el Ejecutivo enviará en octubre el proyecto de ley que modifica la cuestionada Ley de Pesca, pero que no incluirá cambios en los derechos de propiedad entregados a las grandes empresas.
Justamente, este es uno de los puntos fundamentales por el cual los pescadores están pidiendo la anulación de la llamada Ley Longueira, ya que ha quedado demostrado que las grandes pesqueras pagaron a distintos parlamentarios para lograr que durante el proceso de legislación de la ley, se consagraran estos derechos a su favor, en desmedro del resto de los trabajadores del área.
Hernán Cortés, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), señaló que si las eventuales modificaciones que se presentarán en octubre son sólo un cambio cosmético “no tiene mucho sentido”, por lo que reiteró que como pescadores artesanales están buscando es realizar “una modificación profunda de la ley, si es que no se puede una anulación de esta”.
Cortés fue enfático en señalar que, a partir de las declaraciones hechas por Berazaluce, queda claro que “el camino de la anulación lo están tratando de evitar por todos lados”, y que para ellos uno de los puntos fundamentales es que las organizaciones sean actores relevantes en la creación de una nueva ley, así como que “la propiedad de los peces vuelvan a manos de todos los chilenos”.
“Nosotros tenemos la esperanza que en algún minuto esa situación se revierta y que el Estado pueda, de una vez por todas, recuperar los peces sin tener que pagarle derechos a quienes han usufructuado del mar chileno con una ley que ellos la construyeron con ilegalidades, entonces aquí el empresariado no puede estar esperando que les devuelvan dinero si es que la ley la echan abajo puesto que ellos se han beneficiado de una ley corrupta”.
Además, el líder de Fenaspar señaló que el informe de la FAO en el cual se basarían parte de las modificaciones que ingresará el Ejecutivo, “no va al fondo del problema”, es decir la legalidad de la ley, los privilegios que le fueron otorgados “a quienes financiaron campañas políticas de quienes construyeron este cuerpo legal”: “Chile debe volver a la normalidad, y la normalidad es que este cuerpo legal llamado Ley Longueira desaparezca de una vez por todas”.
El diputado independiente Sergio Aguiló, quien forma parte de la bancada que presentó un proyecto de ley para anular la Ley de Pesca, señaló que si bien reconocen que existe una controversia de tipo constitucional frente a la posibilidad de anular una ley, ya que la Carta Magna no expresa “literalmente” que las leyes puedan ser anuladas, desde el punto de vista jurídico, político y ético estaría “más que justificada” su eliminación.
Aguiló señaló que la disposición más relevante que debe ser modificada es la que tiene relación con los derechos de propiedad que otorgó esta ley, por lo mismo más allá si el proceso es la anulación, derogación o modificación lo que como bancada les interesa es que, efectivamente, se deje sin efecto ese articulado: “Nosotros vamos a dar esa pelea a fondo”, anunció el diputado.
“Esa disposición pueda ser debatida y, eventualmente, corregida, revisada o derogada y en el evento que se derogue anular los efectos de la misma disposición porque esa es, principalmente, la disposición que motivó a estas prácticas ilícitas fue el incentivo para que Corpesca y otras entidades como ellas, que agrupa a ciertas pesqueras, llegaran incluso al extremo de comprar la voluntad de parlamentarios para poder ganar la Ley de Pesca que hoy día está vigente”.
Finalmente, Hernán Cortés señaló que no descartan efectuar nuevas movilizaciones frente a este anuncio del subsecretario de Pesca, y que la postura de los pescadores artesanales “no ha cambiado ni un ápice de lo que dijimos al principio: anulación de la Ley de Pesca, inclusión de la plataforma social dentro de la ley y recobrar los recursos para todos los chilenos”, concluyó.
Como una muestra de la falta de voluntad política del Gobierno fue calificada por pescadores artesanales el anuncio hecho por el subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, de que el Ejecutivo enviará en octubre el proyecto de ley que modifica la cuestionada Ley de Pesca, pero que no incluirá cambios en los derechos de propiedad entregados a las grandes empresas.
Justamente, este es uno de los puntos fundamentales por el cual los pescadores están pidiendo la anulación de la llamada Ley Longueira, ya que ha quedado demostrado que las grandes pesqueras pagaron a distintos parlamentarios para lograr que durante el proceso de legislación de la ley, se consagraran estos derechos a su favor, en desmedro del resto de los trabajadores del área.
Hernán Cortés, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), señaló que si las eventuales modificaciones que se presentarán en octubre son sólo un cambio cosmético “no tiene mucho sentido”, por lo que reiteró que como pescadores artesanales están buscando es realizar “una modificación profunda de la ley, si es que no se puede una anulación de esta”.
Cortés fue enfático en señalar que, a partir de las declaraciones hechas por Berazaluce, queda claro que “el camino de la anulación lo están tratando de evitar por todos lados”, y que para ellos uno de los puntos fundamentales es que las organizaciones sean actores relevantes en la creación de una nueva ley, así como que “la propiedad de los peces vuelvan a manos de todos los chilenos”.
“Nosotros tenemos la esperanza que en algún minuto esa situación se revierta y que el Estado pueda, de una vez por todas, recuperar los peces sin tener que pagarle derechos a quienes han usufructuado del mar chileno con una ley que ellos la construyeron con ilegalidades, entonces aquí el empresariado no puede estar esperando que les devuelvan dinero si es que la ley la echan abajo puesto que ellos se han beneficiado de una ley corrupta”.
Además, el líder de Fenaspar señaló que el informe de la FAO en el cual se basarían parte de las modificaciones que ingresará el Ejecutivo, “no va al fondo del problema”, es decir la legalidad de la ley, los privilegios que le fueron otorgados “a quienes financiaron campañas políticas de quienes construyeron este cuerpo legal”: “Chile debe volver a la normalidad, y la normalidad es que este cuerpo legal llamado Ley Longueira desaparezca de una vez por todas”.
El diputado independiente Sergio Aguiló, quien forma parte de la bancada que presentó un proyecto de ley para anular la Ley de Pesca, señaló que si bien reconocen que existe una controversia de tipo constitucional frente a la posibilidad de anular una ley, ya que la Carta Magna no expresa “literalmente” que las leyes puedan ser anuladas, desde el punto de vista jurídico, político y ético estaría “más que justificada” su eliminación.
Aguiló señaló que la disposición más relevante que debe ser modificada es la que tiene relación con los derechos de propiedad que otorgó esta ley, por lo mismo más allá si el proceso es la anulación, derogación o modificación lo que como bancada les interesa es que, efectivamente, se deje sin efecto ese articulado: “Nosotros vamos a dar esa pelea a fondo”, anunció el diputado.
“Esa disposición pueda ser debatida y, eventualmente, corregida, revisada o derogada y en el evento que se derogue anular los efectos de la misma disposición porque esa es, principalmente, la disposición que motivó a estas prácticas ilícitas fue el incentivo para que Corpesca y otras entidades como ellas, que agrupa a ciertas pesqueras, llegaran incluso al extremo de comprar la voluntad de parlamentarios para poder ganar la Ley de Pesca que hoy día está vigente”.
Finalmente, Hernán Cortés señaló que no descartan efectuar nuevas movilizaciones frente a este anuncio del subsecretario de Pesca, y que la postura de los pescadores artesanales “no ha cambiado ni un ápice de lo que dijimos al principio: anulación de la Ley de Pesca, inclusión de la plataforma social dentro de la ley y recobrar los recursos para todos los chilenos”, concluyó.
