Según el fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, no sería posible mantener  la retención de dichos inmuebles por encontrarse fallecido el responsable del eventual delito de malversación de caudales públicos, es decir, el dictador Augusto Pinochet Ugarte.

En el documento se establece que “las penas deben ser personales, es decir, deben recaer directamente en el responsable y nada más que sobre él, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicio de terceros (en este caso de sus herederos)”.

Entre los bienes embargados y que deberán ser restituidos, figuran departamentos en Iquique, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, bodegas, estacionamientos y un terreno en Lago Ranco, a nombre de la Sociedad Inversiones Belview Internacional.  Además, se suman tres vehículos y los depósitos bancarios por más de 4 millones de dólares.

En el mismo fallo el tribunal absolvió a seis oficiales en retiro del Ejército acusados por malversación de dineros fiscales pero que, de acuerdo a la Corte, se trataron de delitos prescritos. Esto, porque no se habrían ejecutado de manera continuada, entre 1981 y 2004.

Los seis oficiales en retiro fueron condenados en 2015 por el ministro visita, Manuel Valderrama, por gestionar y transferir estos dineros a las distintas cuentas bancarias que Pinochet manejaba en el exterior, por un monto de 6 mil 466 millones de dólares.

Valderrama acusó a 15 de los 25 presuntos involucrados en la causa, dejando fuera a la esposa del dictador, Lucía Hiriart, y a sus cuatro hijos. Pinochet fue desaforado a petición del ministro Sergio Muñoz y luego procesado pero, debido a su muerte en 2006,  fue sobreseído de la causa.

Con esto se revoca la decisión ejecutada por el juez Valderrama y se les otorga la prescripción a los oficiales en retiro Jorge Ballerino Sanford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Sergio Moreno Saravia, Juan Mac Lean Vergara y Eduardo Castillo Cádiz.

Para la abogada de derechos humanos y querellante en este caso, Carmen Hertz, la resolución no se condice con la evidencia recogida por más de 11 años en la investigación del caso.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la profesional afirmó que “no solo hubo ilícitos cometidos por Pinochet sino que también por sus cómplices, es decir, los jefes de la Casa Militar”. Además, apuntó a que las penas corporales son individuales pero que en este caso Pinochet aumentó su patrimonio de manera ilegal, traspasándolo a sus herederos no sólo por la vía del testamento.

Por lo mismo,  indicó que impugnarán este fallo ante la Corte Suprema. “Es aberrante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la sociedad porque no se puede permitir que este enriquecimiento ilícito quede en la impunidad. Vamos a estudiar muy rigurosamente el fallo y trataremos de revertirlo mediante un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema”, sostuvo.

También apuntó al rol que debería asumir el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que, a su juicio, lo mínimo que debiese solicitar este organismo es un sumario administrativo para conocer los criterios que fundaron esta resolución del tribunal.

La abogada también mencionó antecedentes cruciales respecto de esta causa judicial: “Los inmuebles y los dineros de las cuentas bancarias que se estarían traspasando a la parentela de Pinochet serían 17 mil millones de dólares. Esta trama de enriquecimiento de Pinochet fue descubierta por el subcomité del Senado norteamericano para investigar terrorismo y ahí se conoció la cantidad de empresas off shore que mantenía en paraísos fiscales”.

La Corte de Apelaciones señaló que en el proceso “quedó sentado que una parte importante de la fortuna de Augusto Pinochet proviene de la distracción de fondos públicos, principalmente de gastos reservados”. Se precisó que de acuerdo a los instrumentos utilizados no se podía establecer de manera congruente el monto total al que ascienden los bienes de Pinochet, pero sí exponen un informe pericial elaborado por la Universidad de Chile que lo fijan en 21 mil 363 millones de dólares.

El caso también generó reacciones políticas. El diputado comunista, Hugo Gutiérrez, coincidió con la abogada Carmen Hertz y planteó la necesidad de iniciar un sumario administrativo.  A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario reconoció que se trataba de un acto vergonzoso ante delitos probados pero que habrían estado fuera de plazo. En tanto, desde la oposición algunos parlamentarios, como el UDI Jorge Ulloa, se mostraron a favor de la decisión, mientras otros prefirieron no referirse al tema.