El documento (memoria) fue elaborado con la participación de científicos, técnicos y el grupo de juristas chilenos en La Haya, Holanda. Entre ellos, la agente Ximena Fuentes, y los coagentes María Teresa Infante y Juan Ignacio Piña. Al límite del plazo, junto con entregarlo a la Presidenta Michelle Bachelet también se presentó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En la Memoria se esgrimen detalladamente los argumentos del Estado chileno ante las discrepancias con el país vecino por el uso y propiedad de las aguas del Silala.
¿Río o Manantial?
Una de las cosas que deberá dirimir la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, es si el Silala (o Silali) es un río, como lo plantea el equipo chileno, o bien un manantial y bofedales como lo asegura Bolivia. Ambas partes señalan tener razón y han desplegado a sus equipos jurídicos en base a una serie de documentos y antecedentes históricos para reafirmar sus respectivas tesis.
Para el historiador y analista político chileno, Máximo Quitral, autor del libro; “Los desafíos de una agenda bilateral: Chile y Bolivia entre las diferencias políticas y los acercamientos económicos, 1970-1990″, ambas partes tienen suficientes argumentos para fortalecer su posición en La Haya, sin embargo, según Quítral, la parte chilena ha omitido un antecedente importante respecto a este conflicto. “Este tema (sobre el Silala) no es nuevo y Bolivia ha venido el último tiempo pidiendo a Chile discutir el tema. Así ocurrió el año 2006 cuando presentó la ‘Agenda de los 13 puntos’ de la cual, en el punto 7 se pedía –por parte del país altiplánico- discutir el uso de las aguas del Silala. Sin embargo Chile se negó sistemáticamente a tratar el tema, que hoy vuelve a aflorar y que se resolverá en La Haya, aunque al no haber una impugnación a la demanda presentada por Chile por parte de Bolivia, debería avanzar en un menor plazo que los otros conflictos que ha enfrentado Chile en la CIJ”, asegura.
Por su parte, la mandataria chilena recalcó este lunes que “la demanda pretende probar que el río tiene carácter binacional y que Bolivia no se puede asumir como propietario del caudal”. Además, expresó que para el país “es fundamental resguardar este recurso hídrico que ha surtido de agua a varias localidades, como Sierra Gorda o Baquedano en la región de Antofagasta, y que actualmente está siendo usado por Codelco”.
Todo esto, precisó Michelle Bachelet, estaría fundamentado con evidencia científica y tendría como primer dato la topografía del lugar: “se reconoce una pendiente en la cuenca por la diferencia entre los 4.400 metros en Bolivia a los 4.200 metros de Chile, donde el caudal puede correr solo hacia Chile”, enfatizó la Mandataria.
La legislación que rige a los ríos fronterizos que defiende la cancillería chilena
Chile sostiene que el Silala es un río (fronterizo y binacional) y por tal, rigen las normas que se aplican al uso de las aguas en el caso de los ríos fronterizos.
El Silala es un curso de agua que nace en los faldeos del cerro Inacaliri, a más de 4.000 metros de altura, en el departamento boliviano de Potosí. En un punto, el caudal se une con un segundo curso de agua y baja por un cañón hacia la frontera chilena para unirse con el río Cajón y dar origen al río San Pedro de Inacaliri, que desemboca en el río Loa.
La directora del Centro de Derecho Ambiental, la abogada Valentina Durán, explicó que el primer principio que los estados deben cumplir es que, pese al derecho soberano de usar y explotar recursos naturales esa acción no puede afectar el medioambiente de otro país.
Aquí es relevante el significado que adquiere el concepto de “recursos compartidos”, explica la profesional, porque se tratan de recursos hídricos que fluyen y atraviesan ambas naciones. Ante esto, los países deben generar comisiones técnicas para levantar información e intercambiarla de buena fe y, en el caso de construir obras que puedan modificar el caudal, los estados deben llegar a consensos ambientales. Valentina Durán precisó las convenciones internacionales que rigen esta materia.
“De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al principio de derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano a explotar los recursos que se encuentran en sus territorios, según sus propias políticas de desarrollo. Pero al mismo tiempo tienen que velar por que las actividades que desarrollen en su jurisdicción no causen daño a otro Estado“, señaló.
Además, agregó que: “La segunda fuente relevante en cuando a los recursos compartidos es la Convención de la ONU específica que norma los causales que tienen fines distintos de la navegación“. Esta última normativa mencionada por la abogada corresponde a la Convención de 1997 que regula los caudales susceptibles de ser calificados como ríos binacionales.
Por su parte la profesora de Derecho Internacional Público del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat, explica que si bien Chile no se ha hecho parte de esta convención, muchas de las normas contenidas en ellas tienen carácter consuetudinario, es decir, son reconocidos solo por acuerdo aunque no estén escritos. En esto se basa la argumentación del equipo chileno de juristas, aclaró la académica.
Además, precisa que “esta convención recoge normas especialmente relativas a que los recursos hídricos deben utilizarse en forma equitativa y razonable por los estados“.
En tanto, la analista internacional Paz Milet recuerda que esta controversia también se produjo en torno al rio Lauca, ubicado en la zona altiplánica entre Chile y Bolivia, que se origina en la región de Arica y Parinacota y atraviesa la frontera para desembocar en el Lago Coipasa, en el departamento boliviano de Oruro.
A su juicio, la controversia del Silala implica importantes intereses en los recursos mineros y el agua que es aprovechada por las empresas de ambos estados.
“Aquí está también en disputa cómo se nutren de agua los recursos mineros. Para Bolivia tiene una posición emblemática el río Silala y el tema lo ha venido planteando hace bastante tiempo. En el tiempo de la Concertación se pidió una visita conjunta de congresistas de ambos países pensando que podía ser un espacio de cooperación“, explicó.
Y es que efectivamente Bolivia inició a finales de los 90’ varios estudios de factibilidad respecto a la proyección y desarrollo en la utilización de recursos hídricos en esa zona. De este modo, en el Departamento de Potosí, se iniciaron proceso de licitación para la utilización de las aguas del Silala en diferentes áreas productivas. Fue de este modo que una de las empresas que ganó la explotación del Silala en Bolivia (DUCTEC) inició el proceso para cobrar factura por utilización del recurso hídrico a las empresas mineras chilenas (Codelco y Antofagasta Minerals). Fue el año 2000 cuando dicha empresa decidió cortar el suministro del Silala hacia Chile. Esto debido a la negativa de las empresas chilenas a pagar por la utilización del recurso y tras las declaraciones –de apoyo a esas compañías- que hiciera la en ese entonces canciller Soledad Alvear.
De este modo ambos gobiernos iniciaron en aquella oportunidad reuniones para lograr acercamientos en el conflicto entre privados sin mayores resultados, así ocurrió con los acercamientos bilaterales y con la denominada “Agenda de los 13 puntos” que terminó sin avance.
Bolivia presentará su contramemoria
Por su parte, Bolivia contará con un año para preparar su respuesta que, según manifestó el presidente de ese país, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, será a través de una contramemoria porque no objetarán la competencia de la demanda hecha por Chile.
En un artículo publicado este lunes por el diario boliviano La Razón, se aclaraba que la postura del Gobierno altiplánico es que el Silala es un manantial finito que nace en el cantón Quetena Chico, en Potosí, y que en reiteradas oportunidades se ha ratificado que el agua proviene de bofedales que están en suelo boliviano de los cuales emana el recurso. También, suman como antecedente que en 1908 estas aguas fueron canalizadas artificialmente hasta suelo chileno para el uso del ferrocarril que cruzaba ambas naciones.
Así, el conflicto del Silala se suma a la tensa relación diplomática que han mantenido por décadas Chile y Bolivia. Cabe recordar que en marzo pasado, el equipo jurídico de Bolivia llegó hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para presentar la réplica de su gobierno respecto del litigio sobre acceso soberano al mar del pacifico. Chile debe reaccionar con una dúplica antes del 21 de septiembre de este año.