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Año XI, 15 de octubre de 2019

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Diputados buscan ampliar control de identidad a adolescentes

Pese a todas las observaciones y recomendaciones de expertos y organismos chilenos e internacionales, un grupo de parlamentarios presentará este miércoles una moción para ampliar el controvertido control de identidad preventivo a adolescentes entre 16 y 18 años. Si bien, la nueva norma no ha tenido un impacto relevante en el “combate a la delincuencia”, los legisladores argumentan que con esta medida se hará más efectiva la labor de Carabineros para enfrentar delitos, como el narcotráfico.

Montserrat Rollano

  Miércoles 5 de julio 2017 7:44 hrs. 
control de identidad

A un año desde la entrada en vigencia del Control Preventivo de Identidad, sólo el 5,5% de las personas controladas preventivamente fueron detenidas. Una cifra, según datos de Carabineros, incluso menor a la correspondiente al antiguo sistema y que a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) muestra que esta iniciativa “hasta el momento no ha sido efectiva”.

Sin embargo, para un grupo transversal de parlamentarios esta herramienta ha sido eficiente en el combate de la delincuencia y argumentan que hasta la fecha, Carabineros ha recibido sólo 12 reclamos por ejercicio abusivo de los más de un millón de controles realizados.

Por esta razón, los legisladores presentarán este miércoles una moción que busca ampliar esta facultad de las policías para interrogar a adolescentes entre 16 y 18 años. Esto, pese a que durante la discusión legislativa se determinó excluir a este sector de la población, a raíz de recomendaciones de organismos internacionales y la Corte Suprema, entre otros.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora regional para América Latina y el Caribe de la UNICEF, María Cristina Perceval reiteró los reparos de la entidad hacia una medida de estas características, enfatizando que ésta profundiza la discriminación y la exclusión, contraviniendo los convenios suscritos por nuestro país, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CIDH), firmado en 1990.

“Si esto se aplicara a los niños, las niñas y adolescentes, no sólo sería una visión muy poco eficaz -porque con los adultos resulta poco eficaz en términos de cohesión social y sociedades más seguras- sino también sería contradictorio con la Convención de los derechos del Niño”, argumentó.

Consultado por este medio, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, fue categórico en que esta iniciativa no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, ya que, entre otras cosas, deben existir procedimientos especiales por parte de las policías cuando intervienen con población de menos de 18 años.

Además, expresó que “no hay evidencia en esa ley que permita afirmar que el control preventivo en los menores de edad contribuye a mejor seguridad ciudadana. Muy por el contrario, es una ley que recién se está desplegando y en la cual el respeto y la protección integral de los niños tiene que prevalecer por sobre cualquier otra consideración”.

Los autores de esta moción pertenecen a distintos sectores políticos: Gabriel Silber de la Democracia Cristiana, Daniel Farcas del PPD, Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional y Claudia Nogueira de la UDI. A juicio de ellos, hay quienes, pese a la edad, sí cometen delitos, por lo que también deber ser objeto de estos controles.

En ese sentido, el diputado Fuenzalida lamentó que “hoy los menores son pasto seco para bandas de delincuentes que los emplean para cometer delitos. Son partícipes de la delincuencia”. Mientras que su par del PPD argumentó que “la mayoría de las bandas de narcotraficantes utilizan a menores de edad”, por lo que éstos debieran formar parte de estos procedimientos.

Una visión que el abogado penalista de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego descarta tajantemente. A juicio del jurista, estas argumentaciones son “absurdas” ya que por un lado, acciones de este tipo no tienen ningún efecto, y por el otro, si “hay efectivamente carteles de narcotraficantes que están haciendo esta tarea, lo que hay que hacer es ir detrás de ellos y procesarlos por el delito de tráfico de drogas y por el delito de abuso y explotación de los niños”.

El experto manifestó que lo que hay detrás de estas propuestas, es un intento desesperado frente a un problema que tiene otras salidas. “Yo creo que esto es una especie de respuesta frente al problema del crimen, (una respuesta) improvisada, poco pensada que obedece más bien al hecho de que nuestra policía tiene algunos problemas de funcionamiento y entonces ellos buscan desesperadamente alguna respuesta superficial, rápida”.

El académico cuestionó además los datos proporcionados por Carabineros en relación al total de denuncias realizadas a raíz de los controles preventivos: “No tiene ninguna validez, porque ellos no han montado ningún sistema de reclamos. Presentar un reclamo en Carabineros hoy día es prácticamente imposible. No le reciben el reclamo, el sistema de la página web no funciona, existen barreras para presentar los reclamos en las propias comisarías. Más bien es casi un milagro que se haya podido establecer todos estos reclamos porque ellos han tomado las medidas para que no se pueda reclamar”.