El experto en derecho penal no dio crédito a las críticas contra la Fiscalía, en cambio, cuestionó la labor que realizó el tribunal. Para Riego, las magistradas a cargo del proceso “perdieron el control del juicio o nunca pretendieron controlarlo”.
El académico advierte que la falta de quórum que permitió que Antonio Ulloa mantuviera su cargo, pese a sus vínculos con el caso Hermosilla, envía un mensaje de impunidad y fractura la credibilidad del Poder Judicial.
El abogado y académico analizó las diversas aristas del caso que hoy remueve al Poder Judicial. Lo anterior, en una secuencia de errores que, a su juicio, no tiene precedentes en nuestro país.
El académico valoró la incautación de aparatos a los ministros Antonio Ulloa y Héctor Mery, pero cuestionó que todo el peso de la investigación lo esté llevando la Fiscalía. A su juicio, el Poder Judicial y el Congreso también deberían actuar.
Los diputados PS Cicardini y Manoucheri pidieron a Contraloría indagar los contratos entre el expersecutor y la Municipalidad de La Florida y Providencia. Leonardo Soto, en tanto, anunció que se querellará por los presuntos vicios en el caso Penta.
El académico dijo que en el actual sistema, más que cálculos políticos, imperan “influencias de abogados que buscan satisfacer a clientes por razones económicas”. Por otro lado, señaló que Chadwick debe aclarar si fue, o no, cómplice de Hermosilla.
El abogado opinó que el juicio de esta causa es un ejemplo de “cómo el sistema debe comportarse para producir una decisión legítima”. No obstante, reconoció que el Poder Judicial no es visto como una estructura que provee decisiones neutrales.
Si bien el académico UDP señaló que contextos como los que vive hoy el país requieren un “trabajo operativo de todo el aparato estatal”, advirtió que la reacción del Parlamento frente al atentado en Cañete puede resultar en “legislaciones muy malas”.
El académico de la Universidad Diego Portales se mostró partidario de avanzar en una ley penitenciaria a propósito del conflicto que generó la resolución del juez Urrutia, y señaló que ante las críticas del Gobierno sobre el tema “es una opinión”.
El abogado y académico de la Universidad Diego Portales aseguró que aún con los cambios del Gobierno, se estaría configurando una “ley tosca”. Además, señaló que faltaron penas especiales para las usurpaciones cometidas por organizaciones criminales.
El también académico de la Universidad Diego Portales indicó que había suficientes pruebas que demostraban el cohecho de muchos de los implicados que, finalmente, no fueron acusados por este delito
Pese a todas las observaciones y recomendaciones de expertos y organismos chilenos e internacionales, un grupo de parlamentarios presentará este miércoles una moción para ampliar el controvertido control de identidad preventivo a adolescentes entre 16 y 18 años. Si bien, la nueva norma no ha tenido un impacto relevante en el “combate a la delincuencia”, los legisladores argumentan que con esta medida se hará más efectiva la labor de Carabineros para enfrentar delitos, como el narcotráfico.
