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Dominga interrumpe agenda verde de Bachelet y llega hasta Tribunal Ambiental

Declaraciones como la que realizó el actual ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, acerca de la factibilidad del proyecto minero –a días de haber sido rechazado en Consejo de Ministros–, sumado al discurso efectista de los medios conservadores a favor del crecimiento económico y del incentivo de la inversión, pavimentaron el camino para que la empresa de Carlos Alberto Délano concurra a la instancia judicial.

Nicolás Massai

  Domingo 15 de octubre 2017 17:24 hrs. 
dominga

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En agosto de este año seis ministros realizaron un consejo para determinar la suerte que iba a correr Dominga, proyecto minero ubicado en la región de Coquimbo, controlado por Carlos Alberto Délano, histórico financista de la UDI y hombre acusado por la Fiscalía de delitos tributarios en el marco del caso Penta.

Meses antes del día decisivo, el hincapié a nivel mediático había ido en la dirección de enfatizar la gran inversión que significaría para la zona e incluso para el país esta iniciativa. Así, y pasando por alto los antecedentes de Délano –que llevaban a cuestionar, a lo menos, su ética empresarial–, diarios de corte conservador destacaron el desarrollo económico del que podría gozar la comuna de La Higuera en caso de contar con la aprobación, con más de 10.000 puestos de trabajo en el período de construcción y luego otros 1.450 para la faena diaria.

Pero otro gallo cantó, y Dominga fue rechazado por tres votos contra dos, a lo que se sumó la abstención del entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien renunció unos días después a la siga de su colega de Hacienda, Rodrigo Valdés. Todo indicó que ambos jefes de cartera se retiraron por la inclinación que se produjo en favor del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por el ingeniero civil Marcelo Mena.

Fue el mismo Mena el que entregó la información sobre este veredicto, y dijo que el rechazo se debía principalmente a que las medidas de “mitigación, compensación y reparación no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto”. Desde ese lunes de agosto hasta la fecha, el ministro encabezó una agenda verde dispuesta por Michelle Bachelet, que incluyó el anuncio de la Presidenta en la sala de conferencias de la ONU, que avisaba sobre el envío de una ley que va a eliminar la entrega de bolsas plásticas en las comunas costeras de Chile.
Y fue también el mismo Mena el que le dio la extremaunción al proyecto de Délano a inicios de septiembre, cuando declaró que el capítulo ya había sido “cerrado”.

En tanto, la estrategia de Dominga se basó en mover la balanza de manera discreta, de a poco, apuntando ahora con más pesimismo al decrecimiento económico y a la desconfianza que provocaría una decisión así para la inversión. Para eso contaron con la bondad de personas como Jorge Rodríguez Grossi, el economista que reemplazó a Céspedes en el Ministerio de Economía y que, después de asumir, afirmó en una declaración inédita que la iniciativa “si es rentable, no veo problemas en que se haga”.

El terreno, entonces, se comenzó a pavimentar para la declaración que circuló este sábado, luego de que un día antes se liberaran las actas del Comité de Ministros en donde se exponían los argumentos del rechazo y, movido por aquello, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, saliera a decir que tras revisar los textos y hallar, a su juicio, “arbitrariedades, ilegalidades y discrecionalidades del proceso”, el proyecto “está más vivo que nunca” y que recurrirán al Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Volador de luces

“Otra cosa no se puede esperar del señor Garrido, luego de todo lo que han hecho por manipular a la opinión pública y manipular a la ciudadanía. Ahora, lo lamentable es que el proyecto es deficiente desde sus inicios, que tiene errores fundamentales que impedían que fuera aprobado”, dice Nancy Duman, de Sphenisco, organización alemana que se creó en 2007 para apoyar la presión en contra de tres centrales termoeléctricas que se querían ubicar en la zona.

La dirigente habla en relación al anuncio de Dominga, que al momento de ser noticia, más allá de un hecho concreto, resultó ajustarse a una declaración explícita de intereses, lo que también se podría entender como una medida de presión.

Consultado al respecto, el diputado de la zona de Coquimbo, Daniel Núñez, explica que todos los argumentos que se tuvieron en cuenta para rechazar la propuesta en la evaluación que hizo la comisión regional y luego el Consejo de Ministros “son plenamente válidos como para que sean rechazados” por la instancia que ahora se viene.

“El entusiasmo y optimismo de Iván Garrido no es más que un volador de luces para tratar de manipular. La presión busca incidir en el Tribunal Ambiental y generar también una corriente mediática a favor de un proyecto mediático que, a medida que pasa el tiempo, queda más claro que su daño ha sido irreversible, sobre todo en el ecosistema y en los recursos marinos que están bordeando el sector de Punta Choros y la comuna de La Higuera”, dice.

En ese sentido, Núñez afirma tener confianza en la decisión que genere esta entidad, la que recibe los reclamos de ilegalidad que puedan surgir de veredictos de un Comité de Ministros. En caso de que no sea así, el congresista recurrirá a la Contraloría para pedir que se reanude el proceso.

Por último, el diputado Gabriel Silber (DC), indica que este caso es legítimo aunque debería llevar a replantearse la institucionalidad medioambiental: “cuesta entender cómo el gerente de Andres Iron puede hoy imaginar que este proyecto minero está más vivo que nunca. La reflexión después del caso Dominga es cómo mejoramos y hacemos más prolija la evaluación de este tipo de proyectos. Para eso tenemos que cambiar la ley. Hoy día los chilenos percibimos que depende del gobierno de turno y su política ambiental si es que un proyecto es aprobado o no. Eso no quita
que Dominga, desde el punto de vista ambiental, ha sido técnicamente objetado”.

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