El Pleno del Máximo Tribunal accedió a la solicitud de Jean Pierre Matus para que se realice una indagatoria que aclare antecedentes publicados en un medio de comunicación.
Se trata de información revelada por el medio Reportea, donde se da cuenta de pagos por 255 millones de pesos entre marzo y diciembre de 2023 al estudio jurídico de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos actualmente en prisión preventiva.
El senador PS, Alfonso de Urresti, apuntó al daño medioambiental que podría provocarse en el Archipiélago de Humboldt. Mientras, el parlamentario de la UDI, Sergio Gahona pidió terminar con la burocracia que frenaría la inversión.
La diputada comunista cuestionó la proyección de 30 mil empleos y enfatizó que solo 1.500 serían permanentes. Defendió en vez del megaproyecto un desarrollo basado en pesca artesanal, agricultura campesina y turismo sustentable.
Mientras la CPC aplaude el pronunciamiento de la Corte Suprema como una señal de certeza para la inversión, el Ministerio de Medio Ambiente recalca que la resolución no cierra la disputa y que el proyecto debe definirse en el Comité de Ministros.
“Se trata de un fallo histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental”, aseguró la empresa, definiendo lo ocurrido como un “verdadero ícono de la permisología y la judicialización”.
En tanto, a través de una declaración pública, 53 parlamentarios cuestionaron el proyecto de Andes Iron y alertaron sobre graves riesgos ambientales e institucionales.
El TC debía dirimir si el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones e invadió las facultades que son privativas del Comité de Ministros, como reclama el Ejecutivo.
El juez de la Corte Suprema es cercano a Marcelo Castillo Sánchez, uno de los abogados que ha defendido al proyecto de Andes Iron, razón por la que agrupaciones de la sociedad civil solicitaron que deje el caso.
El aumento de casos de amedrentamientos de empresas a activistas medioambientales en nuestro país ha ido de la mano con mayores demandas en tribunales. “En mi caso me trataron de anular”, cuenta el defensor Rodrigo de la O.
La acción se da luego de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental modificar una resolución ministerial sobre el polémico proyecto portuario minero.
Los integrantes de Alianza Humboldt ingresaron recursos de queja y apelación, presentados a nombre de comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil que alertan que se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho.
El ministro (S) de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, insistió en el que el Ejecutivo ya cumplió con el fallo judicial emitido por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades apuntaron a una ilegalidad en la reciente invalidación de la Justicia a la resolución del Comité de Ministros que rechazó la calificación ambiental del proyecto minero portuario
Grupos a favor de la iniciativa protestaron violentamente y se enfrentaron a los guardias. El presidente de la Comisión, diputado Félix González, aseguró que los manifestantes “cometieron delitos porque agredieron a guardias municipales”.
Ante la calificación desfavorable del proyecto minero-portuario, Liesbeth van der Meer cuestionó la insistencia respecto a su instalación. Además, destacó que si la iniciatica llegara a prosperar la perdida de biodiversidad sería “muy grande”.
La instancia ministerial, integrada por los respectivos subrogantes de las carteras de Economía, Salud, Energía, Minería y Agricultura, resolvió calificar desfavorablemente al proyecto minero-portuario.
