Atacameños en picada contra Corfo por tema SQM
Los pueblos originarios que viven en la cuenca del Salar de Atacama no le perdonan a la organización estatal el haberlos dejado al margen de la negociación con la minera no metálica por las nuevas cuotas de extracción, lo que se vio reflejado en un recurso de protección que aboga por la realización de una consulta indígena.
Miércoles 6 de junio 2018 19:27 hrs.
La llegada de los hermanos Ponce Lerou como asesores de SQM se ha observado con una gran alarma a nivel nacional. Son temas que han estado durante años en la agenda mediática; a lo menos desde que salió a la luz las conexiones directas que la minera no metálica tenía a lo largo y ancho del mundo político.
Sin embargo, poco se ha visibilizado la demanda de los pueblos originarios que habitan en la cuenca del Salar de Atacama, quienes se ven afectados directamente por la explotación de litio y quienes no apuntan necesariamente sus dardos a los propietarios de la empresa; más bien critican el modelo extractivista avalado por el Estado y que se lleva a cabo en esa zona del país.
La conciliación entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM llegó a buen puerto en enero de este año. Ante el Congreso Nacional, el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, indicó que esta negociación generaría para las arcas fiscales un total de utilidades “casi equivalentes” a lo que reportan todas las empresas mineras, con un monto adicional que podría alcanzar los “12 mil millones de dólares” a 2030.
Para Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños –entidad que representa a 18 comunidades–, este acuerdo no tiene representación en los intereses de los habitantes. Así lo afirmó a Radio Universidad de Chile este miércoles, unas horas después de que se suspendiera en la Corte de Apelaciones los alegatos del Recurso de Protección presentado por su organización.
“En ningún momento fue trabajado el acuerdo dentro de las comunidades. Es un formato que fue trabajado desde oficina, desde el centralismo, pero en ningún momento desde la cosmovisión propia de nuestro pueblo. Pensamos que con Corfo, al conciliar con SQM, en algún momento teníamos que hacer un trabajo en conjunto, de hecho, se creó el comité de minería no metálica, para dar resguardo al cumplimiento de este contrato, lo cual no se ha hecho efectivo y tampoco nos han hecho partícipes de esa instancia”, dijo.
El dirigente agregó que esperaban que el “Estado trabajara en base a la cosmovisión de los pueblos que están instalados en el Salar de Atacama”, ya que la principal preocupación de la agrupación es “prolongar la vida en la cuenca”.
El inicio del conflicto
Lo que llama la atención de los activistas también es el inicio del conflicto entre SQM y Corfo. Las demandas fueron interpuestas en 2014, y acorde al mismo sitio web de la organización estatal, se le pidió al “árbitro el término anticipado de los contratos y la devolución del Salar a Corfo, su dueño, tal como lo preveía el contrato”.
La razón principal era que “SQM no ha pagado al Estado las rentas, ha ocultado información y ha actuado de mala fe, afectando la integridad de la propiedad estatal del Salar, buscando impedir una licitación competitiva el 2030, año en que concluye su contrato”.
Estos antecedentes, sumados al resultado ya conocido en la conciliación dada a conocer en enero, resultan contradictorios para Jaime Madariaga, abogado del Consejo de Pueblos Atacameños. El profesional aludió a otro dato y manifestó que “en diciembre de 2016 Corfo demandó a la minera no metálica para terminar el contrato de explotación de litio, por un fraude de 962 millones de dólares al Estado de Chile”.
A renglón seguido, Madariaga explicó que “ese juicio arbitral terminó en un acuerdo en que Corfo le triplicó la cuota de extracción de litio a SQM”, lo que afectaría aún más a las comunidades.
“Corfo puso en una balanza el derecho al agua, la subsistencia, el derecho a vivir en el Salar de Atacama en armonía, versus los 8 mil millones de dólares que según Bitrán se iban a pagar en impuestos. Lamentablemente en la sociedad ese monto vale más que la subsistencia de un pueblo originario”. señaló.
Asimismo, el abogado agregó que el acuerdo “se vendió a la comunidad como ‘aquí logramos sacar a Ponce Lerou de SQM’ y ahora, el señor Bitrán nos dice que SQM engañó a los chilenos, pero aquí SQM no engañó a los chilenos, engañó a Corfo, y aquí Corfo tiene que asumir su responsabilidad”.
Distinta es la imagen que tiene del ex vicepresidente de la organización estatal el diputado Renato Garín, de Revolución Democrática, quien hizo énfasis en que “se encontró con situaciones muy difíciles, con un marco negociador muy difícil, con Ponce Lerou con la pistola sobre la mesa, con el mercado del litio mundial completamente revolucionado por la cuestión geo-política, y claro, él no tuvo más espacio, no podía entrar a preguntarle a las comunidades directamente lo que podía o no podía hacer”.
Este mismo miércoles la Cámara de Diputados accedió a conformar una comisión investigadora que tendrá como objetivo fiscalizar el acuerdo entre Corfo y SQM, a partir de los antecedentes conocidos este último tiempo.
La llegada de los hermanos Ponce Lerou como asesores de SQM se ha observado con una gran alarma a nivel nacional. Son temas que han estado durante años en la agenda mediática; a lo menos desde que salió a la luz las conexiones directas que la minera no metálica tenía a lo largo y ancho del mundo político.
Sin embargo, poco se ha visibilizado la demanda de los pueblos originarios que habitan en la cuenca del Salar de Atacama, quienes se ven afectados directamente por la explotación de litio y quienes no apuntan necesariamente sus dardos a los propietarios de la empresa; más bien critican el modelo extractivista avalado por el Estado y que se lleva a cabo en esa zona del país.
La conciliación entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM llegó a buen puerto en enero de este año. Ante el Congreso Nacional, el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, indicó que esta negociación generaría para las arcas fiscales un total de utilidades “casi equivalentes” a lo que reportan todas las empresas mineras, con un monto adicional que podría alcanzar los “12 mil millones de dólares” a 2030.
Para Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños –entidad que representa a 18 comunidades–, este acuerdo no tiene representación en los intereses de los habitantes. Así lo afirmó a Radio Universidad de Chile este miércoles, unas horas después de que se suspendiera en la Corte de Apelaciones los alegatos del Recurso de Protección presentado por su organización.
“En ningún momento fue trabajado el acuerdo dentro de las comunidades. Es un formato que fue trabajado desde oficina, desde el centralismo, pero en ningún momento desde la cosmovisión propia de nuestro pueblo. Pensamos que con Corfo, al conciliar con SQM, en algún momento teníamos que hacer un trabajo en conjunto, de hecho, se creó el comité de minería no metálica, para dar resguardo al cumplimiento de este contrato, lo cual no se ha hecho efectivo y tampoco nos han hecho partícipes de esa instancia”, dijo.
El dirigente agregó que esperaban que el “Estado trabajara en base a la cosmovisión de los pueblos que están instalados en el Salar de Atacama”, ya que la principal preocupación de la agrupación es “prolongar la vida en la cuenca”.
El inicio del conflicto
Lo que llama la atención de los activistas también es el inicio del conflicto entre SQM y Corfo. Las demandas fueron interpuestas en 2014, y acorde al mismo sitio web de la organización estatal, se le pidió al “árbitro el término anticipado de los contratos y la devolución del Salar a Corfo, su dueño, tal como lo preveía el contrato”.
La razón principal era que “SQM no ha pagado al Estado las rentas, ha ocultado información y ha actuado de mala fe, afectando la integridad de la propiedad estatal del Salar, buscando impedir una licitación competitiva el 2030, año en que concluye su contrato”.
Estos antecedentes, sumados al resultado ya conocido en la conciliación dada a conocer en enero, resultan contradictorios para Jaime Madariaga, abogado del Consejo de Pueblos Atacameños. El profesional aludió a otro dato y manifestó que “en diciembre de 2016 Corfo demandó a la minera no metálica para terminar el contrato de explotación de litio, por un fraude de 962 millones de dólares al Estado de Chile”.
A renglón seguido, Madariaga explicó que “ese juicio arbitral terminó en un acuerdo en que Corfo le triplicó la cuota de extracción de litio a SQM”, lo que afectaría aún más a las comunidades.
“Corfo puso en una balanza el derecho al agua, la subsistencia, el derecho a vivir en el Salar de Atacama en armonía, versus los 8 mil millones de dólares que según Bitrán se iban a pagar en impuestos. Lamentablemente en la sociedad ese monto vale más que la subsistencia de un pueblo originario”. señaló.
Asimismo, el abogado agregó que el acuerdo “se vendió a la comunidad como ‘aquí logramos sacar a Ponce Lerou de SQM’ y ahora, el señor Bitrán nos dice que SQM engañó a los chilenos, pero aquí SQM no engañó a los chilenos, engañó a Corfo, y aquí Corfo tiene que asumir su responsabilidad”.
Distinta es la imagen que tiene del ex vicepresidente de la organización estatal el diputado Renato Garín, de Revolución Democrática, quien hizo énfasis en que “se encontró con situaciones muy difíciles, con un marco negociador muy difícil, con Ponce Lerou con la pistola sobre la mesa, con el mercado del litio mundial completamente revolucionado por la cuestión geo-política, y claro, él no tuvo más espacio, no podía entrar a preguntarle a las comunidades directamente lo que podía o no podía hacer”.
Este mismo miércoles la Cámara de Diputados accedió a conformar una comisión investigadora que tendrá como objetivo fiscalizar el acuerdo entre Corfo y SQM, a partir de los antecedentes conocidos este último tiempo.
La llegada de los hermanos Ponce Lerou como asesores de SQM se ha observado con una gran alarma a nivel nacional. Son temas que han estado durante años en la agenda mediática; a lo menos desde que salió a la luz las conexiones directas que la minera no metálica tenía a lo largo y ancho del mundo político.
Sin embargo, poco se ha visibilizado la demanda de los pueblos originarios que habitan en la cuenca del Salar de Atacama, quienes se ven afectados directamente por la explotación de litio y quienes no apuntan necesariamente sus dardos a los propietarios de la empresa; más bien critican el modelo extractivista avalado por el Estado y que se lleva a cabo en esa zona del país.
La conciliación entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM llegó a buen puerto en enero de este año. Ante el Congreso Nacional, el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, indicó que esta negociación generaría para las arcas fiscales un total de utilidades “casi equivalentes” a lo que reportan todas las empresas mineras, con un monto adicional que podría alcanzar los “12 mil millones de dólares” a 2030.
Para Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños –entidad que representa a 18 comunidades–, este acuerdo no tiene representación en los intereses de los habitantes. Así lo afirmó a Radio Universidad de Chile este miércoles, unas horas después de que se suspendiera en la Corte de Apelaciones los alegatos del Recurso de Protección presentado por su organización.
“En ningún momento fue trabajado el acuerdo dentro de las comunidades. Es un formato que fue trabajado desde oficina, desde el centralismo, pero en ningún momento desde la cosmovisión propia de nuestro pueblo. Pensamos que con Corfo, al conciliar con SQM, en algún momento teníamos que hacer un trabajo en conjunto, de hecho, se creó el comité de minería no metálica, para dar resguardo al cumplimiento de este contrato, lo cual no se ha hecho efectivo y tampoco nos han hecho partícipes de esa instancia”, dijo.
El dirigente agregó que esperaban que el “Estado trabajara en base a la cosmovisión de los pueblos que están instalados en el Salar de Atacama”, ya que la principal preocupación de la agrupación es “prolongar la vida en la cuenca”.
El inicio del conflicto
Lo que llama la atención de los activistas también es el inicio del conflicto entre SQM y Corfo. Las demandas fueron interpuestas en 2014, y acorde al mismo sitio web de la organización estatal, se le pidió al “árbitro el término anticipado de los contratos y la devolución del Salar a Corfo, su dueño, tal como lo preveía el contrato”.
La razón principal era que “SQM no ha pagado al Estado las rentas, ha ocultado información y ha actuado de mala fe, afectando la integridad de la propiedad estatal del Salar, buscando impedir una licitación competitiva el 2030, año en que concluye su contrato”.
Estos antecedentes, sumados al resultado ya conocido en la conciliación dada a conocer en enero, resultan contradictorios para Jaime Madariaga, abogado del Consejo de Pueblos Atacameños. El profesional aludió a otro dato y manifestó que “en diciembre de 2016 Corfo demandó a la minera no metálica para terminar el contrato de explotación de litio, por un fraude de 962 millones de dólares al Estado de Chile”.
A renglón seguido, Madariaga explicó que “ese juicio arbitral terminó en un acuerdo en que Corfo le triplicó la cuota de extracción de litio a SQM”, lo que afectaría aún más a las comunidades.
“Corfo puso en una balanza el derecho al agua, la subsistencia, el derecho a vivir en el Salar de Atacama en armonía, versus los 8 mil millones de dólares que según Bitrán se iban a pagar en impuestos. Lamentablemente en la sociedad ese monto vale más que la subsistencia de un pueblo originario”. señaló.
Asimismo, el abogado agregó que el acuerdo “se vendió a la comunidad como ‘aquí logramos sacar a Ponce Lerou de SQM’ y ahora, el señor Bitrán nos dice que SQM engañó a los chilenos, pero aquí SQM no engañó a los chilenos, engañó a Corfo, y aquí Corfo tiene que asumir su responsabilidad”.
Distinta es la imagen que tiene del ex vicepresidente de la organización estatal el diputado Renato Garín, de Revolución Democrática, quien hizo énfasis en que “se encontró con situaciones muy difíciles, con un marco negociador muy difícil, con Ponce Lerou con la pistola sobre la mesa, con el mercado del litio mundial completamente revolucionado por la cuestión geo-política, y claro, él no tuvo más espacio, no podía entrar a preguntarle a las comunidades directamente lo que podía o no podía hacer”.
Este mismo miércoles la Cámara de Diputados accedió a conformar una comisión investigadora que tendrá como objetivo fiscalizar el acuerdo entre Corfo y SQM, a partir de los antecedentes conocidos este último tiempo.
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