Se agrava la crisis del sistema de justicia peruano, luego de la revelación de audios que han puesto en evidencia un organizado mecanismo de operaciones corruptas. Las escuchas telefónicas, que se filtraron a la prensa, fueron realizadas por la policía cuando investigaba una mafia de narcotráfico y llegaron hasta importantes miembros del aparato de justicia.
De este modo, se ordenó el impedimento de salida del país del magistrado de la Corte Suprema César Hinostroza, a quien se le escucha negociando sus sentencias. El caso de Hinostroza golpea al partido fujimorista, que controla el Congreso.
En una conversación, Hinostroza coordina con su interlocutor una reunión con una persona a la que llaman “la señora K”. Todas las miradas se han dirigido a Keiko Fujimori, cabeza del partido fujimorista, que tiene la letra K como símbolo y es investigada por lavado de dinero, caso sobre el cual debía decidir este juez.
Horas antes, eran suspendidos varios magistrados, entre ellos Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (o de Apelaciones) del Callao, quien aparece en uno de los audios divulgados pidiendo dinero. Este domingo, finalmente, fue detenido.
En este contexto convulsivo, el Presidente Martín Vizcarra nombró una comisión de siete juristas, encabezada por el excanciller Allan Wagner, que presentará una propuesta de reforma judicial en menos de dos semanas.
La iniciativa es celebrada por Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de la organización anticorrupción Transparencia Internacional: “Nos parece saludable que el Presidente haya salido a plantear la reforma integral del sistema de justicia. Luego del colapso del régimen fujimorista, hace ya cerca de dos décadas, hubo propuestas bastante ambiciosas ofreciendo una nueva forma de organizar nuestro sistema de justicia. Incluso el informe de la comisión especial contemplaba ya una gran cantidad de proyectos de ley ya redactados para que el Congreso los aprobara y se implementara la reforma en toda su extensión”, recuerda.
“Sin embargo, eso quedó empantanado, hubo mucha resistencia en los propios operadores del sistema de justicia, considerando que era una intromisión al fuero judicial y que ellos se podían reformar solos, cosa que evidentemente nunca ocurrió. Estamos viendo las consecuencias. Nosotros creemos que si [el presidente Vizcarra] dedica su gobierno a llevar adelante la reforma e implementarla y salir al final de los tres años que le quedan con un nuevo sistema de justicia, creo que habrá hecho una gran cosa por el país”, concluye.
