El presidente Trump firmó este mes un decreto que permite rechazar automáticamente las solicitudes de asilo presentadas por personas que cruzaron ilegalmente la frontera con México.
El juez de distrito John Tigar en San Francisco, sin embargo, emitió una orden temporal contra este decreto, en respuesta a la demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos civiles.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ley estipula que se debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en el país, independientemente de si lo hace legal o ilegalmente.
La administración Trump sostiene por su parte que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de la seguridad nacional, un poder que invocó justo después de ser investido en 2017 con una polémica prohibición de ingresar a Estados Unidos a ciudadanos de varios países.
Cuando el departamento de Seguridad Interior anunció la nueva política el 8 de noviembre, un alto funcionario del gobierno dijo que respondía al “abuso histórico inigualable de nuestro sistema de inmigración” en la frontera con México.