Representantes de diversas ONGs relacionadas con el medioambiente calificaron como una noticia positiva y una buena oportunidad para evidenciar los graves y diversos problemas socio ambientales que vive el país, el anuncio realizado por el Ejecutivo que ratificó a Chile como organizador de la próxima COP25.
La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a efectuarse en enero del 2020 en el país reunirá a más de 200 naciones. Una instancia que discute iniciativas y compromisos tendientes a incrementar la lucha contra la emisión de los gases que causan el efecto invernadero en todo el mundo.
Para el presidente de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, los líderes internacionales, incluido el nacional, no están reaccionando con la profundidad y radicalidad que debería tener el avance de la desertificación y los conflictos socio ambientales que esto produce.
El ecólogo precisó que la COP25 debería dejar atrás las contradicciones, donde por un lado se vocifera el liderazgo del Gobierno en materia medioambiental, pero por otro, se impulsa una agenda pro inversión, donde la envestida de la industria minera es factor clave en la crisis hidrológica que afecta a todo el país.
“Es bueno que se haga la cumbre acá, que vengan gente independiente que no esté coaptada por las corporaciones, quienes no quieren que se le pongan cortapisos a sus negocios, que vengan científicos de verdad, independientes, y que aquí en Chile se oiga la gravedad del tema. Porque te digo: Chile tampoco está reaccionando, no se está actuando con la profundidad y radicalidad que se necesita”, afirmó.
En tanto, el vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, calificó como una “hipocresía” el compromiso asumido por el Gobierno para que Chile sea sede de la COP25.
Sin embargo, el dirigente indicó que la cumbre sobre el cambio climático será la oportunidad para que los movimientos sociales develen y desnuden la política que el Presidente Piñera ha impulsado en la materia.
“Digo que es de una completa hipocresía, porque desde el año 81 en adelante que se encuentran privatizada las fuentes y gestión de las aguas. Esto ha implicado la apropiación de las mismas por parte de la industria extractiva, la mega minería química a cielo abierto, el modelo de agro negocios, las hidroeléctricas y forestales, depredando los territorios e influyendo de manera decisiva en la emisión de gases de efecto invernadero que han impactado con el aumento de las temperaturas de la tierra y los océanos. Cuando también en Chile existe un ecocidio generalizado, es decir, una industria del despojo que ha destruido territorios”, argumentó.
El vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca, recalcó que la COP25 debe servir para la deconstrucción de un nuevo modelo de desarrollo, que sea viable económicamente, competitivo, pero socialmente justo y ecológicamente más sano, situación que, a juicio del representante social, permanece, independiente de la administración central de turno, como una deuda con los habitantes y territorios, que hoy son considerados zonas de sacrificio.
Para la profesora de la Universidad de Chile e integrante del Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2), Pilar Moraga, la realización de la COP25, es oportunidad para impulsar y alinear políticas públicas en la materia, con liderazgo, y que Chile no se quede solo como organizador de la cumbre.
“Chile tiene el desafío de aumentar la ambición de los Estados, porque el 2020 se tienen que presentar las NDCs revisadas, porque con las actuales contribuciones nacionales determinadas estamos superando los tres grados de temperatura global. Además, se debe vincular el cambio climático a los derechos humanos, porque los impactos del problema lo sufren las personas en la vulneración de sus derechos”, subrayó.
Pilar Moraga agregó que la postergación del acuerdo de Escazú es un ejemplo local, y la COP25 una instancia para establecer políticas públicas coherentes y que han quedado postergadas, tal como otros compromisos que países miembros de la Conferencia de las Partes han aportado voluntariamente después de la firma del Acuerdo de París con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.