Diario y Radio U Chile

Año XI, 8 de diciembre de 2019

Escritorio

Arias contraataca presentando denuncia contra fiscal Moya

El fiscal regional de O'Higgins ya fue notificado de la investigación administrativa, instruida por Alberto Ayala, por las denuncias realizadas por el persecutor Sergio Moya y que dicen relación con presuntas obstrucciones a la justicia, violación del secreto y tráfico de influencias. Arias no fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla el sumario administrativo.

Claudia Carvajal G.

  Jueves 2 de mayo 2019 12:34 hrs. 
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La crisis del Ministerio Público sigue sumando capítulos ya que el martes recién pasado el fiscal regional de O’Higgins decidió denunciar en sede administrativa a su ex compañero de labores, Sergio Moya, alegando “graves infracciones al principio de probidad que este cometió al denunciar falsamente hechos que atentan contra al honra de su jefatura y al haber efectuado esta denuncia a través de medios de comunicación” según informa en su edición de este jueves el diario La Tercera.

A la vez, Arias solicitó la inhabilitación del fiscal Alberto Ayala debido a la reunión que éste habría mantenido con el denunciante previo a la entrevista en la que Moya realizó las imputaciones contra el jefe regional de O’Higgins.

Asimismo, la defensa del perscutor informó mediante un comunicado público que han solicitado copias de la investigación penal, sin que tal solicitud haya sido cursada “razón por la cual el día de ayer (lunes) se ha requerido por el abogado a cargo de la causa penal, José Luis Andrés, nuevamente el otorgamiento de copias y solicitud de entrevista con fiscal Campos a fin de coordinar la pronta colaboración del fiscal regional Emiliano Arias en la investigación”.

Sergio Moya denunció a Emiliano Arias por presuntas obstrucciones a las investigaciones contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta; la del Teatro Municipal de esa ciudad; violación de secreto por la sustracción de información de la base de datos de la fiscalía de O’Higgins entregadas presuntamente a un particular de Puerto Montt; y, finalmente, un supuesto tráfico de influencias en el caso Caval.