Senado aprueba proyecto que prohíbe informar deudas educacionales en Dicom
Con 24 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara Alta respaldó en general el proyecto de ley presentado por los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes y Jaime Quintana cuyo objeto es impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas afecta los antecedentes comerciales de las personas.
Miércoles 15 de mayo 2019 16:24 hrs.
Las deudas educacionales ya no irían a DICOM porque el proyecto avanza en el Congreso y, en este caso, en la Sala del Senado se aprobó la idea de legislar. Por mayoría, 24 votos a favor y 5 abstenciones, la instancia respaldó en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
El objetivo de la iniciativa es prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Y además obliga a borrar de los registros a los actuales morosos.
Según lo señaló la senadora Yasna Provoste, el 10 de junio vencerá el plazo para que se ingresen indicaciones en la Comisión de Educación.
“Este es un primer paso que se ha logrado sortear con éxito de terminar con las deudas educativas en el Boletín Comercial, en Dicom.Es importante porque este Parlamento ya en años anteriores ha legislado para que las deudas de servicios básicos como el gua, la luz, el gas, inclusive para aquellos pequeños agricultores que contraen deudas con el Indap estas no sean informadas en el boletín comercial”, señaló la parlamentaria a la salida de la sala.
La moción, que fue presentada por la senadora Provoste (DC) junto a Juan Ignacio Latorre (RD), Carlos Montes (PS) y Jaime Quintana (PPD), también contó con la colaboración de organizaciones que reúnen a estudiantes afectados por este tema. “Más de 180 mil personas se encuentran en DICOM”, advirtió la parlamentaria de la falange.
“Estando en estos boletines se les impide acceder a trabajos acceder a créditos hipotecarios etcétera. Es una deuda que han contraído por un derecho, el derecho a la educación, por lo tanto, esto es muy simple, nosotros buscamos además que se borren los antecedentes comerciales en este sentido y que avancemos en una discusión mucho más profunda en esta sociedad: que la educación no puede ser tratada como un bien de consumo, sino como un derecho social”, aseveró la senadora.
Durante el debate, si bien la mayoría de los legisladores estuvo por apoyar la idea fundamental de la iniciativa, senadores de oposición mostraron sus reparos por la redacción de la norma que podría abrir la interpretación también a “cualquier deuda” en materia de educación.
Las deudas educacionales ya no irían a DICOM porque el proyecto avanza en el Congreso y, en este caso, en la Sala del Senado se aprobó la idea de legislar. Por mayoría, 24 votos a favor y 5 abstenciones, la instancia respaldó en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
El objetivo de la iniciativa es prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Y además obliga a borrar de los registros a los actuales morosos.
Según lo señaló la senadora Yasna Provoste, el 10 de junio vencerá el plazo para que se ingresen indicaciones en la Comisión de Educación.
“Este es un primer paso que se ha logrado sortear con éxito de terminar con las deudas educativas en el Boletín Comercial, en Dicom.Es importante porque este Parlamento ya en años anteriores ha legislado para que las deudas de servicios básicos como el gua, la luz, el gas, inclusive para aquellos pequeños agricultores que contraen deudas con el Indap estas no sean informadas en el boletín comercial”, señaló la parlamentaria a la salida de la sala.
La moción, que fue presentada por la senadora Provoste (DC) junto a Juan Ignacio Latorre (RD), Carlos Montes (PS) y Jaime Quintana (PPD), también contó con la colaboración de organizaciones que reúnen a estudiantes afectados por este tema. “Más de 180 mil personas se encuentran en DICOM”, advirtió la parlamentaria de la falange.
“Estando en estos boletines se les impide acceder a trabajos acceder a créditos hipotecarios etcétera. Es una deuda que han contraído por un derecho, el derecho a la educación, por lo tanto, esto es muy simple, nosotros buscamos además que se borren los antecedentes comerciales en este sentido y que avancemos en una discusión mucho más profunda en esta sociedad: que la educación no puede ser tratada como un bien de consumo, sino como un derecho social”, aseveró la senadora.
Durante el debate, si bien la mayoría de los legisladores estuvo por apoyar la idea fundamental de la iniciativa, senadores de oposición mostraron sus reparos por la redacción de la norma que podría abrir la interpretación también a “cualquier deuda” en materia de educación.
Las deudas educacionales ya no irían a DICOM porque el proyecto avanza en el Congreso y, en este caso, en la Sala del Senado se aprobó la idea de legislar. Por mayoría, 24 votos a favor y 5 abstenciones, la instancia respaldó en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
El objetivo de la iniciativa es prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Y además obliga a borrar de los registros a los actuales morosos.
Según lo señaló la senadora Yasna Provoste, el 10 de junio vencerá el plazo para que se ingresen indicaciones en la Comisión de Educación.
“Este es un primer paso que se ha logrado sortear con éxito de terminar con las deudas educativas en el Boletín Comercial, en Dicom.Es importante porque este Parlamento ya en años anteriores ha legislado para que las deudas de servicios básicos como el gua, la luz, el gas, inclusive para aquellos pequeños agricultores que contraen deudas con el Indap estas no sean informadas en el boletín comercial”, señaló la parlamentaria a la salida de la sala.
La moción, que fue presentada por la senadora Provoste (DC) junto a Juan Ignacio Latorre (RD), Carlos Montes (PS) y Jaime Quintana (PPD), también contó con la colaboración de organizaciones que reúnen a estudiantes afectados por este tema. “Más de 180 mil personas se encuentran en DICOM”, advirtió la parlamentaria de la falange.
“Estando en estos boletines se les impide acceder a trabajos acceder a créditos hipotecarios etcétera. Es una deuda que han contraído por un derecho, el derecho a la educación, por lo tanto, esto es muy simple, nosotros buscamos además que se borren los antecedentes comerciales en este sentido y que avancemos en una discusión mucho más profunda en esta sociedad: que la educación no puede ser tratada como un bien de consumo, sino como un derecho social”, aseveró la senadora.
Durante el debate, si bien la mayoría de los legisladores estuvo por apoyar la idea fundamental de la iniciativa, senadores de oposición mostraron sus reparos por la redacción de la norma que podría abrir la interpretación también a “cualquier deuda” en materia de educación.
