La autoridad explicó que la Tesorería General de la República utilizó los ingresos declarados en la Operación Renta 2025, correspondientes a remuneraciones del año 2024, lo que puede generar diferencias con los sueldos actuales de algunos afectados.
El secretario de Estado defendió los embargos de la Tesorería General de la República a deudores del CAE con altos ingresos, atribuyó la morosidad a la “promesa” del exmandatario y aseguró que el Ejecutivo solo aplica la ley vigente.
El expresidente se expresó en redes sociales contra los cobros que está haciendo la Tesorería y recordó que la derecha se opuso a su propuesta de un nuevo sistema de financiamiento.
Victor Orellana calificó la medida adoptada por el Gobierno como “tremendamente preocupante”. Aseguró que “crea preocupación social” y “rechazo en el propio oficialismo”. Así, destacó que las políticas de condonación son las más efectivas.
Las denuncias por el retiro de fondos desde cuentas de deudores del CAE desataron una fuerte controversia política. El oficialismo apuntó a la legalidad de los cobros y desde la izquierda presionaron por una mejor fiscalización.
La titular de Educación sostuvo el actual nivel de morosidad vuelve “insostenibles” tanto el Crédito con Aval del Estado como el financiamiento de la educación superior, y que las deudas restan “recursos valiosos” al Estado.
La secretaria de Estado respaldó la ofensiva de cobranza de la Tesorería General de la República, argumentando la necesidad de hacer cumplir la ley y revertir el impacto financiero causado por años de señales de condonación.
La bancada de diputados solicitó explicaciones formales a la Tesorería General de la República ante retenciones completas de fondos a deudores. La directiva del partido acusó de “inmoral” el procedimiento y cuestionó el criterio del Ejecutivo.
Las Cortes de Apelaciones del país desestimaron 1.453 acciones legales de un total de 1.968 presentadas contra el organismo, respaldando la validez legal de los procesos de cobranza.
Desde la TGR también dieron cuenta del proceso de cobro iniciado el 1 de abril. El organismo demandó a un total de 63 mil contribuyentes con sueldos superiores a los 1,5 millones e inició gestiones de embargo respecto a mil 340.
Parlamentarias del FA denunciaron errores de cálculo y falta de información en el proceso a cargo de la Tesorería General de la República. La propuesta busca que el cobro incluya criterios respecto a la capacidad económica de las personas.
El organismo señaló que la TGR es la entidad encargada de cobrar todo crédito “de los cuales ha operado la garantía estatal (…) sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar convenios de administración con entidades financieras respectivas”.
Agrupaciones medioambientales, estudiantiles y de trabajadores descartan haber estado “inactivas” durante la administración anterior. Advierten falta de diálogo por parte del Ejecutivo actual y no descartan nuevas manifestaciones.
La jefa de bancada del PC criticó el relato de “Estado en quiebra” del Ejecutivo, asegurando que daña la imagen internacional de Chile, y fustigó los recortes en seguridad y educación.
El ministro de Hacienda aseguró que a quien “no le ha ido bien (…) puede estar muy tranquilo”. “Vamos a tener un trato correcto, y si tiene problemas de empleo, la verdad es que no se puede cobrar”, aseveró.
La oposición cuestionó en bloque la iniciativa y el PC anunció estar revisando qué podría “enviarse al TC o judicializarse”. No obstante, el Socialismo Democrático mostró más cautela sobre la revisión del detalle una vez que se presente.
La parlamentaria cuestionó las primeras semanas del mandato del Presidente Kast y puso el foco en la restricción a la gratuidad en educación superior para mayores de 30 años, medida que calificó como “un recorte a derechos sociales universales”.
